La minería ilegal continúa siendo una de las principales preocupaciones ambientales en el municipio de California, en la provincia de Soto Norte. Por esta razón, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en la zona de Santurbán, con el propósito de frenar las explotaciones que siguen funcionando sin los permisos ambientales correspondientes.Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades es el antiguo título minero de Eco Oro 3452, donde, pese a la terminación del título, permanecen varias bocaminas abiertas y se siguen desarrollando actividades de minería subterránea.Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que durante las recientes inspecciones se ha comprobado que las explotaciones continúan activas. Por eso, la corporación adelanta un trabajo articulado con la Alcaldía de California, la Gobernación de Santander y la fuerza pública para buscar una solución definitiva a esta problemática.La funcionaria señaló que están solicitando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que adelante los procedimientos correspondientes para lograr el cierre de estas minas, teniendo en cuenta las condiciones en las que se están desarrollando las actividades extractivas.“Persisten las actividades, continúan las bocaminas en funcionamiento con desarrollo de actividades. Esto también hace parte de esas labores conjuntas que se han realizado para buscar, técnicamente, a través de la ANLA, el cierre”, indicó Barón.Como parte de los operativos, recientemente se adelantó una intervención con la Policía y la administración municipal, durante la cual fueron cortados algunos elementos utilizados para transportar el material extraído desde las bocaminas hasta los puntos de acopio y posteriormente a las plantas de beneficio.Además, la CDMB ha participado en procedimientos que han permitido capturas en flagrancia por actividades de explotación minera y por el funcionamiento de plantas de beneficio ubicadas en zonas hídricas que no cuentan con los instrumentos ambientales exigidos, como planes de manejo o licencias ambientales.Seguimiento a otras explotaciones minerasLas acciones de la autoridad ambiental no se limitan al antiguo título de Eco Oro. La corporación también realiza visitas de seguimiento a otros puntos de California donde existen títulos mineros y se han otorgado instrumentos ambientales para el desarrollo de actividades extractivas.En estos lugares, los equipos técnicos verifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los planes de manejo ambiental y demás autorizaciones.Por ahora, la apuesta de la autoridad ambiental es fortalecer el trabajo con las demás entidades y avanzar en los procedimientos administrativos que permitan conseguir el cierre definitivo de las explotaciones que operan al margen de la normativa ambiental.
¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes. El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la necesidad de garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con la protección del páramo de Santurbán, en medio de una acción popular que se tramita ante el Tribunal Administrativo de Santander.El pronunciamiento se da en un contexto de debate sobre las medidas de protección de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad en Santander.A través de la Agencia Especial 054 del 21 de octubre de 2026, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, designó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios para intervenir en el proceso judicial. Uno de los puntos centrales de la intervención es la necesidad de revisar las condiciones en las que se garantizó la participación ciudadana durante la expedición de la Resolución 0221 de 2025, mediante la cual se declaró una reserva temporal en el territorio.La Procuraduría recordó que, junto con la Defensoría del Pueblo, identificó dificultades en la convocatoria y socialización de la propuesta, obstáculos para presentar observaciones e inconsistencias en las respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.Estas observaciones quedaron consignadas en el vigésimo segundo informe de cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, presentado el 5 de mayo de 2025. Según el Ministerio Público, desde febrero de ese año también se habían solicitado espacios de diálogo con las comunidades y una revisión de la extensión territorial propuesta para la reserva.En su pronunciamiento, la Procuraduría insistió en que "la participación no puede limitarse a recibir comentarios, sino que las autoridades deben analizar los aportes de los habitantes y responder de manera clara y sustentada, especialmente cuando las decisiones tienen efectos sobre el territorio y las actividades económicas de quienes viven allí".Otro de los aspectos abordados por la Procuraduría es la aplicación del principio de precaución, que permite adoptar medidas frente a riesgos de daños ambientales graves o irreversibles incluso cuando no existe certeza científica absoluta. Sin embargo, señaló que su aplicación debe considerar la información científica disponible y la valoración de los riesgos, sin desconocer el debido proceso ni las garantías de participación ciudadana.Por esta razón, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander valorar integralmente los estudios científicos, las actuaciones administrativas pendientes y las órdenes judiciales vigentes antes de tomar nuevas decisiones cautelares. También pidió examinar la necesidad y viabilidad de los plazos planteados para decidir sobre la continuidad de la reserva temporal.La Procuraduría señaló que las decisiones deben mantener coherencia con las órdenes judiciales existentes, en particular con la Sentencia T-361 de 2017, para evitar contradicciones que puedan afectar la protección integral del ecosistema.
