Sigue siendo incierto el futuro de la recolección de basuras y servicio de aseo en Cali, en medio del proceso de devolución de la empresa Emsirva en liquidación al distrito de Cali, el cual aún no se ha materializado. Ahora es la Contraloría General de la República la que está advirtiendo que la capital vallecaucana podría tener una afectación patrimonial por el actual modelo de libre competencia.
Según el ente de control, el principal riesgo está en la incertidumbre jurídica que existe sobre a quién le pertenecen los usuarios y las bases de datos comerciales y operativas asociadas a la prestación del servicio de aseo, pues aún no se tiene claro si Emsirva aún es la titular de ese catastro, o si ya está en manos de los actuales operadores privados.
Si los usuarios del servicio de aseo en Cali ya no son clientes de Emsirva, la afectación patrimonial para la ciudad está estimada en aproximadamente $800 mil millones.
"Mientras EMSIRVA argumenta que la titularidad del catastro de los usuarios les pertenece y que la totalidad del software y bases de datos deben ser devueltos sin costo al finalizar los contratos, los operadores, cuyo contrato culminó el pasado 28 de enero de 2026, manifiestan que el catastro de usuarios les corresponde, como prestadores efectivos del servicio", señala el comunicado de la Contraloría.
Desde la finalización del contrato con los operadores privados el pasado 28 de enero, Emsirva, que aún está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, adelantaba un proceso de selección de nuevos operadores, mismo que fue suspendido esta semana por órdenes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
“La continuidad de los servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a escenarios de incertidumbre jurídica, vacíos contractuales o controversias sobre activos estratégicos. La adecuada protección del patrimonio público y de los derechos de los usuarios exige decisiones oportunas, coordinadas y jurídicamente sólidas”, indica el comunicado.
Cabe recordar que hace una semana, el alcalde de Cali, Alejandro Éder había solicitado la intervención de los entes de control al proceso de selección de nuevos operadores, por estas mismas irregularidades jurídicas identificadas, donde, según el fallo del tribunal, habría un "afan de adjudicación" que pondría en riesgo el servicio de aseo en la ciudad.
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