El Ministerio de Salud y la Protección Social ha emitido la Resolución 813 de 2026, una normativa que transforma los requisitos y el acceso al derecho a morir dignamente en Colombia.
Este nuevo marco legal busca eliminar las barreras que enfrentaban pacientes con enfermedades graves e incurables que, a pesar de padecer sufrimientos intensos, no eran considerados "terminales" por las instituciones de salud.
Ampliación del derecho más allá de la fase terminal
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la formalización de la eutanasia para pacientes sin condición terminal. Según Laura Pombo, directora de la fundación Morir Dignamente, la normativa llega para "dar más claridad a las instituciones" que seguían interpretando el derecho de forma restrictiva.
Pombo explicó que, aunque la Corte Constitucional ya había abierto esta posibilidad desde 2021, muchas IPS y EPS mantenían obstáculos burocráticos
"Antes, en la práctica, muchas instituciones seguían entendiendo la eutanasia como un derecho reservado únicamente para pacientes en fase terminal", señaló la directora, enfatizando que ahora el sistema de salud debe reconocer escenarios de enfermedades graves, incurables o lesiones corporales irreversibles que generen un sufrimiento incompatible con la dignidad humana.
La ruta de acceso y los tiempos de respuesta
La resolución establece una ruta clara para el paciente. El proceso puede iniciarse mediante un documento de voluntad anticipada o una solicitud verbal o escrita. Un aspecto crítico es la agilidad del sistema: una vez realizada la solicitud, el médico cuenta con un plazo de solo 24 horas para activar el comité multidisciplinario de eutanasia.
Este comité, integrado por un médico especialista, un psiquiatra o psicólogo y un abogado, tiene la tarea de evaluar si la decisión es libre, informada y consciente. Tras la evaluación, el comité "tiene 10 días para dar una respuesta positiva o negativa", y en caso de ser negativa, esta debe estar plenamente justificada.
Protección a menores y objeción de conciencia
Respecto a los menores de edad, la norma establece un equilibrio entre la protección y la autonomía. Los niños entre 0 y 6 años están excluidos de las solicitudes, pero deben recibir cuidados paliativos. Para niños de entre 6 y 12 años y adolescentes, se evalúa el nivel de madurez y comprensión de la muerte.
"La norma intenta equilibrar dos cosas difíciles: proteger a los menores, pero también reconocer que algunos adolescentes con enfermedades muy graves sí tienen voz", afirmó Pombo.
Finalmente, sobre la objeción de conciencia, se ratifica que los médicos pueden negarse individualmente por razones éticas o religiosas, pero las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Por tanto, las EPS e IPS están obligadas a garantizar que siempre exista un profesional disponible para realizar el procedimiento y asegurar el derecho del paciente.
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