El empresario venezolano Ricardo Albacete Vidal demandó por 13 millones de dólares ante la justicia boliviana a la aerolínea LaMia y a una firma de seguros debido al siniestro del avión que transportaba al plantel del Chapecoense hace dos años.
"No queremos más alegaciones dilatorias, simplemente pretendemos que la empresa LaMia, junto con su aseguradora Bisa, cumplan con las prestaciones de seguros otorgados dentro de las pólizas de aeronavegación", dice el alegato presentado por Albacete a través de un abogado local, revelado este martes por el diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz.
Según el escrito presentado ante un juez civil de Santa Cruz, donde LaMia tiene sus oficinas, la demanda obedece a daños y perjuicios por unos 13 millones de dólares, de acuerdo con el periódico.
Albacete Vidal, radicado en España, se considera el único propietario legal del jet Avro RJ85 que se accidentó en La Unión, así como de otras dos naves similares que se encuentra retenidas en Bolivia y que habían sido arrendadas a LaMia.
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El 28 de noviembre de 2016 el avión de la aerolínea boliviana se precipitó poco antes de llegar al aeropuerto José María Córdova con la delegación del brasileño Chapecoense que viajaba para disputar su primera final internacional frente al Atlético Nacional, por la Copa Sudamericana.
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En el accidente murieron 71 personas, entre ellas, 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y nueve directivos del club brasileño. Sólo seis ocupantes sobrevivieron: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores.
Una investigación de autoridades colombianas concluyó que la nave cayó por falta de combustible.
La empresa de seguros BISA había dicho anteriormente que la cobertura de la póliza fue rechazada y que la nave, el día que sufrió el siniestro, no contaba con un seguro vigente. Por su lado, LaMia fue intervenida por la justicia y dejó de realizar operaciones aéreas.
Figuraban como representantes de LaMia los pilotos bolivianos Alejandro Quiroga -muerto en el accidente- y Marco Antonio Rocha -actualmente prófugo-.
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Asimismo, los familiares de las víctimas del siniestro presentaron en octubre también en Bolivia una demanda en contra de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para evitar que caduque la posibilidad de cobrar la indemnización.
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