Oficina de Mujer de Bucaramanga pide que presidente de la Asamblea renuncie por posible maltrato

A través de un comunicado la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga rechazó el presunto maltrato contra una mujer por parte del presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza y pidió que el funcionario se aparte de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones.

En ese sentido la gestora social de la alcaldía de Bucaramanga Paula Ramírez se sumó a las voces de rechazo e indignación por el episodio de violencia intrafamiliar que se habría presentado entre el diputado Ariza y una mujer y, a través de un comunicado de la Oficina de la Mujer de Bucaramanga pidió que los hechos sean investigados cuanto antes y que el funcionario se aparte de su cargo en la duma departamental para que facilite la investigación de los hechos y la claridad de lo que ocurrido.

Alfonso Gómez, abogado de la mujer que habría sido maltratada por el presidente de la Asamblea de Santander, explicó que avanzan las imputaciones contra el diputado por dos delitos: violencia intrafamiliar y delito sexual en contra de la víctima.

Tanto la alcaldía de Bucaramanga como la Gobernación de Santander y diferentes sectores políticos y de mujeres de la región han reiterado su petición para que el diputado deje el cargo de presidente de la Asamblea Departamental.

“La víctima reclama protección en relación con posibles actos de reiteración, con situaciones de riesgo que le pueda generar las denuncias que valientemente ha decidido iniciar ante la Fiscalía General de la Nación, particularmente con la representatividad social que tiene el diputado y el cargo que ostenta, existen esos temores de algún riesgo contra la víctima”, dijo Gómez.

Por su parte, el diputado de Santander Jesús Ariza ofreció excusas por su vocabulario en el video de denuncia en su contra, mientras que la Gobernación de Santander solicitó al dirigente político que se retire de su cargo como presidente de la Asamblea Departamental para que la investigación de las autoridades pueda desarrollarse con todas las garantías del debido proceso.