Las denuncias interpuestas serían porque funcionarios del despacho estaría exigiendo dineros para financiar el movimiento político que avaló al mandatario.
Se trata de la tutela que pretendía parar el curso normal de la revocatoria después de que la Registraduría confirmara con su informe técnico la veracidad de las firmas fue negada.
El alto Tribunal ratificó en segunda instancia y consideró que el exfuncionario incurrió en un conflicto de intereses por lo que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
La rectora de la institución, Claudia Restrepo, invitó a un debate y reflexión en el que se pueda demostrar, con evidencia, la verdad sobre Medellín y sus empresas.
Un laboratorio de Medellín fue contratado por una empresa china para buscar una solución al COVID-19 diferente a la inyección; ya el Invima dio el visto bueno.