Un grupo de padres de familia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá (Cundinamarca), manifestó su oposición a la orden de cierre de la institución educativa emitida tras el caso de Valeria Afanador. En entrevista con Meridiano Blu, Mónica Noreña, madre de dos estudiantes del plantel, advirtió que la determinación afecta directamente a más de 500 familias entre alumnos, docentes y trabajadores, y alertó por la continuidad escolar de al menos 11 niños con condiciones especiales matriculados en el lugar.
¿Por qué los padres de familia piden frenar el cierre del colegio Los Laureles?
De acuerdo con lo expuesto por Noreña, aunque la comunidad educativa acompaña el reclamo de justicia y reparación para la familia de Valeria Afanador, consideran que la clausura definitiva del colegio vulnera el derecho a la educación de los demás menores. La vocera precisó que en la institución no solo estudiaba Valeria con una condición especial, sino que hoy permanecen más de 11 niños que requieren un entorno inclusivo difícil de hallar en otros planteles de la región.
Noreña señaló que, de las más de 350 familias que integraban el colegio el año anterior, cerca de 230 decidieron mantener a sus hijos matriculados y respaldar la continuidad del proyecto educativo. Según indicó, para los estudiantes de bachillerato resulta complejo conseguir cupos en grados superiores, sumado a que los menores atraviesan un proceso de sanación colectiva tras lo ocurrido.
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Frente a las inquietudes por las fallas estructurales y de vigilancia investigadas tras el fallecimiento de la menor, la madre de familia aseguró que la rectoría ejecutó todas las adecuaciones exigidas por el Departamento de Bomberos y las entidades de control. Entre las medidas implementadas mencionó el traslado de parte de la cancha de fútbol para alejarla del cerramiento perimetral y la duplicación del sistema de videovigilancia, pasando de 100 a más de 200 cámaras instaladas.
¿Qué alternativas ha planteado la Gobernación de Cundinamarca y qué esperan las familias?
Según explicó la vocera de los padres en Meridiano Blu, la respuesta oficial de la Gobernación de Cundinamarca frente a la clausura del plantel ha sido ofrecer un plan de reubicación para trasladar a los estudiantes hacia otras instituciones educativas cercanas en la zona. Sin embargo, los acudientes manifestaron su rechazo a cambiar de colegio a los menores.
Las familias enviaron una comunicación formal el pasado 9 de noviembre solicitando ser escuchadas antes de que se ejecute una decisión definitiva. Actualmente, la comunidad educativa permanece a la espera del pronunciamiento de un juez de la República y de una eventual respuesta desde la Presidencia, con el objetivo de definir si podrán matricular a sus hijos para el próximo año escolar en enero o si se verán obligados a buscar otras opciones académicas.