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Aunque el evento oficial en el que el presidente Gustavo Petro anunciaría la noticia se canceló, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, oficializó sí hizo entrega formal de la que es la primera licencia obligatoria para un medicamento contra el VIH en Colombia al Ministerio de Salud.
Se trata del dolutegravir, tratamiento determinante en la atención de personas con VIH y el cual desde octubre del año, el Ministerio de Salud, a través de la resolución 1579 sometió la patente a uso gubernamental por razones de interés público.
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Esto significa que se da vía libre a la importación, fabricación y comercialización de genéricos en el país, ya no será exclusivo de los dueños de la patente, para incrementar su producción y reducir su carga sobre las finanzas del sector. Y es que una de las precauciones del Gobierno era el alto costo en el mercado y los problemas para que todos los pacientes lo tuvieran.
El documento expedido por la SIC aclaró que dicha licencia que permitirá la libre comercialización por el Gobierno estará vigente hasta el 28 de abril de 2026, se reconocerán impuestos e incluso los laboratorios privados podrán radicar recursos de reposición.
Y aunque varias organizaciones médicas y asociaciones que representan pacientes han celebrado la decisión y avance en la materia, el sector privado de las farmacéuticas mostró sus reparos.
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La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, Afidro, aseguró que esta licencia obligatoria no es la estrategia adecuada para completar la cobertura, “pues las patentes no se han constituido en una barrera para acceder al medicamento. Además, es importante resaltar que existen diversos tratamientos disponibles en el país para atender a estos pacientes”.
"De hecho, el porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que tienen acceso a los medicamentos para tratar su enfermedad en Colombia es superior al promedio mundial. Según un informe de la Cuenta de Alto Costo, para el año 2022, en el país la cobertura de la terapia para esta patología había aumentado a un 88 % de las personas diagnosticadas”, agregó Afidro.
El gremio insistió en que esta resolución se aparta de la normatividad y el debido proceso en cuanto a propiedad intelectual, desconoce que la innovación ha aumentado la expectativa y calidad de vida de las personas diagnosticadas con VIH y preocupa el impacto que puede tener en la autonomía médica.
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