Ante las constantes retaliaciones de grupos armados, especialmente el Clan del Golfo, las comunidades de los municipios de Remedios y Segovia, nordeste de Antioquia, enviaron una carta al gobierno Nacional solicitando que refuercen la presencia con acciones efectivas con las que puedan evitar más tragedias.
A través de un documento inédito, denominado alerta temprana número 1 del 17 de julio de 2022, suscrita por lo menos por 33 pobladores que se sienten acorralados por las balas y amenazas de grupos armados, piden al Gobierno Nacional, a las organizaciones internacionales, Defensoría del Pueblo y alcaldías soluciones efectivas, por reportes de homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.
“Hemos conocido que entre el 5, el 7 y 8 de julio se registraron fuertes confrontaciones entre una alianza de disidencias del ELN contra una incursión paramilitar de las AGC", indicó Yesid Zapata, vocero de la fundación Sumapaz.
El corregimiento de Carrizal, en Remedios, sería una de las zonas más afectadas y abarca a más de 1.800 personas entre las que hay niños, niñas, adolescentes, sus familias, y otros grupos de especial protección constitucional como indígenas, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación y víctimas de la violencia armada.
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Igualmente, en el comunicado confirmaron que quienes se encuentran en mayor riesgo son hombres y mujeres entre 25 y 64 años, y especialmente quienes ejercen actividades de liderazgo social en el territorio, entre ellos, dignatarios o líderes de las Juntas de Acción Comunal, miembros de Organizaciones Sociales y las personas (y sus familias) que vienen adelantando proceso de reincorporación.
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“Llama la atención la alta desatención estatal y la honda insatisfacción de necesidades básicas sociales, lo cual, implica que la subsistencia y permanencia en el corregimiento se encuentra en permanente conflicto para las comunidades, teniendo en cuenta la pugna de intereses heterogéneos; y que, al tratarse de comunidades que habitan una Zona de Reserva Forestal (regulada por la ley 2° de 1959 y sus normas complementarias), la inversión y presencia del Estado es reducida y los derechos de las comunidades son desconocidos pues se les considera ocupantes ilegales que informalmente explotan y ocupan la tierra”, dijeron en el comunicado.
Cabe recordar que en septiembre de 2021, se evidenciaron amenazas de que grupos paramilitares harían presencia en la vereda Panamá Nueve, sector Mina Nueva, que hace parte del Corregimiento de Carrizal, buscando establecerse en este sector de los municipios de Remedios y Segovia, Antioquia.
“Solicitamos nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente ante la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región como resultado de la falta de garantías de seguridad. Igualmente, para que se pronuncien ante los hechos mencionados y nos acompañen en la lucha que adelantamos”, agregaron en el comunicado.
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