Una diferencia de posiciones dentro de la Procuraduría General de la Nación quedó en evidencia en medio del proceso judicial que busca proteger el páramo de Santurbán. El 19 y el 20 de octubre, dos funcionarios del Ministerio Público presentaron ante el Tribunal Administrativo de Santander conceptos distintos frente a una medida cautelar relacionada con la continuidad de la reserva temporal que protege esta zona estratégica para el abastecimiento de agua.El primer pronunciamiento fue presentado por el procurador 47 Judicial II para la Conciliación Administrativa, quien solicitó al Tribunal ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantar las actuaciones necesarias para adoptar, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión expresa y motivada sobre la continuidad de la protección preventiva.La petición se produjo después de que el Ministerio revocara, mediante la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, la prórroga que extendía la vigencia de la reserva temporal hasta marzo de 2029. Con esa decisión, el plazo volvió a quedar fijado para el 4 de marzo de 2027.El procurador advirtió sobre el riesgo de que la reserva venza sin que se haya definido una alternativa de protección, especialmente porque todavía existen estudios y análisis ambientales pendientes relacionados con el ciclo del agua, las zonas de recarga hídrica y los posibles impactos de la actividad minera.Sin embargo, el 20 de octubre, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Adriana Patricia Salcedo Hernández, presentó un concepto técnico-jurídico en el que controvirtió la procedencia de esa medida cautelar.En el documento, dirigido a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, la funcionaria solicitó abstenerse de decretar la medida en los términos propuestos, mientras no existan elementos suficientes para establecer si es necesaria, proporcional y viable desde los puntos de vista jurídico y técnico.Entre los argumentos de la procuradora delegada está la necesidad de revisar integralmente los estudios científicos citados en el proceso. En particular, señala que uno de los informes del Servicio Geológico Colombiano mencionados por los demandantes no había sido incorporado al expediente, por lo que considera necesario conocer su contenido completo y evaluar su metodología, resultados y limitaciones.La funcionaria reconoce que “la revocatoria de la prórroga de la reserva es un hecho relevante que requiere seguimiento. Esa decisión administrativa no demuestra, por sí sola, que el vencimiento del instrumento vaya a producir un daño ambiental inminente ni que la medida solicitada sea la única alternativa jurídicamente procedente”, dice el documento.Salcedo Hernández advierte que cualquier decisión sobre la continuidad, modificación o sustitución de la reserva debe garantizar las condiciones legales de participación, información y debido proceso, para evitar que se repitan las dificultades que, según antecedentes citados en su documento, se presentaron durante el procedimiento relacionado con la Resolución 0221 de 2025.También pide tener en cuenta la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional y coordinar las actuaciones judiciales existentes para evitar órdenes contradictorias y procurar una protección integral del ecosistema.La procuradora delegada aclara que su intervención no busca revocar el concepto del procurador 47 Judicial II, pues se trata de una actuación procesal y no de una providencia judicial. Su solicitud es que el Tribunal valore de manera independiente los argumentos expuestos y cuente con información suficiente antes de adoptar una decisión.Será el Tribunal Administrativo de Santander el que determine si acoge la medida propuesta por el procurador judicial, si atiende los reparos de la procuradora delegada o si adopta otras determinaciones para