El Colegio Médico Colombiano solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los médicos y demás trabajadores de la salud que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y que estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios o figuras de tercerización. La petición fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo.
El gremio plantea que el cierre total o parcial de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y Empresas Sociales del Estado, ESE, en los departamentos afectados por el sismo, ha dejado a trabajadores de la salud sin la posibilidad de prestar sus servicios y, en consecuencia, sin ingresos.
Entre las medidas solicitadas está garantizar la estabilidad en el empleo para quienes tienen este tipo de contratación, además de establecer subsidios o beneficios económicos mensuales mientras permanezca la afectación derivada de la emergencia. También piden alivios en los aportes al sistema de seguridad social integral.
La organización señala que esta declaratoria cobijó a departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, sostiene que las medidas adoptadas posteriormente no contemplan de manera suficiente a los trabajadores de la salud que no tienen un vínculo laboral directo con las instituciones.
El gremio también cita la Circular 096 del 13 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que contiene orientaciones laborales, de protección social, seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento institucional frente a la situación de desastre.
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De acuerdo con el Colegio Médico Colombiano, una parte importante del personal de salud en las zonas afectadas está vinculada a IPS privadas y ESE mediante contratos de prestación de servicios o mecanismos de tercerización. La suspensión de actividades en algunas instituciones habría interrumpido la prestación de servicios de estos trabajadores y sus ingresos.
Por eso, el gremio pide que el Gobierno expida decretos o circulares que permitan establecer mecanismos específicos de protección para este grupo durante la emergencia. La solicitud busca que los trabajadores puedan mantener sus ingresos, conservar su cobertura de seguridad social y contar con garantías mientras las instituciones de salud recuperan su operación.