El Comité Santurbán, integrado por activistas ambientales, fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha para que el Ministerio de Ambiente reabra la consulta pública relacionada con la reserva ambiental de La Baja, en California, Santander. Si no se cumple esta exigencia, la organización anunció una protesta frente al Ministerio en Bogotá.El anuncio se produce poco más de un mes después de que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.La cartera ambiental explicó que la revocatoria, formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, obedeció al cumplimiento de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y a irregularidades identificadas en el trámite anterior, realizada por el gobierno Petro. Según el Ministerio, el proceso debe reiniciarse para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.El Comité, sin embargo, interpreta la situación de manera diferente. La organización asegura que el fallo judicial debía conducir a rehacer la consulta pública, pero cuestiona que, más de 40 días después de la revocatoria, esta todavía no haya sido reabierta.Le puede interesar: MinAmbiente nombrará ministro ad hoc para decisiones sobre el páramo de SanturbánEn su comunicado, el Comité anunció que si el Gobierno no pone nuevamente a consideración de la ciudadanía la reserva de La Baja a más tardar el 13 de noviembre, ese mismo día realizará un "plantón cívico" frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá.La organización también indicó que la exigencia está dirigida al ministro ad hoc para Santurbán, Indalecio Dangond, quien quedó encargado del trámite, luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartara del proceso por una recusación.El Comité asegura además que continuará impulsando acciones jurídicas y ciudadanas en defensa de la protección de Santurbán.Uno de los principales argumentos de los defensores de Santurbán es la importancia hídrica de la zona para Santander y Norte de Santander. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano respaldan la existencia de una conexión entre las aguas del páramo y las encontradas en zonas de exploración minera.El debate está relacionado con el proyecto Soto Norte, de la compañía canadiense Aris Mining, que tiene presencia en la zona de influencia del macizo. La empresa ha señalado que el proyecto continúa en etapa de estudio de prefactibilidad y que cualquier desarrollo depende de la obtención de los permisos ambientales correspondientes.La revocatoria de la reserva ha generado posiciones encontradas. Mientras organizaciones defensoras del agua han cuestionado la decisión y anunciado acciones, comunidades mineras de Soto Norte han respaldado la medida argumentando que permite corregir las irregularidades del trámite anterior y garantizar la participación de las comunidades.
Las llamas subterráneas continúan dificultando la extinción completa del incendio forestal que permanece activo desde hace cinco días en el área rural de Tona, en el páramo de Santurbán.Desde la vereda Tembladal, voluntarios de la Brigada Forestal de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, adelantan labores de control y contención del fuego, en coordinación con la comunidad, los Bomberos de Vetas, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Tona."El trabajo en terreno se concentra en evitar que las llamas continúen avanzando y controlar los focos que permanecen activos bajo la superficie, una de las principales dificultades para lograr la extinción total", dijo el alcalde de Tona, Juan Gutiérrez. Los organismos de socorro están sumando capacidades para atender la emergencia y reducir el impacto sobre los ecosistemas del páramo y las zonas cercanas a las comunidades.De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), Tona permanece en alerta roja por incendios forestales. San Andrés está en alerta naranja y Coromoro en alerta amarilla.Las autoridades reiteran el llamado a evitar quemas y a reportar oportunamente cualquier columna de humo para facilitar la reacción de los organismos de emergencia.La crisis por el recurso hídrico sigue escalando y afectando a Santander, la Gobernación confirmó que ya son 13 los municipios del departamento que aplican racionamiento de agua ante la escasez en sus bocatomas, y de ellos cuatro declararon la calamidad pública para activar los mecanismos de atención de la emergencia.Los municipios que tomaron la medida más drástica son Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera. A ellos se suman Málaga, Socorro, Aratoca, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Guadalupe y Barbosa, que también restringen el suministro para garantizar el consumo humano.
