La Procuraduría advirtió al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que es ilegal la reunión que había citado para hoy del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, para reiniciar el proceso de elección del nuevo director de la entidad para el período 2024 - 2027.
“La elección continúa suspendida hasta tanto no se resuelvan las recusaciones pendientes por parte del Consejo Directivo”, dice la carta enviada por Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz, Procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
Y es que, según conoció Blu Radio, el gobernador Aguilar había citado la reunión, entre otras cosas, para aprobar la lista definitiva de aspirantes a ese cargo. De igual forma, se citaba a sesión del Consejo Directivo el sábado 30 de diciembre (un día antes de terminar su mandato) para elegir y designar al nuevo director general de la CAS.
El procurador delegado emitió advertencias destacando que el proceso de elección del Director General de la CAS está suspendido. Esto se debe a recusaciones presentadas contra todos los miembros del Consejo Directivo, según el oficio No. 771 del 21 de noviembre de 2023.
Aunque la Procuraduría General de la Nación resolvió algunas recusaciones que afectaban el quórum mediante un auto del 22 de diciembre de 2023, el proceso de elección permanece suspendido. Esto se debe a que aún quedan incidentes pendientes por resolver, presentados por Camilo Ernesto Andrade Sossa y Francisco Silva Colmenares.
En este contexto, se advirtió que la convocatoria a la sesión extraordinaria programada para el 26 de diciembre no podía llevarse a cabo. El proceso de elección debe reanudarse una vez que se resuelvan las recusaciones pendientes. Además, el Procurador Delegado recordó que las futuras convocatorias deben cumplir con los términos establecidos en los estatutos: 5 días hábiles de antelación para sesiones ordinarias y 3 días calendario para sesiones extraordinarias.
La Corporación Autónoma Regional de Santander enfrenta así una pausa en su proceso de elección, sujeta a las resoluciones de las recusaciones pendientes y las futuras convocatorias establecidas por la Procuraduría, siempre cumpliendo con la antelación requerida.
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