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El Gobierno de Joe Biden anunció este jueves que las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores están vacunados contra el COVID-19.
En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Se trata de la medida más significativa aplicada hasta ahora en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.
Aunque Biden ya anunció en septiembre su intención de adoptar la medida, es ahora cuando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo ha dado directrices claras sobre cómo implementarla.
Además de garantizar que los trabajadores estén vacunados o se sometan a pruebas regulares a partir del 4 de enero, las empresas privadas deberán permitir que los empleados que así lo deseen reciban el suero en horario laboral.
En una conversación con periodistas, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que a partir de dicha fecha las inspecciones laborales incluirán controles sobre la orden de vacunación, con sanciones de 13.653 dólares por violación.
Detallaron, además, que con este mandato esperan prevenir "miles" de muertes y unas 250.000 hospitalizaciones en Estados Unidos.
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Una segunda medida que también entrará en vigor el 4 de enero es la obligatoriedad de vacunación para todos los trabajadores de los centros médicos que participan en los programas públicos Medicare o Medicaid.
Este segundo mandato afecta a más de 17 millones de trabajadores.
Ambas medidas anunciadas hoy por el Gobierno de Biden se suman a la ya ordenada semanas atrás para los contratistas del Gobierno federal y para los trabajadores federales, con lo que se cubre a la mayoría de la fuerza laboral estadounidense.
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Cerca de un 70 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suero.
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