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Luego del crimen contra Carlos Arturo Londoño, concejal del partido Conservador, y Clarivet Ocampo Fernández, coordinadora de la Oficina Municipal de Discapacidad, se encienden las alarmas, debido a la falta de protección que tienen algunos concejales y funcionarios públicos.
Ante esta situación se decidió hacer un llamado urgente para que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) se brinden las garantías necesarias para proteger la vida.
"Los concejales vienen solicitando esta protección desde el mes de enero, a algunas personas se les ha dado algo transitorio, pero otras personas están hoy sin protección. Nosotros hemos hecho muchas reuniones con la Defensoría del Pueblo, Personería, la secretaria de gobierno departamental y municipal, pero aún no se han dado resultados con respecto a la protección de ellos", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del valle.
En el municipio, la fuerza pública reforzará las acciones de control contra uno de los grupos que más violencia ha generado en los últimos tiempos.
“Trabajamos para tener el control territorial en Tuluá, lo hemos conseguido, hemos disminuido los homicidios, las extorsiones; hemos tratado de darle toda la seguridad y la tranquilidad a los tulueños, ese ha sido nuestro propósito, pero no ha terminado el trabajo", aseguró Toro.
Aunque por ahora no se ha definido ninguna medida de seguridad en el municipio por la muerte de estas dos personas, las autoridades señalaron que avanzan en los procesos de investigación para capturar a otro de los sicarios que participó en el crimen, uno de ellos fue detenido, este sujeto resulto herido en el ataque.
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