La minería ilegal continúa generando afectaciones ambientales en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en la zona de escarpa, donde se han identificado explotaciones a cielo abierto que ponen en riesgo las fuentes hídricas, la cobertura vegetal y la estabilidad de los terrenos.La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en estos puntos y reportó 20 capturas durante los procedimientos realizados en los últimos días, en coordinación con la Policía y el Ejército.De acuerdo con Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, varias de las zonas intervenidas hacen parte de Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), áreas de especial importancia ambiental que están protegidas por sus características ecológicas.La funcionaria explicó que las actividades de extracción se desarrollan en predios de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y particulares, donde algunas personas han realizado intervenciones sin criterios técnicos para extraer material."Persisten las actividades de minería ilegal que se realizan con métodos no técnicos y que terminan derivando en un sinnúmero de afectaciones ambientales, procesos de socavación, erosión, inestabilidad del terreno y arrastre de material", señaló Barón.Una de las principales preocupaciones de la autoridad ambiental es el impacto sobre las fuentes hídricas. Según explicó, la remoción de tierra y la pérdida de vegetación dejan desprotegidas las raíces de los árboles, lo que facilita su caída durante las temporadas de lluvia.Estos árboles y el material que se desprende de los terrenos pueden terminar obstruyendo los cauces naturales de las quebradas, agravando las condiciones ambientales de estos sectores.Entre las fuentes hídricas que presentan afectaciones por las intervenciones en la zona de escarpa están las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero.Operativos y acciones de recuperación ambientalAdemás de los procedimientos de control, la CDMB adelanta acciones con otras entidades para recuperar las áreas afectadas y evitar que continúen las explotaciones ilegales.Una de las intervenciones más recientes se realizó en el sector de la quebrada La Chocoa, donde se desarrollaron jornadas de restauración con la siembra de especies forestales nativas para recuperar parte de la cobertura vegetal perdida.También se adelantaron actividades de sensibilización con habitantes del barrio Torrentes y del asentamiento La Chocoa, identificados como puntos críticos por el ingreso de personas hacia las zonas donde se realizan las extracciones.Barón indicó que el trabajo institucional busca no solamente intervenir los puntos de explotación, sino también generar conciencia entre las comunidades sobre los daños que ocasiona esta actividad en los ecosistemas y las fuentes de agua.La corporación también trabaja con la Gobernación de Santander en la construcción de un protocolo que permita articular a las diferentes entidades para avanzar en la protección y recuperación de algunos de los predios afectados.La CDMB advirtió que continuará con los operativos en la zona de escarpa, con el propósito de frenar la minería ilegal, proteger las fuentes hídricas y recuperar los terrenos que han sido intervenidos.
La minería ilegal continúa siendo una de las principales preocupaciones ambientales en el municipio de California, en la provincia de Soto Norte. Por esta razón, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en la zona de Santurbán, con el propósito de frenar las explotaciones que siguen funcionando sin los permisos ambientales correspondientes.Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades es el antiguo título minero de Eco Oro 3452, donde, pese a la terminación del título, permanecen varias bocaminas abiertas y se siguen desarrollando actividades de minería subterránea.Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que durante las recientes inspecciones se ha comprobado que las explotaciones continúan activas. Por eso, la corporación adelanta un trabajo articulado con la Alcaldía de California, la Gobernación de Santander y la fuerza pública para buscar una solución definitiva a esta problemática.La funcionaria señaló que están solicitando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que adelante los procedimientos correspondientes para lograr el cierre de estas minas, teniendo en cuenta las condiciones en las que se están desarrollando las actividades extractivas.“Persisten las actividades, continúan las bocaminas en funcionamiento con desarrollo de actividades. Esto también hace parte de esas labores conjuntas que se han realizado para buscar, técnicamente, a través de la ANLA, el cierre”, indicó Barón.Como parte de los operativos, recientemente se adelantó una intervención con la Policía y la administración municipal, durante la cual fueron cortados algunos elementos utilizados para transportar el material extraído desde las bocaminas hasta los puntos de acopio y posteriormente a las plantas de beneficio.Además, la CDMB ha participado en procedimientos que han permitido capturas en flagrancia por actividades de explotación minera y por el funcionamiento de plantas de beneficio ubicadas en zonas hídricas que no cuentan con los instrumentos ambientales exigidos, como planes de manejo o licencias ambientales.Seguimiento a otras explotaciones minerasLas acciones de la autoridad ambiental no se limitan al antiguo título de Eco Oro. La corporación también realiza visitas de seguimiento a otros puntos de California donde existen títulos mineros y se han otorgado instrumentos ambientales para el desarrollo de actividades extractivas.En estos lugares, los equipos técnicos verifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los planes de manejo ambiental y demás autorizaciones.Por ahora, la apuesta de la autoridad ambiental es fortalecer el trabajo con las demás entidades y avanzar en los procedimientos administrativos que permitan conseguir el cierre definitivo de las explotaciones que operan al margen de la normativa ambiental.
