El Ministerio de Salud expidió la Resolución 717 de 2026, con la que actualiza las normas para el manejo y gestión integral de cadáveres en Colombia e incorpora nuevas tecnologías para su disposición final, entre ellas la hidrólisis alcalina, un método químico que hasta ahora no había sido regulado en el país.
La norma, conocida en primicia, establece lineamientos según bajo un enfoque de salud pública y control de riesgos sanitarios. En ese sentido, define que cualquier procedimiento que implique la transformación del cuerpo humano deberá cumplir condiciones equivalentes de bioseguridad, sin importar la técnica utilizada.
Cabe aclarar que la hidrólisis alcalina consiste en la descomposición de los tejidos mediante agua y soluciones alcalinas sometidas a altas temperaturas y presión. Como resultado, se obtienen restos óseos y un efluente que puede ser tratado conforme a estándares ambientales vigentes.
La resolución amplía el alcance de la regulación y establece que el manejo de cadáveres deja de ser una actividad exclusivamente privada para convertirse en un proceso bajo control estatal. La normativa aplica a todos los actores del proceso post mortem, incluyendo EPS, IPS, autoridades sanitarias, servicios funerarios, cementerios y la ciudadanía en general.
Asimismo, el documento divide la atención en dos fases. La primera corresponde al sistema de salud, encargado de determinar la causa de muerte y certificar la defunción. La segunda comprende la entrega del cuerpo a servicios funerarios y su disposición final.
La decisión revive un debate que ya había pasado por el Congreso de la República, donde la iniciativa se hundió en su último trámite legislativo. En ese momento, varias entidades habían advertido posibles riesgos en materia ambiental y de salud pública. Incluso, en 2024, el entonces viceministro de Protección Social, Jaime Urrego, había expresado reparos frente a la implementación de esta tecnología.
Pese a ello, el Ministerio de Salud dio vía libre al método mediante resolución fechada el 21 de abril de 2026, lo que reactiva la discusión sobre su conveniencia y controles.
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Cabe recordar que en su momento expertos en medicina forense habían manifestado preocupación por eventuales usos indebidos. El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, había advertido que la hidrólisis alcalina podría eliminar rastros genéticos, lo que, en un contexto de violencia, podría dificultar la identificación de cuerpos y facilitar su desaparición.
Con esta reglamentación, el Gobierno abre la puerta a nuevas alternativas en la disposición final de cadáveres, mientras persisten interrogantes sobre su impacto en la salud pública, el medio ambiente y la investigación judicial en el país.
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