Tras varios meses sin incidentes de orden público reportados, un nuevo hecho violento registrado en las últimas horas volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en los predios que explota la multinacional Zijin Continental Gold en el municipio de Buriticá.Esto, luego de que un trabajador del complejo minero muriera y otro resultara herido tras un ataque con explosivos mientras realizaban labores de retrollenado en inmediaciones de la vereda Higabra.Personas externas y que están por identificar a las labores que se desarrollan en esta zona del Occidente de Antioquia habrían lanzando estos elementos que produjeron el fallecimiento de un hombre de 29 años identificado como Eder Sneyder Alemán Parra, además de graves heridas a otro trabajador de 42 años que fue remitido a la ciudad de Medellín para recibir atención de mayor complejidad.A través de un comunicado, la Alcaldía de Buriticá rechazó lo ocurrido, que según la entidad, “no solo afecta a una empresa legalmente constituida y generadora de empleo para el Municipio y la Región, sino que también pone en riesgo la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de toda la población”.La administración de igual manera pidió de manera urgente al Gobierno Nacional, a organismos judiciales y a la fuerza pública, “fortalecer las acciones institucionales que permitan recuperar plenamente la seguridad y combatir las estructuras criminales que vienen operando en el municipio”.Como principales sospechosos del hecho violento estarían miembros del Clan del Golfo, grupo armado con fuerte presencia en el territorio y que en los últimos años ha tratado de disputar a sangre y fuego cientos de metros de socavones para garantizar la extracción ilegal de oro.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.
Como un objetivo de alto valor para las autoridades en el país era considerado Jhorgen Alonso Muñoz, alias ‘Alonso’, un presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo que fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Medellín cuando se movilizaba en una lujosa camioneta blindada avaluada en 450 millones de pesos.Según las investigaciones de las autoridades, ‘Alonso’, con más de una década de trayectoria criminal, sería el jefe financiero de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y estaría implicado en la disputa por la minería ilegal en el Occidente de Antioquia, en especial en el municipio de Buriticá.Según detalló el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, este hombre estaba encargado de liderar el saqueo de material en las zonas de explotación de Buriticá y coordinar el cobro de cuotas a mineros ilegales y algunas empresas formales de la región, lo que representaba rentas por hasta 20 mil millones de pesos al mes para el grupo criminal."A este sujeto se le señala de ser el responsable de un homicidio múltiple donde murieron seis mineros en el año 2023. Esta captura representa un golpe estratégico para las finanzas de esta estructura criminal", destacó Alfonso.El acervo probatorio en poder de las autoridades también indica que ‘Alonso’ era el hombre de máxima confianza de alias ‘Richard’, cuarto cabecilla del estado mayor y principal cabecilla de la estructura criminal Central Urabá.Durante su captura en la capital antioqueña, al procesado le fueron incautados tres celulares que podrían tener información valiosa sobre la estructura logística de esta red criminal y deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
Cerca de 14.000 hectáreas de la Serranía de Buriticá quedan bajo protección ambiental. El área abarca ecosistemas andinos y subandinos que cumplen un papel clave en la regulación hídrica de la región, pues allí se concentran al menos 677 nacimientos de agua y decenas de manantiales que abastecen acueductos rurales y comunidades de Buriticá y municipios vecinos.De otro lado, la entidad señaló que la protección de este bloque natural favorece la conexión ecológica entre los parques nacionales Paramillo y Tatamá, facilitando el tránsito de especies como el oso andino, una de las más amenazadas del país. Además, se resguardan bosques conservados, cañones, pendientes escarpadas y paisajes rurales tradicionales.Desde la perspectiva ambiental, la autoridad ambiental explicó que la declaratoria responde a las presiones que ha enfrentado la serranía por actividades como la expansión agropecuaria y la minería. Liliana María Taborda, directora general de Corantioquia."Una nueva área protegida se suma a nuestro Sistema Departamental de Áreas Protegidas. La serranía de Buriticá, un ejercicio que nace desde la mesa ambiental con la participación ciudadana, la participación desde la misma administración municipal, la empresa privada", resaltó. Liliana Taborda, directora de Corantioquia.La entidad indicó que el proceso se construyó con participación comunitaria durante más de dos décadas, con encuentros en distintas veredas de Buriticá y espacios de concertación que permitieron definir las áreas a proteger y las reglas básicas de manejo del territorio."Desde la serranía, nosotros lo que más pensamos es en el agua, vital para la conservación de todas las especies que hay dentro de la serranía, pero lo más importante son las comunidades. Desde la Mesa Ambiental estamos visionando que en 200 años, toda esta población tenga los mismos servicios ecosistémicos que nosotros tenemos, como es el agua, la flora y la fauna", explicó Antonio María Hidalgo, presidente de la Mesa Ambiental de ese municipio.Por lo pronto, se conoció que el siguiente paso será la formulación del plan de manejo, en el que se establecerán las condiciones de uso, conservación y restauración de estas 13.858 hectáreas.
