El Invima informó que, dando cumplimiento a las órdenes impartidas por elTribunal Administrativo de Cundinamarca en una medida cautelar, completó la primera fase del plan de choque en relación con los medicamentos y gestión de trámites ante esa entidad.
Y es que el Invima estableció un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. En la primera fase la entidad asegura haber evacuado 8.669 trámites, cuando la meta era de 8.231 durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, por lo que hubo un cumplimiento del 105 %.
Entre esos trámites están renovaciones de registros sanitarios, trámites de publicidad y modificaciones legales, demostrando un enfoque integral en la gestión administrativa.
Además, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima pasó de tener 26.049 trámites pendientes en noviembre de 2023 a 18.913 al 31 de diciembre de 2023, lo que representa una reducción del 27.4 % en el represamiento.
El detalle de los trámites pendientes se incluye 1.313 nuevos radicados, 17.600 represados y 18.913 pendientes por evacuar.
El Invima también dio prioridad a las solicitudes asociadas a medicamentos desabastecidos o en riesgo de desabastecimiento. Noviembre y diciembre de 2023 se dio la priorización y evacuación de 65 y 14 trámites respectivamente, respondiendo a la necesidad urgente de 35 y 40 medicamentos en riesgo.
Según el instituto, este plan se está cumpliendo después de que se aumentara en un 33 % la capacidad del equipo técnico y del 40 % las sesiones ordinarias de la sala especializada de nuevas moléculas, así como un 20 % en las salas especializadas de Comisión Revisora de medicamentos y homeopáticos para el año 2024.
El Invima es claro en que este trabajo de disminuir el represamiento de los trámites no significa la entrada y circulación de nuevos medicamentos sin el análisis científico y técnico correspondiente, sino que priorizó los productos o medicamentos a los que les fueron aprobados los registros sanitarios el Decreto 1474 de 2023.
Hay que recordar que, en agosto de 2019, una acción popular fue presentada contra elMinisterio de Salud y otros entes, buscando salvaguardar los derechos e intereses colectivos amenazados por presuntas omisiones en el control de precios de medicamentos. La situación evolucionó cuando, el 30 de octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima fue incorporado al proceso mediante una medida cautelar.
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