Si no se hace la reforma, el sistema de salud en Colombia colapsará, según aseguró este lunes la ministra Carolina Corcho, porque, según sus cálculos, en dos años el régimen subsidiado entra en insolvencia y en 4 o 5 a las EPS les pasará lo mismo.
“Lo que nos preocupa es que si no hay reforma el sistema se desploma, nosotros tenemos modelados muy claros donde el régimen subsidiado queda en insolvencia en dos años, y luego viene el efecto dominó sobre las eps en 4 o 5 años”, señaló la jefe de cartera de salud en diálogo con medios.
Corcho aseguró que si la reforma no pasa, el Gobierno se quedaría sin instrumentos y el sistema entraría en una crisis muy grave que terminaría en un colapso. Además, porque hay siete millones de personas pendientes de traslado de EPS, que, según la reforma, los recibirá la Nueva eps.
La ministra de Salud añadió qué hay mucho ruido en la discusión de la reforma porque, los expertos, explica, están relacionados con las EPS: “Cuando yo voy a perder el control y manejo de 70 billones de pesos debería declarar que soy persona interesada allí”, añadió Corcho.
Polémica por filtración de carta de ministros sobre reforma a la salud
El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes en Twitter a la filtración de una carta de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González sobre la reforma a la salud.
Para el primer mandatario, la reforma a la salud tiene su respaldo, pues responde a lo prometido en campaña: “El mandato popular que recibí de mis electores es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo”, escribió el presidente en una serie de trinos.
Los ministros elaboraron un documento de 17 páginas donde alertaron dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento con EPS públicas, privadas o mixtas; y que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria.
Para los ministros, hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el presupuesto de la Nación. Según los cálculos, con la reforma los gastos adicionales por atención primaria pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones en 2030. Sin la reforma, el costo sería únicamente de $8,8 billones el primer año y de 10,8 en ocho años.
Otro asunto que preocupa a los ministros son los gastos en dotación de infraestructura y equipos para los Centros de Atención Primaria, CAP , que llegaría a los 5,1 billones de pesos en 2030 con un impacto fiscal de 4,8 billones pero que sin la reforma sería de apenas 3 billones en ocho años.
Asimismo, los ministros califican como innecesario que se garantice el acceso a los servicios de salud para extranjeros (entre ellos migrantes venezolanos) y turistas, pues generaría un “elevado riesgo financiero para el sistema” de 6,1 billones de pesos. El concepto de los ministros es que se les debe exigir que adquieran seguros de salud.
La eliminación de los copagos y las cuotas moderadoras dejaría un hueco cercano al billón de pesos y según los ministros, el Gobierno no puede modificar esta parte de la Ley porque esa es competencia del Congreso de la República y no resistiría un estudio de constitucionalidad.
En conclusión, de realizarse la totalidad de los gastos propuestos por la reforma el costo fiscal de la iniciativa sería el primer año de alrededor $16,9 billones adicionales y para el segundo de 21,8 billones. Ente 2025 y 2028 los gastos e incrementarían, en promedio, en 2 billones al año.
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