La Sociedad de Activos Especiales recuperó otro predio en Buriticá, Antioquia, donde las autoridades habían desactivado tres cilindros con explosivos en los últimos días. Durante la diligencia, se encontraron tres túneles de acceso ilegal, una planta eléctrica avaluada en cerca de 800 millones de pesos y construcciones destinadas a la explotación irregular de oro para el Clan del Golfo.Luego de que las autoridades confirmaran a inicios de este mes la desactivación de tres cilindros con explosivos en túneles de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que este predio fue recuperado, luego de ser utilizado para la explotación ilícita de oro por parte de estructuras vinculadas al Clan del Golfo.El operativo fue adelantado con apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, la Alcaldía de Buriticá, el Ejército Nacional y la Policía y en él se encontraron tres túneles de acceso ilegal utilizados para la extracción subterránea del mineral, una planta eléctrica avaluada en cerca de 800 millones de pesos y varias construcciones utilizadas como centros logísticos.Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, confirmó que estas diligencias continuarán en esa localidad y pidió a las autoridades investigar a quienes serían los responsables también de generar amenazas contra funcionarios de la entidad: "Esto ha generado amenazas a funcionarios de la SAE. Tenemos que decirles que no vamos a permitir que se siga amenazando a funcionarios de la SAE. Esperemos que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones del caso y pedirle a la comunidad que no se deje instrumentalizar, porque no está bien. Estamos recuperando estos bienes para ustedes mismos, para la comunidad", manifestó Pérez.Dentro de estas acciones, informó la entidad que también se realizaron las notificaciones de desalojo a otros predios ocupados irregularmente, los cuales serán recuperados por la SAE en coordinación con las autoridades competentes: “En estricto cumplimiento de la ley y con el fin de restablecer el control estatal sobre los bienes administrados”, destacó.La SAE indicó que continuará con su estrategia para proteger los bienes del Estado, debilitar las economías ilegales y contribuir al restablecimiento del orden público en el occidente antioqueño, región donde la explotación ilícita ha sido fuente de financiación para estructuras criminales. Según la entidad, las medidas no buscan interferir con la minería legal ni con las actividades artesanales que cumplen con la normativa vigente, sino salvaguardar el interés colectivo y evitar que los activos estatales se utilicen para sostener economías criminales.
Pese a las acciones recientes de las autoridades que inclusive lograron recuperar por completo un túnel de una mina en Buriticá que estaba en poder del Clan del Golfo, hechos violentos siguen marcando la compleja disputa al interior del proyecto subterráneo que se considera el más grande del país.En la situación más reciente tres guardas de seguridad resultaron heridos con explosivos en medio de un ataque perpetrado por ilegales en el sector conocido como Higabra y que según denunció el gobernador Andrés Julián Rendón pretendían tomar la subestación eléctrica principal de la empresa que opera legalmente la mina.Mientras que los afectados por el atentado recibieron atención médica de manera urgente por las heridas principalmente causadas en sus rostros, el mandatario confirmó que en el lugar hizo presencia la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional para recuperar la seguridad de este tramo de la mina y garantizar la continuidad de las labores de explotación.“Estamos tratando con los peores delincuentes, no con angelitos, a estos bandidos hay que combatirlos con todas las capacidades de nuestras Fuerzas y de la ley”, dijo en su cuenta de X el gobernador.Este tipo de tensiones por la injerencia de ilegales en la zona llevó a que la empresa propietaria del título minero anunciara acciones legales internacionales contra el Estado colombiano, encargada de garantizar las condiciones de seguridad para sus labores extractivas.En la guerra subterránea se han empleado cilindros bomba, mercurio, atentados con explosivos y armas largas tanto contra personal de la compañía como contra la fuerza pública en medio de las acciones de control que intenta ejercer.También la Procuraduría ha solicitado informes detallados sobre las acciones de seguridad que se han tomado con el fin de evitar que la problemática escale.
