El Invima informó que, dando cumplimiento a las órdenes impartidas por elTribunal Administrativo de Cundinamarcaen una medida cautelar, completó la primera fase del plan de choque en relación con los medicamentos y gestión de trámites ante esa entidad.
Y es que el Invima estableció un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. En la primera fase la entidad asegura haber evacuado 8.669 trámites, cuando la meta era de 8.231 durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, por lo que hubo un cumplimiento del 105 %.
Entre esos trámites están renovaciones de registros sanitarios, trámites de publicidad y modificaciones legales, demostrando un enfoque integral en la gestión administrativa.
Además, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima pasó de tener 26.049 trámites pendientes en noviembre de 2023 a 18.913 al 31 de diciembre de 2023, lo que representa una reducción del 27.4 % en el represamiento.
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El detalle de los trámites pendientes se incluye 1.313 nuevos radicados, 17.600 represados y 18.913 pendientes por evacuar.
El Invima también dio prioridad a las solicitudes asociadas a medicamentos desabastecidos o en riesgo de desabastecimiento. Noviembre y diciembre de 2023 se dio la priorización y evacuación de 65 y 14 trámites respectivamente, respondiendo a la necesidad urgente de 35 y 40 medicamentos en riesgo.
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Según el instituto, este plan se está cumpliendo después de que se aumentara en un 33 % la capacidad del equipo técnico y del 40 % las sesiones ordinarias de la sala especializada de nuevas moléculas, así como un 20 % en las salas especializadas de Comisión Revisora de medicamentos y homeopáticos para el año 2024.
El Invima es claro en que este trabajo de disminuir el represamiento de los trámites no significa la entrada y circulación de nuevos medicamentos sin el análisis científico y técnico correspondiente, sino que priorizó los productos o medicamentos a los que les fueron aprobados los registros sanitarios el Decreto 1474 de 2023.
Hay que recordar que, en agosto de 2019, una acción popular fue presentada contra elMinisterio de Saludy otros entes, buscando salvaguardar los derechos e intereses colectivos amenazados por presuntas omisiones en el control de precios de medicamentos. La situación evolucionó cuando, el 30 de octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima fue incorporado al proceso mediante una medida cautelar.
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