La implementación de impuestos sobre los productos de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, ha sido una estrategia comúnmente utilizada con el fin de reducir el consumo. La lógica detrás de estos impuestos es que aumentar el precio de estos productos puede disuadir a los consumidores, creando una barrera económica que limita su accesibilidad. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que este enfoque, si no se maneja con moderación, puede generar efectos contraproducentes, como el fomento del mercado ilegal.
Según los datos de Invamer, para el año 2023, el contrabando de cigarrillos alcanzó 35% en Colombia, lo que representa un incremento de más de 22 puntos porcentuales desde 2016. Es decir, el punto de mayor incidencia de contrabando que se ha registrado en el país.
En Panamá, el contrabando alcanza el 91%, mientras que en Ecuador es del 84%. En Ecuador, la carga fiscal sobre los cigarrillos es del 70%, muy por encima del promedio latinoamericano, que se sitúa en torno al 45%. Estos datos sugieren que cuando los impuestos son demasiado elevados, los consumidores tienden a recurrir al mercado ilegal, lo que fomenta el crimen organizado, deteriora la seguridad y reduce la eficacia de la política fiscal.
¿Cómo se deberían aplicar estos impuestos a los vapeadores o alternativas libres de humo?
Al analizar la diferencia que tienen los impuestos de los cigarrillos electrónicos frente al de los cigarrillos de combustión – tradicionales-, se observa que 15 de los 18 países que cuentan con este gravamen en la OCDE, tienen un diferencial superior al 70%, siendo el impuesto de los cigarrillos electrónicos menor.
En resumen, aunque los impuestos sobre los productos de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, tienen como objetivo disminuir el consumo, su implementación debe ser cuidadosa. Si los impuestos son excesivamente altos, se corre el riesgo de incentivar el contrabando y afectar el empleo formal.
Estuvimos en entrevista con Martín Jaramillo, él es profesor de la Universidad Javeriana, especialista en Tributación y Hacienda pública y nos habló sobre dos proyectos de ley que se encuentran en debate en el Congreso y cuáles son sus principales pros, contras y diferencias:
1. Ya hay varios países alrededor del mundo que tienen este impuesto activo. ¿Por qué Colombia se ha demorado?
Bueno, pues lo primero es porque este tipo de dispositivos son muy nuevos y sobre todo se han masificado en países como el nuestro hace muy poco tiempo. La ley, quisiera uno, fuera un poquito más rápida de lo que es, pero llegar a consensos es difícil.
¿Qué es lo malo? Que mientras llegamos a consensos, el mercado, la gente, las demandas de los consumidores no paran. Hasta hace poco no teníamos ni siquiera regulación. Eso quiere decir que, cualquier acción que uno creería que debería estar bajo una norma, bajo unos parámetros, no está.
Por fortuna ya se reguló, ya está en la ley. Y ahora queda hablar de impuestos. Yo he venido hablando de esto en los últimos meses porque estos impuestos son muy bonitos. Son impuestos territoriales y ahora que estamos hablando del referendo fiscal, de la autonomía territorial, etc., hay algo en lo que todos nos podemos poner de acuerdo, que le va a dar más recursos a los departamentos y hoy no existe.
¿Por qué no tenemos el impuesto aún? Porque son productos muy nuevos, pero tenemos la oportunidad en el Congreso de que eso sea una ley.
2. Actualmente hay dos proyectos de ley alrededor de este tema ¿Cuáles son?
En este momento hay dos proyectos de ley, obviamente como todo, ninguno de los dos es perfecto, pero sí hay uno de los dos que se asemeja un poco más a lo que proponen otras prácticas internacionales y que está muy ajustado a lo que nosotros queremos como sociedad. ¿Y qué queremos como sociedad? Primero, que en temas de salud pública la gente consuma menos de aquello que le hace daño y por otro lado, desde la parte fiscal, que hayan recursos para atender el sistema de salud que lo necesita.
En Colombia, el contrabando es un problema muy importante ya que afecta la salud pública, la hacienda pública y la economía. Si nosotros regulamos esto mal, si gravamos estos productos mal, terminamos como pasó en Ecuador: poniendo una tarifa que no corresponde con un criterio científico en los temas de tributación y terminamos con una gran parte del consumo en la ilegalidad. Hoy en día, de cada diez cigarrillos consumidos en Colombia entre 3 y 4 son de contrabando, es decir, el 35 % del mercado no cumple la regulación ni cumple la tributación.