En Buriticá, del Occidente de Antioquia, la Policía y el Ejército recuperaron el túnel de una mina de oro de la empresa china Zijin Continental Gold, que desde hace cinco años estaba controlada por el Clan del Golfo.Ante este resultado, el presidente Gustavo Petro solicitó a la empresa china que se organice una cooperativa con pequeños mineros del oro de esta región, para que se explote conjuntamente la mina, propuesta que aún no tiene respuesta.El comandante de la Policía Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, ya ha confirmado la presencia de los ilegales en estos túneles, al afirmar que ''lo que la empresa habla es de un porcentaje que alrededor del 40-50% de los túneles están de propiedad de la empresa, otro porcentaje es el que está en manos de estos criminales delincuentes''. De acuerdo con el comandante Óscar Rico, tienen el objetivo de recuperar este tipo de túneles, que detalló que son usados para explotar el mineral y utilizar el dinero para otras actividades criminales, pues ''de ahí surten para armamento, para explosivos, para acciones criminales, inclusive para hechos de corrupción, compras de armas y demás''.Cabe mencionar que en Buriticá hay un conflicto de larga data por el control de las minas que explota la multinacional y que en ocasiones son ocupadas por mineros ilegales que ponen explosivos en los túneles y se enfrentan a guardas de seguridad.Las autoridades han relacionado estas actuaciones como una instrumentalización de estas personas por parte del Clan del Golfo, una versión que a su vez ha sido rechazada por familiares de implicados. Por este escenario la situación ha estado en el foco de la Procuraduría General de la Nación, los ministerios de Interior y de Defensa.
Tras una semana bloqueos en la vía al Urabá, mineros en el municipio de Buriticá decidieron suspender protestas tras acuerdos para conformar una Mesa Interinstitucional que dé solución a su pliego de peticiones. El espacio se instalaría la próxima semanaTras la gestión ante varias entidades nacionales, especialmente la Defensoría del Pueblo, mineros ancestrales del Occidente de Antioquia tomaron nuevas decisiones frente a las vías de hecho que habían asumido desde el pasado 23 de abril reclamando mayores garantías para el ejercicio de sus labores.Teresa Mazo, vocera del Paro Minero que se mantiene en el municipio de Buriticá y que ha generado dificultades para la movilidad en el ingreso a esta localidad, en el sector conocido como El Pinguro, aseguró que tras avances para lograr ser escuchados decidieron suspender los bloqueos que venían realizando sobre el corredor que comunica a Medellín con la subregión de Urabá.Esto, según Mazo, luego de que se acordara la conformación en los próximos días de una Mesa Interinstitucional para iniciar el abordaje de los 10 puntos de su pliego de peticiones a través de los cuales buscan que se garantice el derecho al ejercicio de sus labores y se avancen en procesos de formalización.La lideresa destacó que no es un levantamiento total de la protesta a la espera de los compromisos asumidos inclusive por parte de congresistas y que espera que siga siendo un periodo en el que no se registren acciones por parte de la fuerza pública contra esta población."Solicitamos entonces así mucha paciencia a la comunidad, comprensión y saber que es una suspensión y que no es un levantamiento del paro total sino una suspensión para pasar a la mesa a trabajar, a continuar el trabajo", indicó Mazo.Se espera que este espacio de diálogo se esté instalando entre los días martes o miércoles de la próxima semana y de él hagan parte representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y el Senado de la República.