Las autoridades de Santander anunciaron un refuerzo operativo en la provincia de Soto Norte para enfrentar la minería ilegal, el tráfico local de estupefacientes y otros hechos que afectan la seguridad y la convivencia en esta zona del departamento.La decisión fue adoptada durante una Reunión Gubernamental de Seguridad realizada en el municipio de California, en la que participaron autoridades municipales, la Fuerza Pública y organismos de justicia y control.Uno de los principales compromisos establecidos es la implementación de un plan de intervención contra la minería ilegal, con el propósito de coordinar acciones para afectar a los actores que desarrollan estas actividades y que, según las autoridades, también representan riesgos para la seguridad de las comunidades.Le puede interesar: Juez suspende resolución de gobierno Petro sobre Santurbán por falta de participaciónÓscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, señaló que se fortalecerán las capacidades operativas y la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.El funcionario indicó que las acciones también estarán dirigidas a combatir el tráfico local de estupefacientes y atender otros hechos que alteran la tranquilidad de los habitantes de los municipios que conforman esta provincia.La Gobernación aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y control para aumentar la capacidad de respuesta frente a las diferentes problemáticas que afectan a Soto Norte.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones jurídicas contra las decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con la protección de este ecosistema y confirmó que solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander para intentar frenar lo que considera un retroceso en materia ambiental.La organización informó que presentó una recusación contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona, argumentando una presunta falta de imparcialidad frente a las actuaciones relacionadas con Santurbán y el proyecto minero de la multinacional Aris Mining.De acuerdo con el Comité, la recusación está sustentada en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y comprende actuaciones administrativas relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables y la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja."El ministro habría expresado públicamente posiciones favorables al proyecto de Aris Mining y considera que estas actuaciones podrían comprometer el principio de imparcialidad. Por ello, advirtió que, mientras se resuelve la recusación, el jefe de la cartera ambiental no debería adoptar decisiones relacionadas con Santurbán", dijo Mayerling López, delegada del Comité de Santurbán. El Comité también cuestionó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la resolución de protección de determinadas áreas del páramo y señaló que, en su interpretación del fallo judicial, lo procedente era reabrir el proceso de participación ciudadana y garantizar nuevamente el acceso a la información, sin eliminar las medidas de protección ambiental.Uno de los principales argumentos de la organización está relacionado con las cerca de 1.500 hectáreas que, según afirma, quedaron nuevamente sin protección en el municipio de California. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano identificaron la importancia hídrica de estas zonas para el abastecimiento de agua de aproximadamente dos millones de personas.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló el ministro Fabio Arjona.El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.En medio de la controversia, el Comité también cuestionó los argumentos del Ministerio de Ambiente sobre la minería ilegal y aseguró que la solución no debe ser permitir la explotación minera en Santurbán, ni por actores ilegales ni por empresas multinacionales. Además, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen actividades de minería ilegal en la zona.Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.La organización anunció igualmente una campaña de recolección de firmas denominada #FirmoPorSanturbán y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una asamblea el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en la calle 33 # 23-37 de Bucaramanga, donde se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.El Comité aseguró que continuará actuando en los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización para exigir la protección del páramo y de las fuentes hídricas asociadas a Santurbán.
