En una comisión accidental en la Asamblea de Antioquia, a la que asistieron representantes de diferentes sectores involucrados en la implementación del proceso de paz en el departamento, se hizo un balance sobre cómo avanza esta situación en los diferentes territorios donde se llevan a cabo los procesos de reincorporación.
Según integrantes del partido Comunes, solo en Antioquia se requerirían más de 2.5 billones de pesos de inversión para garantizar los programas y proyectos incluidos en el acuerdo que garantizan la seguridad y el bienestar de quienes dejaron las armas.
Manuel González, consejero político del partido Comunes, destacó como una de las principales dificultades el acceso a la tierra para vivienda y el desarrollo de proyectos productivos.
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“Nos preocupa que uno de los temas principales es el problema de la tierra, el problema de la vida. Las vivienda de los firmantes en Medellín y por fuera están viviendo con menos de un 90% de un salario mínimo”, afirmó.
Por su parte, Pastor Alape mencionó que la estigmatización y la falta de esfuerzos interinstitucionales para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo han debilitado los procesos de reincorporación.
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“Dejamos, en cuanto a lo ético, que el Gobierno de Antioquia y la familia tienen intereses, por eso debe haber una función ad hoc para afrontar ese tema desde la gobernación”, aseveró.
A propósito de este encuentro, 23 municipios de Antioquia deberán entregar, antes del próximo 31 de marzo, informes al Gobierno nacional sobre las acciones que han adelantado como localidades priorizadas con Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) y donde las diferentes entidades decidieron apostar con la asignación de recursos por ser algunas de las más golpeadas por el conflicto o por contar con comunidades en proceso de reincorporación.
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