"Prueba de discriminación", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina: "La exigencia por parte de los empleadores de la prueba de embarazo como condición previa para aspirar a un cargo seguirá siendo un acto de discriminación impune, puesto que la ley colombiana no es clara al respecto. Pese a que el Ministerio de Trabajo emitió un concepto que advierte que no se pueden solicitar pruebas de embarazo, en Colombia no rige una ley que prohíba la exigencia de estas pruebas anexas a la hoja de vida. En la Comisión Primera de la Cámara está en trámite la iniciativa para prohibir que los empleadores, tanto públicos como privados, exijan la prueba de embarazo a las aspirantes a cargos. La empresa que exigiera dicho test, estaría incurriendo en un acto de discriminación. Esta propuesta está “engavetada”, como se dice coloquialmente: la iniciativa radicada en agosto de 2015, está desde hace varias semanas en la agenda de la Comisión Primera a la espera del primer debate. De ser aprobado este proyecto de ley, y como es la costumbre, los derechos de las mujeres de la ciudad quedarían bajo la mirada vigilante de múltiples instancias que van desde la sociedad civil hasta mecanismos oficiales de control y medios de comunicación; no obstante, las mujeres que trabajan en el campo quedarían fuera del alcance de la supervisión del cumplimiento de la norma. Es bien sabido que compañías como las mineras trabajan en las áreas rurales con contratos a término definido. En estos sitios apartados, la inequidad de género se multiplica por cuanto no solo falta presencia del Estado a la hora de prevenir embarazos indeseados o atender casos de abortos autorizados por la ley, sino que se discrimina a las mujeres que buscan renovar contratos, con la prueba de embarazo como excusa para no emplearlas de nuevo. En Gran Bretaña, el lugar donde me encuentro en este instante, si a una mujer se le exigiera una prueba de embarazo para ingresar a una empresa, ella podría demandar por “discriminación de embarazo y maternidad” o por “discriminación sexual” (si no se le da empleo por estar en edad de procrear). Exigir la prueba de embarazo para ingresar a una empresa o para renovar un contrato es un claro acto de discriminación. Aprobar un proyecto de ley no es suficiente, implicaría crear los mecanismos de verificación y control para su cumplimiento tanto en la ciudad como en el área rural".