El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca manifestó su rechazo y preocupación frente a la reciente ola de ataques terroristas que ha golpeado a Cali y diferentes municipios del departamento, hechos que representan una amenaza para la seguridad ciudadana, la infraestructura estratégica y la tranquilidad de las comunidades.
A través de un comunicado de prensa, el gremio empresarial condenó los atentados registrados en los últimos días, entre ellos el ataque contra la central hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, ocurrido el 10 de noviembre; los hechos contra la sede de RCN en Cali, el 11 de noviembre; y el ataque a una patrulla de la Policía Nacional en el sector de Siloé, el 12 de noviembre. Asimismo, rechazó las acciones violentas contra los peajes del Valle del Cauca y el Cauca, que ponen en riesgo la integridad de trabajadores, transportadores y usuarios de las carreteras.
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El CIEV señaló que estos acontecimientos generan una profunda preocupación entre los empresarios y la ciudadanía, debido a las consecuencias que pueden tener sobre la seguridad, la infraestructura esencial y el desarrollo económico de la región. También advirtió que la violencia afecta directamente a las comunidades y vulnera el derecho de los ciudadanos a vivir y trabajar en paz.
En su pronunciamiento, el Comité expresó su solidaridad con los uniformados, trabajadores, periodistas y comunidades que han resultado afectadas por estos hechos. De igual manera, respaldó la labor de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten las acciones necesarias que permitan proteger a la población y evitar nuevos ataques.
Ante este panorama, los gremios empresariales propusieron establecer una mesa de articulación y seguimiento entre las autoridades y el sector privado, con el propósito de identificar riesgos, coordinar estrategias de prevención y contribuir a la protección de las comunidades y de la infraestructura estratégica del departamento.
La iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los empresarios, promoviendo acciones que permitan responder de manera oportuna a las amenazas que enfrenta el territorio y evitar que nuevos hechos violentos sigan afectando la actividad económica y la vida cotidiana de los vallecaucanos.