Las denuncias, respaldadas con documentos técnicos y jurídicos, advierten que se estaría considerando reactivar el proceso sin corregir los vacíos detectados, pese a las advertencias emitidas en las últimas semanas por distintos entes de control. Según la información conocida, el proceso presenta omisiones en la publicidad obligatoria del contrato en el SECOP II, modificaciones injustificadas de los indicadores financieros y deficiencias en la etapa de claridades, lo que vulneraría los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.
El caso genera especial preocupación porque el proyecto podría alcanzar un monto cercano a los 500.000 millones de pesos, y las irregularidades detectadas comprometen la legalidad de las actuaciones adelantadas por EMCALI. Las alertas aumentaron tras las visitas realizadas por la Procuraduría los días 13 y 18 de noviembre, en las que se evidenciaron fallas graves en la planeación, como la ausencia de actualización del Plan Maestro de Alumbrado Público y otros insumos técnicos esenciales.
A estas deficiencias se suma el contrato por $2.800 millones con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., el cual, según reconoció la misma empresa, no fue recibido a satisfacción por EMCALI, pese a ser un componente clave en la estructuración del proyecto.
Las denuncias piden que la Fiscalía investigue las actuaciones de todas las personas involucradas en el diseño y validación del proceso, entre ellas el gerente general de EMCALI, Roger Mina, y la secretaria general, Guadalupe Guerrero, con el fin de establecer si sus decisiones se ajustaron a las normas legales y administrativas.
La revisión jurídica y técnica que sustentó las denuncias fue realizada por un equipo independiente de abogados, peritos y especialistas en contratación pública, liderado por Luis Gustavo Moreno Rivera, quien analizó los documentos oficiales, manuales internos y actuaciones del proceso.
“El material revisado permitió presentar denuncias sólidas, basadas en evidencia verificable. Es necesario esclarecer lo ocurrido y proteger el patrimonio público”, declaró Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia y exjuez de la República.
El pasado 29 de noviembre de 2025, EMCALI anunció la suspensión temporal del proceso; sin embargo, la posibilidad de reanudarlo sin atender plenamente los hallazgos incrementó la preocupación ciudadana y la exigencia de una mayor transparencia y control institucional.
La Veeduría solicitó a EMCALI la entrega completa e inmediata de toda la información requerida, con el propósito de garantizar un procedimiento ajustado a la ley, libre de interferencias y en defensa del interés público.
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