garantizar la protección de los derechos colectivos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Charta, Santander, Álvaro Toloza Rojas, el exsecretario de Planeación e Infraestructura, Juan Carlos Gómez Castro, y el exfuncionario Harold Marcel Moreno Landazábal, por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de dos puentes metálicos en zona rural del municipio.Según el organismo de control, las posibles anomalías estarían relacionadas con la ejecución de un contrato de 2023, cuyo valor ascendió a $1.719 millones, destinado a construir puentes para el tránsito vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña.La investigación disciplinaria busca establecer si los estudios técnicos entregados por la firma consultora presentaban deficiencias geotécnicas y estructurales que no fueron advertidas ni corregidas antes de avanzar con el proyecto.La Procuraduría también examina la actuación del entonces secretario de Planeación e Infraestructura, quien habría supervisado el trabajo de la consultora sin exigir el cumplimiento de los estándares técnicos y las normas aplicables. Además, investiga si el funcionario que apoyaba la supervisión omitió advertir las inconsistencias detectadas en los estudios.El caso se centra en posibles fallas en la planeación y supervisión de una obra pública, aspectos que pueden comprometer la calidad, seguridad y adecuada inversión de los recursos del municipio. Sin embargo, la formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye una declaración de responsabilidad.La entidad calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. El proceso deberá determinar si los tres exfuncionarios incurrieron en responsabilidad disciplinaria.
La multinacional minera canadiense Aris Mining anunció que concluyó la preparación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto de oro y cobre Soto Norte, en Santander, y que durante octubre comenzará una nueva etapa de participación con las comunidades de la zona.De acuerdo con la compañía, las reuniones se realizarán en los municipios de Matanza, Suratá y California, donde será presentado el estudio y se recibirán observaciones y propuestas de los habitantes antes de su presentación definitiva ante las autoridades como parte del proceso para obtener la licencia ambiental.Aris Mining señala que el proyecto fue rediseñado y contempla reservas de 4,6 millones de onzas de oro, con una vida inicial de explotación estimada en 22 años. La empresa proyecta una capacidad de procesamiento de 3.500 toneladas por día, de las cuales 750 toneladas estarían destinadas al material proveniente de mineros locales.Le puede interesar: Mineros de Soto Norte celebran revocatoria de prórroga de reserva temporal de SanturbánLa multinacional también asegura que la planta no utilizará cianuro ni mercurio y que producirá concentrados de oro, plata y cobre.En materia económica, Aris Mining estima que Soto Norte podría generar alrededor de 2.300 empleos durante la construcción y 675 durante la operación, además de unos 15.000 empleos directos e indirectos en el distrito, según sus proyecciones.El anuncio se produce después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobara, el pasado 29 de julio, la modificación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) del proyecto. Sin embargo, la compañía aclara que esta aprobación técnica no equivale a una licencia ambiental y que las actividades de construcción y explotación no podrán comenzar hasta obtenerla.La empresa también plantea un modelo de asociación con pequeños mineros de Soto Norte, mediante el acceso a infraestructura de procesamiento y sistemas para el manejo de agua y relaves.Con el inicio de las reuniones comunitarias, el proyecto entra ahora en una etapa clave antes de la eventual presentación del estudio ambiental ante las autoridades competentes.
