Durante este viernes 8 de marzo, el sábado 9 y el domingo 10 la Corporación Autónoma de Santander, CAS, realizará un monitoreo al río Oibita en el municipio de Guapotá, en Santander, para determinar la causa de su mínimo caudal tras denuncias de la comunidad sobre un presunto daño al afluente por el funcionamiento de las hidroeléctricas San Bartolomé y Oibita.
“La CAS desplegará 3 profesionales para realizar el monitoreo, mientras que la empresa mantendrá un caudal de dos metros cúbicos por segundo en el río Oibita, desde la captación hasta la desembocadura en el río Suárez”, informó la CAS en un comunicado.
El próximo lunes 11 de marzo se verificará si las condiciones se mantienen y el río Oibita mantiene un caudal constante y de no ser así, la CAS tomará medidas que garanticen la protección del recurso hídrico.
“Aunque estas acciones están en el marco de una licencia ambiental, la CAS, bajo los principios de prevención y precaución, está adelantando esta mesa de trabajo para tomar medidas preventivas. Se destaca que la licencia ambiental inicial tiene un caudal ecológico, pero hoy en día se habla de un caudal ambiental, ya que las condiciones deben mantenerse para los ecosistemas y las comunidades”, confirmó la CAS.
Uniendo esfuerzos por el bien del río Oibita. Hoy, en la CAS, diferentes líderes comprometidos, alcaldes, Rptrs de PCH San Bartolomé, procurador judicial II, y voceros de juntas de acción comunal, se reúnen en una mesa de trabajo para analizar el crucial fenómeno de bajo caudal. pic.twitter.com/Pb3yAKtKJV
— CAS (@CAS_SANTANDER) March 8, 2024
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Igualmente, se establecerá una mesa de trabajo conjunta para abordar la problemática del caudal del río Oibita que, además, ha causado la muerte de animales y afectaciones a comunidades que viven cerca a este afluente de los municipios de Guapotá, Guadalupe, Oiba y Chima.
En la Mesa Técnica de Trabajo que se realizó este jueves 7 de marzo estuvo coordinada desde la CAS, contó con la participación del director de la Corporación Raúl Durán Parra, representantes de las hidroeléctricas, alcaldes de los municipios afectados, funcionarios de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la CAS y veedores ambientales.
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