La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda, ubicada en la ciudad de Pereira, fue intervenida por la Superintendencia del Subsidio Familiar. La medida se da tras una visita de las autoridades a las instalaciones de la compañía, en donde evidenció los siguientes aspectos:
- Un crecimiento en las cuentas por cobrar del sector salud.
- Un aumento de la financiación externa.
- Una evolución en los ingresos tras los aportes de sus afiliados.
- Una serie de actas, tanto de asambleas de afiliados como de asambleas extraordinarias, que concluyeron en varios análisis por parte de la entidad.
Dentro de la resolución 977 del 4 de septiembre del 2025, la Supersubsidio aseguró que Comfamiliar Risaralda entra dentro del perfil y es una organización con los criterios para ser intervenida bajo una medida cautelar. La entidad argumentó que el objetivo principal de esta medida es proteger los activos de la corporación y redireccionar el buen manejo de la misma.
“Es proteger y resguardar los recursos parafiscales por aportes del 4 % que son administrados por la caja, los cuales tienen destinación específica para la atención efectiva de los servicios, programas y proyectos sociales a los trabajadores afiliados y sus familias, bajo principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad, así como la protección y control de bienes y activos de la corporación, con el propósito de restaurar la dirección, manejo y buen funcionamiento de la Caja de Compensación Familiar Risaralda”, manifiesta el documento.
Cabe recordar que, para julio del 2025, la Corte Constitucional anuló las facultades de intervención de la Supersubsidios, argumentando que debían ser reguladas por el Congreso de la República. Esta decisión se dio luego de una demanda contra los numerales 20, 22 y 23 del artículo 7 del Decreto de Ley 2150 de 1992, que establecía las labores de la entidad.
“Lo anterior, puesto que, sin un diseño claro, objetivo y previsible del legislador sobre las medidas cautelares y sancionatorias en materia de inspección, vigilancia y control, no existe un marco legal actualizado y cierto que habilite y regule las medidas administrativas analizadas, como tampoco una adecuada satisfacción de las garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo”, argumentaba la Corte.
La decisión de la Corte no tiene efectos inmediatos, pues la Supersubsidios puede seguir ejerciendo sus funciones hasta el 21 de junio del 2027. Para esa fecha, se espera que el legislativo ya haya definido las nuevas facultades de la entidad.