Los mineros informales del municipio de Buriticá se encuentran solicitando la ayuda de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno nacional frente a aspectos que han considerado prioritarios, tales como el incremento de las intervenciones policiales, que al juicio de estos, ha obstaculizado la labor de las familias mineras, pues afirman que hay al menos un operativo cada dos días.Durante una movilización en La Alpujarra, estos manifestaron sentirse acosados y perseguidos por las autoridades, e incluso han expresado sentir miedo y preocupación, pues, de seguir así, cerca de 5.000 familias cuyo sustento es la minería se verían afectadas."Nosotros le estamos exigiendo al gobierno nacional que nos preste más atención al municipio de Buriticá, ya que nos tienen muy abandonados con la pequeña minería y no queremos más cierres ni otra operación Creta, porque la Policía UNIMIL se ha estado metiendo al territorio diciendo que somos ilegales, sabiendo que tenemos una acción popular que hasta el momento está vigente y mientras esté vigente la acción popular nosotros no somos ilegales", indicó Juan David Díez, representante legal de Mineros Ancestrales de Buriticá."Llevo 12 años en Buriticá, ejerciendo la minería, el comercio, he sido vulnerado y he sido estropeado por la Fuerza Pública. Directamente de 4.000 a 5.000 personas, indirectamente pueden ser muchas más, porque de lo que estas personas ejercen allá y la labor que llevan, comen mucha gente en la ciudad, en los municipios, en las veredas aledañas", indicó Edgar Martínez, otro líder minero.De igual manera, Consuelo Isabel Jorge, líder minera en Buriticá, explicó que otra de las exigencias de la comunidad es la formalización, pues de esta manera, consideran se garantizarían los derechos de los mineros."Estamos exigiendo el carné, que nos legalicen un carné y que tengamos el derecho de trabajar y que nos dejen trabajar dignamente porque nosotros no somos delincuentes. Somos gente de bien, gente de común", expresó la líder."Estamos exigiendo respeto y un trabajo digno. O sea, que nos dejen trabajar en las minas, que no somos ilegales. Pero nos están atropellando, nos están quemando las máquinas, nos están cerrando los trabajos y nos tratan de ilegales...Llegan quemando las máquinas, cerrando los trabajos, nos gritan, nos tratan de ilegales", expresó Marta Lía, líder minera."En estos últimos días han vuelto los operativos, hace dos días hubo operativo en la zona donde le quemaron la maquinaria a los mineros", expresó Yair Sanmartín Rentería, líder minero.Por su parte, Manuel García, diputado de Antioquia, expresó que por el momento avanza una reunión con líderes mineros y funcionarios de la Gobernación de Antioquia para plantear soluciones frente a la problemática."Reconocerle al Gobierno departamental, que nos envió a unos funcionarios de alto nivel de la Gobernación, tanto de Secretaría de Minas, Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos, Paz y Convivencia, para escuchar un pliego de peticiones que ellos traen. Y ese va a ser un insumo para el debate de control político que vamos a adelantar el próximo mes, para que encontremos una ruta consensuada entre el Gobierno nacional, departamental y municipal, porque aquí vemos algo", indicó el funcionario.Por el momento, han expresado que de no cumplirse lo pactado y de seguir incrementándose los operativos en la zona, saldrán a paro más de 1.000 mineros informales de Buriticá.
Los operativos, liderados por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, se llevaron a cabo en los municipios de Buriticá, Jericó y el corregimiento de Bolombolo en el municipio de Venecia.Sobre la ribera del río Cauca en estas últimas dos localidades del Suroeste antioqueño las autoridades destruyeron una decena de dragas tipo buzo avaluadas todas en cerca de 1.200 millones de pesos y que eran utilizadas en la extracción de oro directamente del cauce del afluente. Según la policía, en estas labores en las que se utilizaba mercurio generaban ganancias diarias para grupos ilegales de hasta 150 millones de pesos."Con esta intervención se golpean las finanzas del crimen organizado, logrando una disrupción a las rentas criminales por más de 4.500 millones de pesos mensuales", reportó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento.De igual manera, en el municipio de Buriticá, Occidente del departamento, la intervención de las autoridades permitió desarticular una red que operaba en inmediaciones de la quebrada La Encalichada, que surte al acueducto del municipio.Allí se incautaron elementos avaluados en casi 500 millones de pesos entre los que están 317 granuladores, 300 gramos de Anfo, 500 de indugel, 1.7 kilos de mercurio y 16 motores utilizados para la extracción de oro que dejaban rentas por hasta 15 millones de pesos cada mes.Todos estos elementos se abastecían socavones desde cinco puntos de energía que también fueron intervenidos y que estarían al servicio de grupos ilegales como el Clan del Golfo.