Los mineros y otros sectores productivos de la provincia de Soto Norte, en Santander, celebraron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución que extendía hasta marzo de 2029 la vigencia de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal.La decisión quedó contenida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, que dejó sin efecto la Resolución 0970 de agosto de este año. Con la nueva determinación, vuelven a regir las condiciones establecidas en las resoluciones 0221 y 0239 de 2025, por lo que la reserva temporal mantiene como fecha de vencimiento el 4 de marzo de 2027.Para Fabio Maldonado, director de ConSotoNorte, la decisión representa un alivio para mineros, ganaderos y agricultores de la región, quienes, según explicó, habían quedado en una situación de incertidumbre frente al desarrollo de sus actividades económicas.“Hoy especialmente los mineros estamos contentos, estamos celebrando, pero no solo como mineros, sino los ganaderos y los agricultores de Soto Norte, porque nos quitan un gran peso de encima”, señaló Maldonado.El dirigente aseguró que la anterior resolución había generado restricciones sobre cerca de 29.000 hectáreas que, según su interpretación, estaban por fuera del área delimitada del páramo y que terminaban afectando actividades económicas tradicionales de la provincia.Maldonado sostuvo además que el impacto no se había traducido todavía en desplazamientos, pero sí, según dijo, en procesos de judicialización de actividades mineras."Lo más grave que se estaba generando es la judicialización de nuestras actividades, la persecución a mineros. La resolución nos dejó en la ilegalidad, nos condenó a ser delincuentes de una actividad que históricamente hemos desarrollado siempre”, afirmó.Piden terminar la delimitación de SanturbánLa posición de los mineros coincide con el planteamiento de Asomineros Vetas, organización que pidió al Gobierno Nacional concentrarse ahora en concluir el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán y evitar que la discusión continúe alrededor de reservas temporales y prórrogas.Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, aseguró que las comunidades habían cuestionado desde el comienzo la forma como se adoptó la prórroga hasta 2029 y sostuvo que la revocatoria confirma, según su organización, las observaciones que habían presentado.La asociación también pidió convocar las 14 reuniones de concertación que, según las comunidades, están pendientes para completar el proceso de delimitación.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional dejó sin efecto la delimitación realizada mediante la Resolución 2090 de 2014 y ordenó al Ministerio de Ambiente expedir un nuevo acto administrativo después de un procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo. La Corte posteriormente ha reiterado que el proceso contempla fases como convocatoria, información, consulta, concertación, observaciones, expedición de la resolución e implementación de los acuerdos.Para Asomineros Vetas, después de nueve años, el proceso debe llegar a una decisión definitiva que tenga en cuenta los acuerdos alcanzados con las comunidades de los municipios de Soto Norte.La reserva temporal no desapareceLa revocatoria de la Resolución 0970 no elimina de inmediato la reserva temporal. Lo que deja sin efectos es la modificación que había extendido su vigencia hasta 2029. Por ahora, la figura establecida en 2025 permanece vigente hasta marzo de 2027.Asomineros Vetas insiste en que su posición no busca eliminar la protección ambiental del páramo ni permitir actividades mineras dentro del área delimitada. La organización sostiene que su petición es que se complete el proceso ordenado por la Corte Constitucional y se defina, mediante concertación con las comunidades, el futuro de las zonas donde se desarrollan actividades productivas.La decisión del Ministerio vuelve a poner en el centro del debate las posiciones enfrentadas en Santander: mientras las organizaciones mineras y comunidades de Soto Norte piden cerrar la delimitación mediante concertación, organizaciones defensoras del páramo han cuestionado la revocatoria y advierten sobre sus posibles efectos en la protección ambiental de Santurbán.
