Buriticá

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, denunció que ha sido víctima de una serie de supuestos ataques personales y señalamientos falsos que ponen en riesgo su vida, su integridad y la de su familia.Según explicó en un comunicado, estos ataques no tienen ninguna relación con sus funciones como directora del Dapre, sino que hacen parte de una persecución sistemática por parte de sectores que, según ella, buscan dividir y desestabilizar al Gobierno del presidente Petro.“Ante la persecución sistemática y los reiterados ataques personales que he recibido por parte de sectores interesados en dividir y desestabilizar al Gobierno nacional, considero necesario informar (...) que tales señalamientos, además de carecer totalmente de veracidad, han incrementado los riesgos contra mi vida, mi integridad personal y la de mi familia”, indicó Rodríguez.Rodríguez aseguró que los señalamientos en su contra no solo son falsos, sino que también vulneran sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad humana. “No se trata de críticas legítimas, sino de desinformación, hostigamiento y violencia simbólica”, expresó.Agregó que estas agresiones deben entenderse dentro de un contexto de violencia de género, ya que están dirigidas contra ella como mujer, madre cabeza de hogar y servidora pública que ocupa un cargo de alta responsabilidad.Aunque Rodríguez no entregó referencias concretas sobre los ataques que dice haber recibido, pero lo que sí se sabe es que hace dos días una denuncia penal fue interpuesta contra ella por su presunta responsabilidad en la expedición del decreto 0499 de 2025, que delegaba funciones presidenciales al ministro del Interior, Armando Benedetti, durante un viaje oficial del presidente Gustavo Petro a China.El presidente desmintió posteriormente dicha delegación y firmó el decreto 0506, designando en su lugar a Guillermo Alfonso Jaramillo. No obstante, el decreto inicial quedó registrado oficialmente, dando pie a graves cuestionamientos jurídicos e institucionales.La denuncia, presentada por Estefanía Orozco Torres, plantea la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y fraude procesal. Según el escrito, Rodríguez habría omitido verificar la legalidad del procedimiento, la voluntad del presidente y la autenticidad de los documentos, permitiendo la expedición de un decreto basado en información presuntamente falsa o inducida en error.Uno de los elementos más delicados es la inclusión de una certificación que acreditaría a Benedetti como miembro del movimiento político del presidente, requisito indispensable para la delegación de funciones presidenciales. Dicha certificación, según la denuncia, sería ideológicamente falsa.El documento también señala que el presidente habría sido “engañado” al firmar el Decreto 0499, creyendo que se trataba de una designación regular. Expertos en derecho constitucional han advertido sobre la gravedad institucional del caso y la posible afectación a la fe pública y la legitimidad de los actos presidenciales.La denunciante solicita que la Fiscalía investigue si hubo dolo en la actuación de Rodríguez, lo cual implicaría que se actuó con conocimiento y voluntad de infringir la ley, como lo exige el tipo penal de falsedad ideológica en documento público.

Buriticá

Tras avances para lograr ser escuchados decidieron suspender los bloqueos que venían realizando sobre el corredor que comunica a Medellín con el mar de Antioquia.

Los mineros han pedido que no se les destruya la maquinaria con la cual laboran. La Gobernación de Antioquia se reunió con los líderes para analizar soluciones y así evitar llegar a un paro minero.

Las rentas, producto de estas actividades ilegales, llegaban a casi 20.000 millones de pesos al mes.

Continental Gold asegura que el Estado ha incumplido con la protección para el desarrollo de sus actividades extractivas en una de las minas de oro más grandes del mundo en Antioquia.

En un comunicado, la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia rechazó lo ocurrido hace pocos días en la mina que explota la Zijin Continental Gold en esta zona del Occidente del departamento.

El ente concluyó que no hay vulneración ni amenaza al derecho a la libre competencia. En 2023 le habían ordenado a la compañía suspender las órdenes de desalojo de mineros tradicionales de la zona.

Luego de más de 24 horas de bloqueo, se habilitó el paso en el sector Pinguro donde mineros de Buriticá protestan para que se adelante la búsqueda de dos personas en los socavones. En el sitio siguen haciendo presencia las autoridades.

A las afueras de la mina de la Zijin Continental Gold, manifestantes insisten en que hay dos mineros desaparecidos y reclaman avances en las labores de búsqueda. En la zona de Buriticá no hay paso para ningún tipo de vehículo.

La Zijin Continental Gold asegura que esta situación no solo ha afectado la movilidad y el abastecimiento de alimentos e insumos de 1.500 trabajadores, sino de más de 700 buritiqueños.