Un juez de San Gil, Santander, abrió un incidente de desacato contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y otros funcionarios, por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la construcción de una vivienda rural en el municipio de Curití.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil, que mediante un auto del 3 de septiembre de 2026 inició el proceso para establecer las responsabilidades frente al incumplimiento de un fallo de tutela emitido en julio de 2023 durante la administración del entonces gobierno Petro.
El caso corresponde a una mujer perteneciente a la población víctima del conflicto armado, quien en 2019 fue beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural en especie, bajo la modalidad de construcción nueva en sitio propio.
Según la decisión judicial, en 2023, durante el gobierno Petro, se ordenó al Ministerio de Agricultura ejecutar la construcción de la vivienda en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, transcurrido ese tiempo, la obra continúa sin ser entregada.
Por esta situación, además del actual ministro Indalecio Dangond, quien recibió la cartera el pasado 7 de agosto, fueron vinculados al incidente de desacato Jaime Alberto Afanador Parra, secretario general y vicepresidente jurídico de Fiduagraria, y Guillermo Javier Zapata Londoño, presidente y representante legal principal de esa entidad.
La vinculación de los funcionarios de Fiduagraria se debe a que esta entidad actúa como operadora del subsidio dentro del proyecto de vivienda rural.
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El juzgado les solicitó explicar las razones por las cuales no se ha ejecutado el subsidio y presentar los documentos que permitan acreditar las gestiones adelantadas, así como identificar las actuaciones que aún están pendientes para cumplir integralmente la orden judicial.
El origen del problema se remonta a un proyecto de vivienda rural de la vigencia 2018, del cual la mujer fue beneficiaria. Aunque algunas de las viviendas contempladas en el proyecto sí fueron construidas, otras permanecen pendientes.
De acuerdo con la información aportada al proceso, el retraso estaría relacionado con un contratista que se habría apropiado de los recursos entregados como anticipo, sin ejecutar las obras correspondientes.
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Ahora, el juez deberá determinar si existió un incumplimiento injustificado de la orden de tutela y las eventuales responsabilidades de los funcionarios vinculados al incidente de desacato.