De los dos proyectos en trámite, el del congresista Zabaraín del Partido Conservador que, insisto, seguramente tendrá muchas cosas por mejorar en los próximos debates, establece un impuesto a los vapeadores aplicando una equivalencia en mililitros con la tarifa vigente para cigarrillos.
¿Pero entonces qué hace este Proyecto de Ley? Ese proyecto propone que utilicemos las equivalencias que mencionan los expertos para establecer el impuesto a vapeadores y otros producto de nicotina sin combustión. Y debería ser así, porque no hay ninguna justificación para decir que el cigarrillo tiene impuesto y los productos no.
El segundo Proyecto de Ley es de la Representante Carolina Giraldo del Partido, que tiene mucho apoyo desafortunadamente, debo decir. Es un proyecto que tiene, seguramente, muy buenas motivaciones, yo no tengo la menor duda. Sin embargo, este proyecto estaría triplicando los impuestos a los cigarrillos y creando un nuevo impuesto que no solo grava las soluciones líquidas sino también los dispositivos.
En los últimos 10 años pasamos de algo así como el 10 % de contrabando de cigarrillos a un 90 % en algunos departamentos. Aumentar estos impuestos aumentaría el contrabando y nos sucedería lo que hoy vive Ecuador, donde todo se volvió informal, ilegal y de contrabando, fortaleciendo a grupos delincuenciales.
Los expertos sugieren gravar el elemento que causa daño. En este caso, sería la combustión. Es decir, debería haber un impuesto asociado al nivel de combustión. O si queremos desincentivar el consumo azúcar, debería ser el azúcar. Un ejemplo es Coca Cola: si lo que queremos reducir es el consumo de azúcar, se grava la cantidad de azúcar que tiene la bebida. Bueno, este proyecto no lo hace, porque grava el dispositivo y terminaríamos pagando más impuestos por un vapeador que por un cigarrillo, a pesar de que el cigarrillo tiene todos los problemas de la combustión. Gravar el dispositivo lo ha desaconsejado Fedesarrollo, lo ha desaconsejado la Federación Nacional de Departamentos y ningún país del mundo con mejores prácticas lo hace.
Entonces, es un proyecto inconveniente, ya que terminará empujando gran parte del mercado hacia la informalidad o hacia el contrabando.
3. Hablando de la línea internacional que acaba de mencionar ¿Cómo han gravado otros países los vapeadores? ¿Qué han aplicado ellos y les ha funcionado?
Países como Inglaterra, por ejemplo, han acogido el enfoque de cobrar en función del contenido del componente que hace daño a la salud. Eso tiene mucho sentido porque es deseable que un vapeador pague el impuesto a razón de la cantidad de mililitros que contiene. Así es como lo han hecho en la gran mayoría de países.
Hay otros que han conservado la misma tarifa de los cigarrillos. Sin embargo, resulta atípico que algún país diga: "vamos a cobrarle más a los vapeadores que a los cigarrillos" o "cobremos sobre el dispositivo".
4. Además de reducir el consumo ¿Por qué es importante para una sociedad y para un país implementar este tipo de impuestos?
Primero, es una herramienta de financiación para campañas preventivas, lo que es importantísimo. Otro de los beneficios, que incluso ha sido destacado por una investigación de EAFIT, indica que, al ser los departamentos los responsables de las labores de control y fiscalización de los productos gravados con este impuesto, resulta conveniente que estos recursos se dirijan a los departamentos, ya que se generan incentivos para que estos fortalezcan sus capacidades de control y lucha contra el contrabando.
Resulta difícil pedirle a una entidad territorial sin recursos que haga esfuerzos significativos por controlar un problema de alcance nacional. Al otorgarles el recaudo, se crea un mayor incentivo para controlar el mercado ilegal.
Adicionalmente, al controlar el contrabando se restringe la financiación de grupos criminales vía rentas ilegales. Cuando los grupos ilegales acceden a rentas del contrabando, se fortalecen y, en consecuencia, se deterioran los niveles generales de seguridad en el país.
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