La activista Mayerli López rechazó, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la decisión del ministro de Ambiente de revocar la protección de 1.499 hectáreas en Santurbán y advirtió que la medida elimina una barrera jurídica frente al proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Iris Mining.“Rechazamos la reciente decisión del ministro de tumbar la resolución porque le quita esa barrera jurídica” al proyecto, afirmó López, quien señaló que la iniciativa representa un riesgo para las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y otros municipios de la región.La defensora también cuestionó el cumplimiento de un fallo de tutela que, según explicó, ordenaba reiniciar de manera inmediata el proceso de consulta. A su juicio, la resolución no fue invalidada por razones técnicas o jurídicas, sino por un proceso de consulta que considera incompleto.“Esta resolución no se cae por los argumentos técnicos y jurídicos, se cae por un proceso de consulta”, sostuvo López, quien agregó que el Ministerio de Ambiente se ha limitado a realizar anuncios públicos sin reabrir formalmente el proceso administrativo.De acuerdo con estudios del Servicio Geológico Colombiano, la microcuenca es una zona de recarga hídrica de importancia para la región. En ese sentido, López insistió en que la discusión no puede centrarse únicamente en los recursos minerales del territorio.“Además del oro y de la plata y del cobre que hay, también hay agua y es el agua que necesitan más de 2 millones de personas”, manifestó la activista.El Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán también pidió medidas para enfrentar el avance de la minería ilegal en la zona, entre ellas la intervención de la Fuerza Pública y el cierre de túneles abandonados.“La solución no es lo que llaman ellos la minería legal, entre comillas, que es darle la licencia a las multinacionales”, afirmó López. Según la organización, la minería ilegal en el área estaría generando utilidades mensuales cercanas a los 26.000 millones de pesos.Ante este panorama, la organización anunció que radicará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander con el objetivo de mantener la protección ambiental del ecosistema.Además, López confirmó que el comité recusó al ministro de Ambiente, al advertir sobre presuntos conflictos de interés relacionados con la multinacional minera. La activista cuestionó que el funcionario promueva la replicación de modelos de explotación privada en zonas de especial importancia ambiental.|
El Ministerio de Ambiente abrió una nueva etapa en el proceso de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el área de influencia del páramo de Santurbán, tras revocar la Resolución 0994 de 2026.La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien explicó que la revocatoria busca corregir las irregularidades identificadas en el trámite, dar cumplimiento a una orden judicial y garantizar la participación efectiva de las comunidades y demás actores involucrados.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló Arjona.El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.Según el Ministerio, el objetivo no es retirar la protección ambiental del territorio, sino reiniciar el procedimiento desde una etapa que permita subsanar las irregularidades y garantizar el debido proceso.La decisión se produce en medio de las discusiones que durante los últimos meses han generado las medidas ambientales relacionadas con Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y que también ha estado en el centro de debates entre comunidades, autoridades ambientales, sectores productivos y organizaciones defensoras del medioambiente.El ministro Arjona aseguró que la nueva ruta estará orientada por tres ejes: agua, biodiversidad y comunidades, con el propósito de avanzar hacia una decisión ambiental que cuente con sustento técnico, jurídico y participación ciudadana.Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.
Las comunidades de la provincia de Soto Norte, especialmente habitantes de California, Santander, respaldaron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el anterior Gobierno había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.La medida fue formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto y, según las comunidades, permite dar cumplimiento al fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que advirtió vulneraciones relacionadas con los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad durante el trámite de la reserva.La tutela fue promovida por habitantes de California, quienes cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la consulta pública. El despacho judicial ordenó dejar sin efectos dicho proceso y reiniciarlo bajo garantías que permitan una participación ciudadana efectiva.“Recibimos con alegría y esperanza la decisión de la Juez del juzgado Octavo, y nos dimos cuenta que vale la pena alzar la voz para defender nuestros derechos”, afirmó Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y quien interpuso la acción de tutela.La dirigente comunitaria sostuvo que las comunidades no se oponen a la protección ambiental, pero reclaman que las decisiones sobre el territorio sean adoptadas con información completa, respaldo científico y participación de los habitantes.Uno de los aspectos cuestionados durante el proceso judicial estuvo relacionado con la información disponible durante la consulta pública. De acuerdo con las pruebas analizadas por el juzgado, el Anexo Cartográfico No. 1, que contenía la delimitación de la reserva, no estaba publicado cuando comenzó la consulta, el 14 de julio, y fue incorporado posteriormente, el 22 de julio.El despacho también constató modificaciones posteriores al Documento Técnico de Soporte. Estas circunstancias, según la decisión judicial, afectaron las condiciones para que los ciudadanos pudieran participar de manera efectiva sobre una documentación completa y estable.Por ello, la justicia ordenó reiniciar el procedimiento y garantizar la publicación simultánea de los documentos, la identificación de modificaciones, el acceso a versiones históricas, información técnica y cartográfica comprensible, un nuevo periodo completo de participación y espacios de socialización y deliberación con la comunidad.Las comunidades también cuestionaron que la Resolución 0994 hubiera sido expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de finalizar el anterior Gobierno Nacional, cuando ya estaba admitida una acción de tutela relacionada con el trámite y existía una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada.Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte, calificó como positiva la revocatoria y aseguró que la decisión evita, según su interpretación, que el municipio de California quede limitado para desarrollar sus actividades económicas.“Respaldamos de manera contundente la decisión del nuevo Ministerio de Ambiente de revocar la nefasta resolución de La Baja”, manifestó Maldonado.El área objeto de la resolución está ubicada, de acuerdo con las comunidades, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Por esa razón, consideran que la revocatoria no representa un desconocimiento de la necesidad de proteger el agua y los ecosistemas de la región.El Ministerio de Ambiente, según lo señalado en el pronunciamiento de las comunidades, adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica para determinar las medidas de protección que correspondan sobre la zona.“Queremos que se proteja el agua, pero también que se respeten los derechos de las familias que viven allí, que se reconozca la realidad del territorio y que podamos participar en las decisiones que van a afectar nuestro futuro”, agregó Rosa Amira Mendoza.De esta manera, los habitantes de Soto Norte esperan que el nuevo procedimiento permita discutir nuevamente las medidas para La Baja, esta vez bajo condiciones de participación, información y seguridad jurídica, mientras se mantiene el debate sobre la protección ambiental de esta zona de Santander.
Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en la zona del páramo de Santurbán. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.“Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”, señalaron sectores ambientalistas, quienes anunciaron acciones jurídicas y movilizaciones para defender el páramo de Santurbán y rechazaron cualquier decisión que, según ellos, pueda favorecer proyectos mineros en la región.La controversia también está relacionada con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, cuyo desarrollo ha sido objeto de un amplio debate ambiental, social y jurídico en Santander.Frente a las críticas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la decisión no implica eliminar la obligación de proteger La Baja, sino retrotraer el procedimiento para garantizar la participación efectiva de los diferentes actores involucrados.Según el funcionario, la decisión adoptada por el anterior Gobierno un día antes de finalizar su mandato presentó problemas jurídicos y procedimentales, entre ellos la existencia de recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez y una tutela que había sido admitida y se encontraba pendiente de resolución por una posible vulneración del derecho a la participación.Arjona sostuvo que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de ese derecho. Por esta razón, el Ministerio considera necesario realizar nuevamente una evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección de La Baja.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja”, explicó el ministro, al señalar que el proceso debe garantizar la participación de las comunidades y demás actores involucrados en el tema de Santurbán. El funcionario defendió además que las decisiones ambientales deben contar con respaldo científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva.El Comité por la Defensa de Santurbán le respondió al ministro Arjona. "La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán". Señalan los ambientalistas que "el fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales". La revocatoria vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate ambiental de Santander. El páramo es considerado un ecosistema estratégico por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.La discusión enfrenta nuevamente dos posiciones: por un lado, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos que reclaman mayores garantías para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas de Santurbán; y por otro, sectores que cuestionan decisiones adoptadas sin suficiente participación o sustento jurídico y que reclaman procesos ambientales con mayor rigor técnico.Para los ambientalistas, la revocatoria representa una señal de alerta y anunciaron que continuarán con acciones jurídicas y de movilización sociales para defender la protección del páramo.Desde el Ministerio, entretanto, se insiste en que la decisión no constituye una autorización automática para desarrollar actividades mineras en La Baja, sino el reinicio del procedimiento para definir, bajo nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas, cuál debe ser la figura de protección aplicable al área.La quebrada La Baja se encuentra en el municipio de California, en el área de influencia del Macizo de Santurbán, territorio donde durante años se ha desarrollado una intensa controversia alrededor de la minería y la protección de las fuentes de agua.La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, había establecido una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas y, entre sus efectos, restringía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro del área protegida.Con la Resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada directamente. El Ministerio sostiene que ahora deberá adelantarse un nuevo proceso que garantice la participación de todos los actores y permita determinar, con criterios científicos y jurídicos, las medidas de protección que deberán aplicarse en La Baja.La decisión promete mantener abierto uno de los debates ambientales más sensibles de Santander y el país: cómo garantizar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán mientras se definen las condiciones jurídicas para cualquier actividad económica en este territorio.
