Este es el Editorial de Ana Cristina:
Treinta años atrás, un documento Conpes creó los hogares comunitarios para amparar a la población infantil más vulnerable en el campo y la ciudad, y dio origen a las madres comunitarias. Después de la expedición de la Ley 089 de 1989, se constituyó como un programa fundamental del Estado.
No obstante, al margen del presidente de turno, el desamparo laboral de las madres comunitarias siempre ha estado en el centro del debate.
Sesenta mil madres comunitarias que estaban luchando por su formalización laboral, vieron cómo se esfumó su derecho a un trabajo digno: el presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias, las mismas que cuidan a casi 750 mil niños pobres, en situación de vulnerabilidad.
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El presidente dice que no está de acuerdo con esta iniciativa, entre otras razones, porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.
Dice la presidencia que dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”.
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En síntesis, las madres comunitarias continuarán bajo la figura de la tercerización laboral.
¿Qué pasará ahora? Miles de madres comunitarias seguirán siendo contratadas a través de terceros que establecen convenios interinstitucionales con el Instituto Colombiano de bienestar Familiar; acción que podría ir en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que determina que las madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales.
Aquí no preocupa solo el destino de las madres comunitarias y de los niños que están bajo su cuidado sino de todos los trabajadores del país; con esta decisión el gobierno le manda un mensaje perverso a todos los empleadores en Colombia para que desconozcan, en primer lugar, las condiciones de contratación para un trabajo digno; y en segundo, el irrespeto a las determinaciones de la Corte Constitucional.
El mensaje central es: si el empleador está mal de plata, que el trabajador asuma las consecuencias. Por supuesto, en este caso, solo algunos empleados, los menos poderosos, pagarán el precio.
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La contratación digna de las madres comunitarias cuesta mucho según el gobierno: ha de ser que los congresistas y viajes internacionales de funcionarios nos salen gratis a los colombianos.
Cómo cuida el presidente Santos la situación fiscal del país para quedar bien con las agencias de calificación de riesgos. Si vinieran de una agencia internacional a revisar los índices de trabajo digno en Colombia, ¿qué puntaje mereceríamos?
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