Luego que la Unidad Nacional de Protección, UNP, diera a conocer un documento en el que señala que la seguridad de los alcaldes y concejales no es solo responsabilidad de la entidad, tras varias afirmaciones en medios de comunicaciones dadas por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
"No es cierto que este asunto sea de responsabilidad exclusiva de la UNP, como la funcionaria lo deja entrever, salvando su compromiso con la seguridad y protección de todas las personas y en particular de los funcionarios y líderes sociales del departamento del Valle del cauca", dice el comunicado.
Ante esto, la mandataria respondió y dijo que desde el departamento se han activado las medidas correspondientes, para salvaguardar la vida de los funcionarios públicos, en medio de la ola de violencia por la que atraviesa la región.
"Nosotros como alcaldías y gobernación lo que tenemos que hacer es prevención de los actos que se puedan generar en contra de líderes sociales, y eso lo venimos haciendo desde el 1 de enero que nosotros llegamos, y con los concejales del municipio de Tuluá lo venimos haciendo desde el 2 de enero", dijo Toro.
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Igualmente, la gobernadora se refirió sobre las actividades que les corresponde a la entidad como tal y sostuvo que lo único que deben hacer es garantizar la seguridad de las personas amenazadas.
"Ahí están todos los documentos de todo lo que se ha hecho y se ha enviado a la UNP, por ejemplo, de la secretaria de gobierno de la gobernación, la secretaria de gobierno de la alcaldía de Tuluá, las personerías, la Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría. Ellos tienen que proteger, nosotros hacemos la prevención, y eso es precisamente lo que no ha hecho la UNP", explico la mandataria de los vallecaucanos.
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En ese orden de ideas, el documento de la UNP, hace referencia a las medidas implementadas con los funcionarios amenazados, argumentando que sí se ha dado la respectiva activación de las estrategias para proteger la vida, especialmente del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, y de los concejales.
"El director de la UNP, Augusto Rodríguez, en un principio, por trámite de emergencia, implementó medidas al alcalde de Tuluá y a tres concejales de ese municipio (en total en el Valle del cauca la UNP protege 32 concejales, 10 de ellos en Tuluá y Jamundí)", puntualiza el documento oficial.
Igualmente en la carta que es enviada al presidente Gustavo Petro y al Ministerio del Interior y la gobernación del valle, dice que los mecanismos de protección activados contemplan medidas robustas con vehículos, personal de seguridad con armas como dotación, entre otros beneficios para los alcaldes y concejales amenazados en el Valle del Cauca.
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