Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló en primicia en BLU Radio que este martes el precandidato presidencial Sergio Fajardo, con su equipo de abogados, revelará la estrategia jurídica con la que se busca evitar que el fallo de la Contraloría sobre Hidroituango, termine frenando su aspiración a la Casa de Nariño.
Una de las vías que ya activó Fajardo es la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicada el pasado 22 de octubre, con el argumento de que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, prejuzgó en su caso y lo que busca es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos proteja su aspiración presidencial, considerando que una decisión administrativa no puede quitarle su derecho a ser elegido.
Según el documento radicado ante la CIDH, conocido por BLU Radio, Fajardo y su abogado Mauricio Pava consideran que la actuación del contralor pretende que no se aplique la Convención Americana “que impide que él como autoridad administrativa inhabilite derechos políticos”.
En opinión de Sergio Fajardo, el fallo de la Contraloría en su contra y en la de otras 25 personas naturales y jurídicas “puede llevar a su inscripción en el boletín de responsabilidad fiscal y su consecuente inhabilidad para ejercer cargos públicos, incluyendo los de elección popular”.
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La “almendra” de la solicitud tiene que ver con las sucesivas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de proteger el derecho a elegir y ser elegido, señalando que solamente puede ser suspendido en caso de una decisión de un juez penal en contra de la persona investigada.
Recordemos que en ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana en los casos de Leopoldo López en Venezuela, pero sobre todo en el caso de Gustavo Petro en Colombia, quien fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos en su momento por el entonces procurador general de la Nación Alejandro Ordoñez.
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En la petición de medidas cautelares, Fajardo hizo un recuento de sus quejas incluso ante Naciones Unidas, con reuniones en Colombia con sus delegados para explicar las que considera son violaciones a los derechos humanos en su caso, además aseguró que tanto el contralor como el vicecontralor han prejuzgado y tienen incidencia sobre sus subalternos, que son quienes en últimas toman la decisión en su caso.
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