Santander busca recuperar la conexión vial con la provincia de Soto Norte, integrada por California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, una zona que además sirve como puerta de entrada al páramo de Santurbán.El proyecto contempla 92 kilómetros de intervención y ya cuenta con estudios y diseños de fase III, un avance que ahora permite a las autoridades comenzar la gestión de los recursos necesarios para ejecutar las obras. La Gobernación de Santander confirmó este año que cuenta con los estudios y diseños para avanzar en la pavimentación de estos 92 kilómetros.La importancia del proyecto va más allá de mejorar el desplazamiento de los habitantes. La conexión vial es fundamental para que los productores de la provincia puedan sacar sus cosechas hacia Bucaramanga y otros mercados, además de facilitar el desplazamiento de visitantes hacia una zona con potencial turístico por sus paisajes, pisos térmicos y cercanía al páramo de Santurbán.El ingeniero civil Marco Antonio Solano explicó que en esta región se producen alimentos como papa, cebolla y plátano, entre otros productos agrícolas, y que las dificultades de transporte terminan afectando directamente a los campesinos.“Si un agricultor no tiene un medio de transporte para sacar sus productos, la provincia se deteriora”, señaló Solano.Por eso, el mejoramiento de la conexión vial es visto por las autoridades como una oportunidad para fortalecer la agricultura, dinamizar el turismo, facilitar el transporte y generar mejores condiciones para la inversión en los seis municipios de Soto Norte.Soto Norte tiene además una relación directa con el entorno del páramo de Santurbán, por lo que mejorar las vías también podría facilitar el acceso de turistas a esta zona de alta montaña.Para las autoridades, el potencial turístico de la provincia está relacionado con sus diferentes pisos térmicos y sus paisajes naturales, pero también depende de que existan mejores condiciones de acceso.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que contar con estudios y diseños es precisamente lo que permite avanzar en la búsqueda de recursos para una obra de esta magnitud.“La falta de estudios y diseños es la gran limitante de los alcaldes y gobernadores para obtener recursos”, afirmó Díaz.Otro de los argumentos de la Gobernación es la importancia de Soto Norte para el abastecimiento de agua de Bucaramanga.El gobernador ha planteado que los habitantes de esta provincia han cumplido durante décadas un papel fundamental en el cuidado de las fuentes hídricas que abastecen a la capital santandereana y que ese aporte debe estar acompañado de inversión en el territorio. La Gobernación ha señalado a los habitantes de Soto Norte como “guardianes del agua” y ha defendido una mayor retribución para la provincia.Para las autoridades, mejorar la conexión vial permitiría que esa zona tenga mejores condiciones para desarrollar su economía sin perder de vista su importancia ambiental.De acuerdo con el ingeniero Marco Antonio Solano, el costo estimado del proyecto asciende a $933.000 millones.El gobernador Juvenal Díaz reconoció que Santander no cuenta con los recursos suficientes para asumir por sí solo una inversión de esta magnitud, por lo que el departamento tendrá que gestionar el respaldo del Gobierno nacional.La apuesta es que los estudios y diseños de fase III permitan presentar el proyecto ante la Nación con una estructuración técnica que facilite la búsqueda de financiación.Para Soto Norte, el objetivo es que la falta de vías no siga limitando la salida de los productos del campo, el crecimiento del turismo y las oportunidades económicas de sus habitantes.Los 92 kilómetros de intervención representan así una apuesta por mejorar la conexión de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas con Bucaramanga y fortalecer una provincia que tiene importancia agrícola, turística y ambiental para Santander.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocó la decisión que había prorrogado hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán, una medida que había sido adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro. La decisión la tomó el ministro de Ambiente ad hoc para temas de Santurbán, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, quien fue designado como ministro de Ambiente ad hoc mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026. La designación se produjo después del impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, para intervenir en estos asuntos.La reserva temporal había sido prorrogada mediante la Resolución 0970 de 2026 y contemplaba un área de 73.432,42 hectáreas. La medida tenía vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, mientras avanzaban estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos sobre la zona.Con la nueva decisión, vuelven a regir las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, con sus respectivos anexos y en las condiciones que tenían antes de la expedición de la Resolución 0970.En la práctica, esto significa que se pierde la prórroga que había establecido la Resolución 0970, así como las modificaciones realizadas sobre el área geográfica y la cartografía de la reserva. La figura de reserva temporal no desaparece automáticamente, pero queda nuevamente sometida al plazo de vigencia establecido originalmente en la Resolución 0221.La revocatoria se fundamenta en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la revocación directa de los actos administrativos cuando sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley. Por esta razón, la decisión