La posibilidad de compartir ideas sin necesidad de palabras volvió a ocupar el centro del debate tecnológico luego de que Elon Musk sugiriera que Neuralink podría realizar los primeros intentos de transmisión directa de pensamientos entre personas antes de que finalice 2026. La afirmación abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de las interfaces cerebro-computadora y el alcance que podrían tener estas tecnologías en la comunicación humana.La conversación surgió en la red social X a partir de una publicación realizada por Yun-Ta Tsai, ingeniero de inteligencia artificial vinculado a Tesla. En su mensaje, el especialista planteó que el lenguaje hablado representa una limitación para el intercambio de información debido a la velocidad relativamente baja con la que las personas pueden transmitir ideas mediante palabras.Según Tsai, el siguiente paso en la evolución de la comunicación podría consistir en conectar directamente los cerebros para compartir pensamientos de manera más rápida y eficiente. La propuesta llamó la atención de miles de usuarios y recibió una respuesta directa de Musk, quien dejó entrever que Neuralink ya estaría explorando escenarios similares.“Quizás el primer intento de esto para Neuralink [tenga lugar] a finales de este año”, escribió el empresario, alimentando las expectativas sobre los avances de la compañía de neurotecnología que fundó con el objetivo de desarrollar dispositivos capaces de conectar el cerebro humano con sistemas informáticos.Aunque Musk no entregó detalles técnicos sobre cómo podría realizarse una prueba de estas características ni explicó el alcance de un eventual experimento, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que la empresa busca avanzar más allá de las aplicaciones médicas que actualmente concentran gran parte de sus esfuerzos.Neuralink ha ganado notoriedad en los últimos años por el desarrollo de implantes cerebrales diseñados para permitir que personas con limitaciones físicas interactúen con dispositivos electrónicos mediante señales neuronales. La empresa ha presentado diversos avances orientados a facilitar la comunicación entre el cerebro y los computadores, una línea de investigación que podría sentar las bases para futuras formas de interacción humana.La idea de transmitir pensamientos de manera directa ha sido durante décadas un concepto asociado a la ciencia ficción. Sin embargo, las investigaciones en neurotecnología y las interfaces cerebro-máquina han impulsado nuevas conversaciones sobre las posibilidades que podrían abrirse en el futuro a medida que estas herramientas evolucionen. El anuncio de MuskEl anuncio de Musk llega en un momento de intensa actividad para Neuralink. A comienzos de este año, el empresario también informó que la compañía trabaja en el desarrollo de Blindsight, un dispositivo concebido para ayudar a personas con ceguera total.El proyecto busca crear un chip capaz de restaurar la visión mediante la estimulación de regiones específicas relacionadas con el procesamiento visual. La iniciativa representa una de las apuestas más ambiciosas de la empresa dentro del campo de la neurotecnología aplicada a la salud.Posteriormente, durante una intervención remota realizada en mayo desde Tel Aviv, Musk señaló que Neuralink espera efectuar la primera implantación del sistema Blindsight en humanos antes de que concluya 2026. De concretarse, el procedimiento marcaría un nuevo hito para la compañía en su objetivo de ampliar las aplicaciones prácticas de los implantes cerebrales.Las recientes declaraciones del empresario muestran que Neuralink mantiene abiertas varias líneas de desarrollo simultáneas. Mientras una parte de sus investigaciones se enfoca en soluciones médicas destinadas a recuperar capacidades perdidas, otra apunta a explorar nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.Por ahora, la posibilidad de transmitir pensamientos entre seres humanos continúa siendo una meta en fase experimental. Sin embargo, las palabras de Musk indican que los próximos meses podrían ser determinantes para conocer hasta dónde han avanzado los proyectos de Neuralink y cuáles son las capacidades reales que la empresa espera demostrar antes de finalizar el año.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
