El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una reforma a la educación superior de 152 artículos que modifica las reglas de acceso a las universidades públicas, plantea cambios en el Icetex, fortalece la financiación estatal y propone un nuevo modelo para la elección de rectores. Algunos de sus puntos ya generan debate, especialmente en medio de la controversia por la Universidad Nacional.
El Gobierno nacional dio a conocer el proyecto de reforma a la educación superior, una iniciativa de 152 artículos con la que busca cambiar la forma en que funcionan las universidades públicas y otras instituciones estatales del país. La propuesta incluye modificaciones en el ingreso de los estudiantes, la financiación de las universidades, el papel del Icetex y la elección de los rectores, además de nuevas reglas para garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior.
Cambios en el acceso a las universidades públicas
Uno de los cambios más importantes está en el artículo 10, que establece que los resultados de las pruebas Saber 11 ya no podrán ser el único requisito para admitir estudiantes en las instituciones de educación superior. La iniciativa señala que estos puntajes tampoco podrán utilizarse de manera discriminatoria o excluyente. En su lugar, las universidades deberán aplicar criterios de equidad y dar prioridad a personas en condición de vulnerabilidad, poblaciones con mayores barreras para acceder a la educación y sujetos de especial protección constitucional.
Matrícula gratuita y mayor financiación para las universidades
Otro de los puntos centrales aparece en el artículo 12, que propone que la matrícula en los programas de pregrado de las instituciones públicas sea financiada por el Estado. Esto significa que, de manera progresiva, los estudiantes dejarían de asumir ese costo mientras el Gobierno incorpora esos recursos al presupuesto de funcionamiento de las universidades. Además, las instituciones deberán ajustar sus normas internas para fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.
La reforma también plantea un aumento en los recursos para las universidades públicas. El artículo 26 establece que durante los próximos 15 años el Gobierno asignará financiación adicional para reducir las diferencias económicas entre las instituciones de educación superior estatales. El objetivo es fortalecer la cobertura, mejorar la calidad, ampliar la oferta académica y llevar más oportunidades educativas a las regiones.
ICFES: más recursos para la evaluación
En materia de evaluación, el artículo 56 fija que el presupuesto de funcionamiento del ICFES será equivalente al 2 % del presupuesto total del Ministerio de Educación, recursos que deberán quedar garantizados dentro del Presupuesto General de la Nación.
Icetex cambiaría de enfoque
Uno de los cambios más profundos se concentra en el Icetex. Según el artículo 57, la entidad dejaría de estar enfocada principalmente en otorgar créditos educativos para convertirse en el Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior. Su prioridad pasaría a ser el apoyo a estudios de posgrado mediante becas, apoyos no reembolsables y créditos condonables o sin intereses.
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A esto se suma el artículo 100, que ordena al Ministerio de Educación y al Icetex crear mecanismos de apoyo económico y subsidios para estudiantes que, por razones justificadas, no puedan pagar los saldos pendientes de sus obligaciones. La intención es evitar que las dificultades económicas provoquen la deserción o impidan la graduación.
Cambios en la elección de rectores y el gobierno universitario
Uno de los apartados que más controversia ha generado es el relacionado con el gobierno universitario. El artículo 111 incorpora como función del Consejo Superior Universitario acoger y reglamentar las decisiones adoptadas por el denominado poder constituyente universitario, al tiempo que mantiene atribuciones como aprobar estatutos, definir el presupuesto, establecer las políticas institucionales y designar o remover al rector. Este punto cobra especial relevancia por el debate que en los últimos meses se ha presentado alrededor de la Universidad Nacional.
Finalmente, el artículo 112 propone modificar el proceso de elección de los rectores. La iniciativa plantea que exista una amplia participación de la comunidad universitaria mediante consultas a estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y funcionarios. Además, los aspirantes deberán presentar su hoja de vida y sustentar públicamente su programa ante el Consejo Superior antes de la elección.
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La reforma inicia su trámite en el Congreso
Aunque la reforma aún deberá surtir su trámite en el Congreso, el proyecto ya abre un amplio debate sobre el futuro de la educación superior en Colombia, al proponer cambios estructurales en el acceso a las universidades, la financiación pública, el modelo de apoyo a los estudiantes y la forma en que se gobiernan las instituciones estatales.
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