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En una carta que fue enviada a la Casa de Nariño, con destinatario el presidente de la República, Gustavo Petro, la compañía minera pidió intervención urgente en el municipio del occidente antioqueño, pues la minería ilegal no solamente está afectando a la empresa, sino también al mismo Gobierno Nacional.
En la carta, la Zijin Continental Gold explica que en Buriticá tienen 3 zonas de desarrollo y la minería ilegal tiene el control del 100% de dos de ellas, mediante túneles que los mineros abren para llegar al túnel principal de la mina.
Además, finalizando el 2022, los mineros ilegales lograron conectar una de esas zonas con la tercera, “desplazando al personal de la Compañía utilizando armas de fuego y artefactos explosivos improvisados, en medio de un despliegue de violencia que se mantiene en la actualidad”.
La empresa destacó que las hostilidades que mantienen los mineros ilegales son contra los empleados de la Compañía, contratistas y Fuerza Pública, disparan armas cortas y fusiles e instalan en los túneles cilindros de gas y extintores cargados con explosivos.
El mismo coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, explicó lo siguiente:
“Nosotros estamos haciendo operaciones constantemente ayudándole a las mineras y al gobierno a cerrar bocaminas que son ilegales, es por eso que invitamos a la comunidad a que nos dé más información que nos permita ubicar a estas personas".
La Zijin Continental Gold advierte que en la zona hay al menos 2.000 personas dedicándose a la minería ilegal y que entre 2021 y 2022, como consecuencia de esta actividad, su equipo de socorristas rescató a 16 personas heridas por explosivos, entre personal directo, contratistas y Fuerza Pública; además del registro de 5 mineros informales heridos y dejados en los túneles para ser rescatados. A esto se suma el hallazgo de 5 cuerpos de personal ajeno a la Compañía, abandonados al interior de uno de los túneles.
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Incluso, la carta muestra el balance del incremento de hostilidades desde el 2020 hasta el 2022 donde aparece un aumento del 115% en detonaciones ilegales, 139% en el uso de artefactos explosivos improvisados y 8.236% en disparos contra el personal y la fuerza pública.
Finalmente, piden una intervención urgente, pues “la situación ya de por sí es crítica y, de no tomar acciones inmediatas y contundentes, acabará con este proyecto”, teniendo en cuenta que solo el año pasado quienes practican la minería ilegal usaron unas 100 toneladas de explosivos, de los cuales aproximadamente el 70% fueron fabricados por Indumil.
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