María Aurora Arango es una de las tantas mujeres que salió desplazada tras la masacre de El Aro en Ituango en 1997. Ella, quien sufrió un accidente y se lesionó un de sus brazos en medio del ataque de grupos paramilitares, junto a sus hijas debió dejarlo todo.
La mujer asegura que no fue atendida a tiempo por las entidades del Estado y que apenas ahora,
más de 20 años después de lo ocurrido, está logrando recibir tratamiento para su brazo luego de interponer múltiples tutelas. “
En el desplazamiento me caí y me di contra un árbol y se me reventaron los tendones. Estoy en espera para tener la cirugía en enero”, explicó.
Una situación similar vivió Martha Amalia Hernández,
víctima de desplazamiento y abuso sexual hace décadas por parte de guerrilleros en el oriente antioqueño.
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Ella
asegura que apenas ahora está recibiendo atención y que sin embargo, aún no está en el registró de víctimas. “Entutelamos porque a mí el estado siempre me revictimizó. Nunca fui escuchada ni en la Defensoría ni en la Personería. Siempre quise denunciar mi caso desde 2008 y apenas lo logré el año pasado”, expresó.
Ahora, con este fallo del Juzgado primero penal del Circuito, tras la demanda que le ganaron al Estado cinco víctimas del conflicto, entre ellas estas dos mujeres,
siete instituciones que son Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y Defensoría del Pueblo, deberán restablecerles 13 derechos y además será creado el primer subcomité de género a nivel nacional para garantizar los derechos de las mujeres víctimas.
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