La salida del cargo de Olga Lucía Vásquez Barrios, quien se desempeñaba como agente especial interventora de Capresoca EPS, no pone fin a la disputa con Fasalud IPS, que mantiene sus cuestionamientos frente al manejo contractual y administrativo de la entidad.
La firma Romero Del Río & Aabogados Asociados, representante de Fasalud, presentó oposición a la terminación anticipada del contrato número 243 de 2026 y pidió la intervención de los organismos de control para que se revisen las actuaciones relacionadas con este proceso.
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Uno de los principales puntos de preocupación es la continuidad de la atención de más de 7.500 usuarios, entre ellos pacientes con condiciones de salud mental, epilepsia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y dependencia de oxígeno.
La representación jurídica de Fasalud también pidió verificar la capacidad real de los posibles nuevos prestadores para asumir a esta población y garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios. Además, solicitó esclarecer si hubo eventuales conflictos de interés o direccionamientos en la selección de los operadores.
A esta controversia se sumaron cuestionamientos sobre la idoneidad académica de la entonces interventora. Según el comunicado, la Pontificia Universidad Javeriana certificó que Olga Lucía Vásquez Barrios no figura en sus registros académicos, no estuvo inscrita como estudiante y no obtuvo el título de Enfermería que se le atribuiría. La firma pidió que estos hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes.
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Fasalud también manifestó preocupación por posibles represalias tras denunciar presuntas irregularidades en Capresoca y pidió acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Mientras continúa la disputa jurídica por el contrato, la firma insiste en que las decisiones sobre el cambio de prestador deben respetar el debido proceso y, sobre todo, evitar afectaciones en la atención de los pacientes.