El Comité Santurbán, integrado por activistas ambientales, fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha para que el Ministerio de Ambiente reabra la consulta pública relacionada con la reserva ambiental de La Baja, en California, Santander. Si no se cumple esta exigencia, la organización anunció una protesta frente al Ministerio en Bogotá.
El anuncio se produce poco más de un mes después de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.
La cartera ambiental explicó que la revocatoria, formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, obedeció al cumplimiento de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y a irregularidades identificadas en el trámite anterior, realizada por el gobierno Petro. Según el Ministerio, el proceso debe reiniciarse para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.
El Comité, sin embargo, interpreta la situación de manera diferente. La organización asegura que el fallo judicial debía conducir a rehacer la consulta pública, pero cuestiona que, más de 40 días después de la revocatoria, esta todavía no haya sido reabierta.
En su comunicado, el Comité anunció que si el Gobierno no pone nuevamente a consideración de la ciudadanía la reserva de La Baja a más tardar el 13 de noviembre, ese mismo día realizará un "plantón cívico" frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá.
La organización también indicó que la exigencia está dirigida al ministro ad hoc para Santurbán, Indalecio Dangond, quien quedó encargado del trámite luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartara del proceso por una recusación.
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El Comité asegura además que continuará impulsando acciones jurídicas y ciudadanas en defensa de la protección de Santurbán.
Uno de los principales argumentos de los defensores de Santurbán es la importancia hídrica de la zona para Santander y Norte de Santander. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano respaldan la existencia de una conexión entre las aguas del páramo y las encontradas en zonas de exploración minera.
El debate está relacionado además con el proyecto Soto Norte, de la compañía canadiense Aris Mining, que tiene presencia en la zona de influencia del macizo. La empresa ha señalado que el proyecto continúa en etapa de estudio de prefactibilidad y que cualquier desarrollo depende de la obtención de los permisos ambientales correspondientes.
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La revocatoria de la reserva ha generado posiciones encontradas. Mientras organizaciones defensoras del agua han cuestionado la decisión y anunciado acciones, comunidades mineras de Soto Norte han respaldado la medida argumentando que permite corregir las irregularidades del trámite anterior y garantizar la participación de las comunidades.