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Un grupo de académicos y asociaciones científicas protestan, a través de una carta, por la decisión del Congreso de eximir de responsabilidad a las farmacéuticas, por posibles efectos adversos, de las vacunas de COVID-19.
El epidemiólogo Luis Jorge Hernández, uno de los firmantes de la misiva, dijo en Mañanas BLU que la situación es grave puesto que, por tratarse de un medicamento, puede tener efectos adversos.
Es muy grave porque la vacuna es un medicamento y, por lo tanto, puede producir efectos adversos. Hay que hacerle seguimientos. Al exonerarla es grave. Si se exonera por razones comerciales hay que montar un sistema de vigilancia muy estrictos, que tampoco los vemos
Otro elemento importante, según el epidemiólogo, es que el proyecto aprobado no contempla que la vacuna sea obligatoria.
Si se deja abierto no vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Con la pandemia del H1N1, llegó la vacuna y la gente no se vacunó. Esta vacuna debe tener una obligatoriedad y montar un sistema muy estricto de seguimiento
La polémica se centra en un artículo que sostiene: “Los fabricantes de vacunas contra la COVID–19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
Al respecto el parlamentario Ricardo Ferro, impulsor de la iniciativa, dijo a BLU Radio que previendo la posibilidad de demandas se estableció una póliza de seguros.
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"Establecimos una póliza para que no se afecten los recursos públicos, para que sea una asegura sea el día de mañana la que responda ante eventuales demandas", declaró Ferro.
Esta es la carta de los académicos:
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