La ocupación irregular de tierras en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, es una situación que se ha fortalecido con el paso del tiempo. Inició con fincas y predios en la parte alta de la zona rural; sin embargo, ya se conocen los primeros reportes de esta problemática en el casco urbano del municipio.
Recientemente, varios grupos de personas, la mayoría de ellas armadas, han llegado a invadir terrenos en el barrio El Gaitán, que anteriormente hacía parte de la finca Betania, la cual perteneció al excapo del cartel de Cali, Hélmer ‘Pacho’ Herrera, pero que hoy en día es propiedad de los consejos comunitarios de Bocas del Palo, Guabal y San Isidro.
Este predio fue entregado a las comunidades por el Gobierno nacional en el año 2009, y desde entonces más de 300 familias se han instalado ahí, desarrollando actividades agrícolas para subsistir, como el cultivo de pancoger y arroz; sin embargo, hoy las comunidades están siendo amenazadas por los invasores, quienes destruyeron sus sembrados y todo lo que han logrado construir.
Esta situación enciende alertas entre los habitantes del municipio, pues significa el ingreso de la problemática a la zona urbana de Jamundí, en un sector ubicado cerca de proyectos de vivienda que actualmente están construyéndose y promocionándose, y a tan solo 10 minutos de distancia de la alcaldía municipal.
De manera simultánea, estos sujetos continúan afectando la zona rural, siendo el caso más reciente el ocurrido en los predios del consejo comunitario de Varejonal, en el corregimiento de Guachinte; ahí más de 3.000 personas han sido obligadas a abandonar sus casas y cultivos, por sujetos que con amenazas e intimidaciones aseguran que ese terreno ya no les pertenece.
Estas ocupaciones irregulares de tierras son organizadas por integrantes del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, quienes pretenden extender su control territorial en el municipio, siendo su cabecilla más conocida alias 'La Gorda', instrumentalizando a las comunidades para ocupar predios a la fuerza, amenazándolos con expulsarlos de sus territorios, imponiéndoles multas o incluso quitarles la vida si no cumplen las órdenes.
Los consejos comunitarios se están quedado cada vez más expuestos y vulnerables a la invasión de sus territorios, a pesar de los múltiples llamados a las autoridades para evitar que esto suceda, por lo que piden una intervención inmediata que les garantice su seguridad y la recuperación de sus tierras.
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