En menos de un mes, Salud Total EPS obtuvo una segunda sentencia condenatoria relacionada con el uso de incapacidades médicas falsas, en un nuevo caso que pone en evidencia el incremento de este tipo de fraude en el sistema de salud. La decisión fue proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales, que condenó a una afiliada por el delito de falsedad en documento privado tras comprobar que presentó incapacidades médicas alteradas ante su empleador para justificar ausencias laborales y obtener beneficios económicos.
De acuerdo con la investigación, la mujer entregó dos incapacidades atribuidas a Salud Total EPS-S. Durante el proceso de verificación, la EPS estableció que uno de los documentos había sido modificado para ampliar el número de días de incapacidad, mientras que el segundo nunca fue expedido por la entidad. Las inconsistencias fueron detectadas al confrontar los formatos institucionales y la información registrada por la EPS.
La documentación fue utilizada para respaldar ausencias en el trabajo y acceder al reconocimiento económico correspondiente. Sin embargo, las verificaciones realizadas por el empleador permitieron confirmar que ambos documentos carecían de autenticidad. Durante el proceso penal, la procesada aceptó su responsabilidad y fue condenada por un delito que, según la justicia, atenta contra la fe pública y la confianza entre trabajadores, empleadores y entidades del sistema de salud.
Frente a este panorama, Salud Total lanzó una nueva alerta por el aumento de ofertas de incapacidades médicas falsas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Según la EPS, personas inescrupulosas ofrecen estos documentos por valores cercanos a los 30 mil pesos, sin que exista una valoración médica, práctica que además de ser ilegal representa un riesgo para el sistema de salud y para quienes participan en este tipo de conductas.
La entidad recordó que una incapacidad médica únicamente puede ser expedida por un profesional de la salud después de una consulta clínica y advirtió que la compra, venta, alteración o utilización de estos documentos puede generar sanciones penales, disciplinarias, laborales y administrativas.
Asimismo, anunció que continuará fortaleciendo los mecanismos de auditoría, validación documental y trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación para detectar, denunciar y judicializar este tipo de fraudes, con el propósito de proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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