El gobernador de Santander defendió la designación de María Alejandra Ramírez Ayala como contralora encargada del departamento, asegurando que actuó conforme a la Constitución y la ley tras la vacancia del cargo.
De acuerdo con el mandatario, la decisión se tomó debido a que la Asamblea Departamental no se encontraba en sesiones, lo que, según explicó, le otorga la facultad de realizar nombramientos interinos para garantizar la continuidad institucional y evitar que el departamento quede sin control fiscal.
En ese sentido, indicó que el encargo debía recaer en el funcionario que siguiera en la línea jerárquica, razón por la cual fue designada la entonces contralora auxiliar.
María Alejandra Ramírez cuenta con experiencia en procesos de vigilancia fiscal y control de recursos públicos, lo que respaldaría su designación en este cargo de manera temporal.
El gobernador insistió en que su actuación responde a un mandato legal que busca asegurar el funcionamiento de las instituciones, especialmente en momentos en los que no hay una autoridad titular en propiedad.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de cuestionamientos, diputados de la Asamblea Departamental han puesto en duda la legalidad del nombramiento, señalando que la elección del contralor es una función que corresponde a esa corporación y advirtiendo posibles irregularidades en la posesión de la funcionaria.
Las críticas se intensificaron el pasado 18 de marzo, durante una sesión plenaria en la que la contralora encargada presentó el informe de gestión 2025.
En ese espacio, varios diputados se negaron a recibir el documento, argumentando que no hay claridad sobre la legitimidad del encargo y que la posesión no debió realizarse ante el gobernador, sino ante la Asamblea.
Para algunos corporados, esta situación podría afectar la validez de las actuaciones y decisiones que se adopten desde la Contraloría mientras persista la controversia jurídica.
El caso se da en medio de un panorama aún más complejo, ya que el proceso de elección del contralor en Santander ha estado marcado por demandas y decisiones judiciales que han frenado la convocatoria, dejando el cargo en interinidad y generando incertidumbre sobre quién debe asumirlo de manera definitiva.
Esta combinación de factores ha derivado en una crisis institucional que hoy enfrenta a la administración departamental con sectores de la Asamblea, en medio de interpretaciones distintas sobre el alcance de las normas.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.