del Ministerio plantea que el cuestionamiento a la Resolución 0970 tiene un fundamento jurídico y no corresponde únicamente a un cambio de criterio sobre la conveniencia de la medida. La Resolución 0970 había modificado la reserva temporal para actualizar su área, precisar su cartografía y prorrogar su vigencia; todos esos cambios quedan sin efecto con la revocatoria.Uno de los efectos concretos de la decisión está relacionado con la información minera. La resolución ordena comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Minería para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se realicen las actualizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Gestión Minera.La decisión también será comunicada a entidades como la CDMB, ANLA, Parques Nacionales Naturales, Gobernación de Santander, Ministerio de Minas y Energía y la ANM, además de las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.La revocatoria no elimina por sí sola la figura de protección, pero sí devuelve el proceso al marco establecido por las resoluciones de marzo de 2025 y deja sin efecto la prórroga y las modificaciones introducidas en agosto de 2026.El caso vuelve a quedar así en el centro de la discusión sobre la delimitación de Santurbán, la protección de sus recursos hídricos y las actividades mineras en la región.La decisión genera críticas del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que cuestionó las recientes actuaciones del Gobierno Nacional frente a las medidas de protección del ecosistema.“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló el Comité.La organización también relacionó la decisión con el futuro proyecto minero de Aris Mining en la región y advirtió que la compañía podría presentar una solicitud de licencia ambiental el próximo año.Otro de los puntos planteados por la organización es la consulta pública relacionada con la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Comité estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Ministerio de Ambiente reabra dicha consulta y advirtió que, de no hacerlo, convocaría movilizaciones en Bogotá.Esta controversia se suma a la decisión adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había declarado una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. El Gobierno argumentó entonces que el trámite presentaba irregularidades y que debía reiniciarse para garantizar transparencia y participación ciudadana.Santurbán es considerado un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander. El propio Ministerio de Ambiente ha señalado que el sistema hídrico asociado al páramo es fundamental para la seguridad hídrica de la región y que beneficia a más de 2,5 millones de habitantes.
El Comité Santurbán, integrado por activistas ambientales, fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha para que el Ministerio de Ambiente reabra la consulta pública relacionada con la reserva ambiental de La Baja, en California, Santander. Si no se cumple esta exigencia, la organización anunció una protesta frente al Ministerio en Bogotá.El anuncio se produce poco más de un mes después de que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.La cartera ambiental explicó que la revocatoria, formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, obedeció al cumplimiento de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y a irregularidades identificadas en el trámite anterior, realizada por el gobierno Petro. Según el Ministerio, el proceso debe reiniciarse para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.El Comité, sin embargo, interpreta la situación de manera diferente. La organización asegura que el fallo judicial debía conducir a rehacer la consulta pública, pero cuestiona que, más de 40 días después de la revocatoria, esta todavía no haya sido reabierta.Le puede interesar: MinAmbiente nombrará ministro ad hoc para decisiones sobre el páramo de SanturbánEn su comunicado, el Comité anunció que si el Gobierno no pone nuevamente a consideración de la ciudadanía la reserva de La Baja a más tardar el 13 de noviembre, ese mismo día realizará un "plantón cívico" frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá.La organización también indicó que la exigencia está dirigida al ministro ad hoc para Santurbán, Indalecio Dangond, quien quedó encargado del trámite, luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartara del proceso por una recusación.El Comité asegura además que continuará impulsando acciones jurídicas y ciudadanas en defensa de la protección de Santurbán.Uno de los principales argumentos de los defensores de Santurbán es la importancia hídrica de la zona para Santander y Norte de Santander. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano respaldan la existencia de una conexión entre las aguas del páramo y las encontradas en zonas de exploración minera.El debate está relacionado con el proyecto Soto Norte, de la compañía canadiense Aris Mining, que tiene presencia en la zona de influencia del macizo. La empresa ha señalado que el proyecto continúa en etapa de estudio de prefactibilidad y que cualquier desarrollo depende de la obtención de los permisos ambientales correspondientes.La revocatoria de la reserva ha generado posiciones encontradas. Mientras organizaciones defensoras del agua han cuestionado la decisión y anunciado acciones, comunidades mineras de Soto Norte han respaldado la medida argumentando que permite corregir las irregularidades del trámite anterior y garantizar la participación de las comunidades.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
