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Expertos antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército desactivaron de manera controlada una bomba de gran tamaño en zona rural de Ipiales, Nariño. El artefacto, de más de 250 kilos, fue hallado en la vereda Amarraderos de la Frontera, jurisdicción del corregimiento Cofanía Jardines Sucumbíos. La intervención evitó una emergencia mayor en esta zona limítrofe.
El operativo se desplegó en un punto estratégico de la frontera entre Colombia y Ecuador, donde comunidades indígenas permanecían confinadas en sus viviendas. La presencia del explosivo generó temor e incertidumbre durante varios días. Las autoridades acordonaron el área para garantizar la seguridad.
Según información preliminar, la bomba habría caído en territorio colombiano tras bombardeos ejecutados por fuerzas militares ecuatorianas contra un presunto campamento ilegal. Las operaciones se desarrollaron en la ribera del río San Miguel. Sin embargo, uno de los artefactos no impactó el objetivo previsto.
El gobernador del resguardo indígena Rumiyaco del pueblo de los Pastos, Fidencio Quinisqui, relató que la situación cambió desde el 3 de marzo. Ese día, tres aeronaves militares ecuatorianas sobrevolaron la zona fronteriza. Según su testimonio, una de ellas habría ingresado a espacio colombiano y sería la responsable de lanzar la bomba que no explotó.
El líder indígena indicó que el artefacto cayó a unos 70 metros de la vivienda de un comunero. Aunque el hecho ocurrió el mismo día del bombardeo, la comunidad solo detectó la presencia del explosivo una semana después. En contraste, otras dos bombas sí detonaron en territorio ecuatoriano.
Quinisqui también aseguró que durante más de 10 días alertaron a entidades como la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta oportuna. La situación tomó relevancia nacional tras la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 16 de marzo en Bogotá. Esto aceleró la llegada de las autoridades al lugar.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había afirmado que las operaciones militares se realizaron exclusivamente en su territorio. No obstante, el hallazgo del artefacto en suelo colombiano genera cuestionamientos sobre una posible violación de soberanía.
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Las comunidades indígenas fueron evacuadas en un radio menor a 700 metros como medida preventiva. El procedimiento de desactivación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades continúan monitoreando la zona ante el riesgo de nuevos hallazgos.
Finalmente, el gobernador indígena expresó su rechazo a este tipo de operaciones cerca de territorios civiles. Aseguró que el resguardo es una zona de paz y que no alberga grupos armados ilegales. La comunidad exige respeto por su territorio y garantías para su seguridad en la frontera.
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