La Alcaldía de California, Santander, manifestó su preocupación por las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que podrían generar incertidumbre sobre el futuro socioeconómico del municipio, ubicado en la zona de Santurbán. En un comunicado, el alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, señaló que las nuevas disposiciones no solo tendrían efectos sobre la pequeña minería y la minería tradicional, sino también sobre actividades económicas relacionadas con el comercio, la hotelería, los servicios y otras fuentes de empleo de la comunidad.El mandatario municipal advirtió además sobre la situación de las familias que dependen de la minería y recordó que, durante varios años, el Gobierno Nacional ha promovido procesos para avanzar hacia la formalización y legalización de esta actividad.La Alcaldía aseguró que comparte la necesidad de proteger el agua y el páramo de Santurbán, pero pidió que las decisiones ambientales se adopten con base en evaluaciones técnicas, procesos transparentes de licenciamiento y espacios efectivos de concertación con las comunidades.“La protección del agua y del Macizo de Santurbán jamás ha estado en discusión en nuestro municipio”, señala el comunicado, en el que se insiste en que la conservación ambiental debe ser compatible con el desarrollo económico y social de la región.La posición de California se conoce en medio de la controversia generada en Santander por las recientes medidas del Ministerio de Ambiente relacionadas con el páramo y el Macizo de Santurbán. Comunidades campesinas, mineros y comerciantes de Soto Norte han expresado reparos frente a las nuevas disposiciones y han advertido posibles impactos sobre el empleo y las actividades económicas de la zona.El Ministerio, por su parte, sostiene que las medidas hacen parte de la protección ambiental de Santurbán y del cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la delimitación del complejo de páramos. Recientemente, el Gobierno anunció una nueva delimitación progresiva del complejo Jurisdicciones Santurbán-Berlín.La Alcaldía de California informó que ya activó gestiones e instancias institucionales para defender los derechos de la comunidad y solicitó al Gobierno Nacional garantizar medidas que permitan armonizar la protección ambiental con el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible.
A pocas horas de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente dejó en firme una de las decisiones ambientales más esperadas por organizaciones defensoras del agua en Santurbán: la creación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "La Baja", una zona estratégica para la conservación del recurso hídrico en el Macizo de Santurbán.La medida quedó consignada en la resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se delimita una reserva de 1.499,28 hectáreas en jurisdicción del municipio de California, Santander.De acuerdo con el acto administrativo, el objetivo es proteger los recursos naturales renovables y el sistema hídrico superficial y subterráneo, garantizando los procesos de recarga, infiltración, almacenamiento, circulación y descarga del agua, además de preservar la conectividad hidrogeológica de este ecosistema estratégico.Uno de los puntos más relevantes de la resolución establece que, dentro del área declarada como reserva, no podrán otorgarse nuevas concesiones, contratos, permisos ni licencias para actividades de exploración y explotación de minerales.Sin embargo, la norma aclara que los proyectos mineros que ya cuenten con títulos e instrumentos ambientales vigentes podrán continuar bajo las condiciones inicialmente autorizadas, siempre que no amplíen sus áreas de explotación, abran nuevos frentes mineros o incrementen los volúmenes de producción.Asimismo, los procesos de formalización minera que ya estaban en curso podrán seguir su trámite hasta obtener una decisión definitiva.La resolución fue recibida con satisfacción por organizaciones ambientalistas y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que aseguraron que la decisión es el resultado de 17 años de movilización ciudadana y más de 8.000 firmas en defensa de este ecosistema.Los voceros sostienen que la protección definitiva de La Baja y la permanencia de áreas de reserva temporal en Santurbán representan un avance para garantizar el abastecimiento de agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.No obstante, advirtieron que esperan acciones judiciales por parte de empresas mineras para intentar reversar la medida, por lo que anunciaron que defenderán la decisión en los escenarios jurídicos y ciudadanos.Para los pequeños mineros y habitantes del páramo, la resolución fue "una patada" a las comunidades que durante años han pedido participar en las decisiones sobre el territorio. Aseguran que el acto administrativo fue expedido de afán, al cierre del gobierno Petro.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