Mientras se derogaron los distritos mineros en Colombia, desde Antioquia se lanzó una propuesta al Gobierno nacional para que se cree un centro de operaciones regional para poder combatir la minería ilegal y las redes narcotraficantes que se alimentan de esta actividad ilícita.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló sobre un centro de fusión de inteligencia en el Valle de Aburrá, con capacidad de investigación judicial y herramientas de alto nivel para combatir las finanzas de las estructuras criminales.Según el mandatario, esta iniciativa permitiría fortalecer la persecución de las rentas provenientes del narcotráfico y la minería ilegal, recursos que, de acuerdo con su planteamiento, son lavados en el área metropolitana."Le hemos manifestado al Gobierno y presidente Abelardo De La Espriella, la necesidad de conformar aquí en el Valle de Aburrá un centro de fusión con los más altos estándares y capacidad de investigación de inteligencia judicial para perseguir las rentas del crimen organizado", dijo Rendón.Rendón advirtió que las ganancias que deja la explotación minera ilegal en Antioquia superan los 5.000 millones de dólares al año, una cifra que, aseguró, evidencia la magnitud de este fenómeno y sus implicaciones para la seguridad regional.Asimismo, el gobernador de Antioquia señaló que las acciones de fiscalización y formalización minera resultan insuficientes frente al poder económico de las organizaciones criminales, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y desmantelar sus estructuras financieras.
La explotación minera sin los controles ambientales necesarios puede generar graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades que dependen de los recursos naturales. La remoción de vegetación, la contaminación de fuentes hídricas y la inestabilidad del terreno son algunos de los riesgos asociados a estas actividades cuando se realizan de manera irregular.Una situación de este tipo ocurrió en Cundinamarca, donde las autoridades ambientales identificaron varias explotaciones de carbón que estaban generando afectaciones sobre el entorno natural y representaban un riesgo para importantes fuentes de agua de la región.Cierran seis minas ilegales de carbón en CucunubáLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de las actividades en seis minas de carbón ubicadas en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, en el municipio de Cucunubá, provincia de Ubaté.Durante las inspecciones, el equipo técnico de la Dirección Regional Ubaté encontró que las explotaciones no contaban con los instrumentos ambientales requeridos para operar. Entre las irregularidades identificadas estaban la ausencia de licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento.Además, se evidenció que algunas actividades mineras intervenían áreas que no contaban con los títulos mineros correspondientes e incluso afectaban terrenos asociados a contratos de concesión de terceros.De acuerdo con la CAR, las inspecciones permitieron establecer impactos ambientales en el área de influencia de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá, principalmente sobre el suelo, el agua, la flora y el paisaje.Así estaban afectando el suelo y las fuentes de aguaUno de los principales problemas identificados fue la remoción de la cobertura vegetal y de la capa superficial fértil del suelo. También se encontró disposición inadecuada de materiales estériles sobre potreros, laderas y zonas con vegetación nativa, condiciones que favorecen la erosión, los deslizamientos y los hundimientos del terreno.A esto se sumó la presencia de aceites usados, combustibles y lubricantes depositados directamente sobre el suelo. Según la autoridad ambiental, algunas zonas de operación no contaban con superficies impermeabilizadas ni sistemas adecuados para controlar posibles derrames. También se encontraron acumulaciones inadecuadas de chatarra y otros residuos sólidos.En cuanto al recurso hídrico, las explotaciones no tenían estructuras apropiadas para manejar las aguas de escorrentía, como canales, cunetas y sistemas de sedimentación. Esto facilitaba que los sedimentos y materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón terminaran llegando a fuentes hídricas.Entre los cuerpos de agua que podrían verse afectados se encuentran las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna. Asimismo, se identificaron vertimientos relacionados con las actividades mineras y el uso de agua de bombeo para procesos de coquización sin contar con la respectiva concesión.También encontraron daños en la vegetación y riesgos de derrumbesLas afectaciones no se limitaron al suelo y al agua. La apertura de socavones y la construcción de explanaciones ocasionaron la remoción de vegetación nativa y la fragmentación de zonas de bosque húmedo montano bajo, lo que también contribuyó al deterioro del paisaje natural.Durante las visitas, los funcionarios identificaron condiciones de riesgo por la operación antitécnica de algunos socavones y la presencia de minas abandonadas que presentaban deterioro y posibles derrumbes.Otro hallazgo estuvo relacionado con el aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie. Su extracción puede debilitar el macizo rocoso e incrementar la posibilidad de movimientos del terreno, con consecuencias tanto para los ecosistemas como para las comunidades cercanas.¿Qué medidas tomó la CAR?Frente a las irregularidades encontradas, la autoridad ambiental ordenó suspender inmediatamente las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos.Además, inició los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los responsables y señaló que las investigaciones también podrán involucrar a otros terceros que resulten vinculados, conforme a la normatividad vigente."Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores", afirmó Julio César Sierra León, director de la regional CAR Ubaté.
Ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, fueron judicializadas por su presunta participación en la explotación ilícita de oro en los municipios de El Bagre y Nechí, en Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados harían parte de un clan familiar que, desde 2024, habría utilizado cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio para extraer el metal en la ronda del río Nechí, sin contar con título minero ni licencia ambiental.Las investigaciones, que incluyeron tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento, permitieron identificar a los ocho señalados y establecer los roles que presuntamente desempeñaban dentro de la estructura dedicada a esta actividad ilícita.Según la Fiscalía, Alexander Villalba Martínez sería el cabecilla y principal articulador de la organización. Su hermano, José Alfredo Villalba Martínez, estaría encargado de la operación de las dragas utilizadas para la extracción de oro.Por su parte, María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero son señaladas de cumplir funciones administrativas, financieras y logísticas. Entre tanto, Andrea Catalina Castañeda Correa presuntamente se encargaba de definir el uso y la destinación de las máquinas empleadas para obtener el metal.La investigación también involucra a Jhon Hever Soto Flórez, quien sería el administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná, Antioquia; Angie Paola Agudelo, señalada de desempeñarse como secretaria de la red; y Maicol Álvarez Caicedo, quien, al parecer, compraba y comercializaba el oro extraído ilegalmente.Además de establecer la presunta participación de los investigados, las autoridades analizaron las consecuencias ambientales de las actividades mineras. El estudio de la autoridad ambiental identificó afectaciones en una extensa zona del bajo Cauca antioqueño, entre ellas pérdida de cobertura vegetal, erosión y formación de depósitos artificiales de agua.El análisis también evidenció alteraciones relacionadas con el transporte de sedimentos hacia el río Cauca, una de las consecuencias asociadas a las labores de extracción que se habrían desarrollado en la zona.Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron 695 gramos de oro, avaluados en más de 284 millones de pesos, y 152,54 gramos de platino.También fueron encontrados 508 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y documentos que serán objeto de valoración por parte de los investigadores.
Una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones a la situación de los pequeños mineros tradicionales solicitó el alcalde de California, Santander, Danilo Valbuena Pabón, luego de los recientes operativos contra la explotación ilícita de oro realizados por el Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional en esta zona del departamento.A través de un pronunciamiento institucional, publicado el 29 de octubre, el mandatario expresó su preocupación por los procedimientos adelantados el pasado 27 de octubre y pidió que se prioricen alternativas para que las familias que históricamente han dependido de la minería puedan desarrollar esta actividad dentro de la legalidad.Aunque manifestó su respeto por las competencias de las autoridades y la importancia de proteger el medioambiente, Valbuena señaló que los procesos de formalización deben traducirse en acciones concretas y compromisos verificables por parte del Gobierno Nacional.El alcalde también defendió la tradición minera del municipio y pidió que la imagen de California no quede reducida a los operativos de control y a la problemática de la informalidad. Según indicó, detrás de esta actividad hay familias que buscan alternativas para mantener su sustento y avanzar hacia una minería sostenible.En ese sentido, aseguró que desde la administración municipal se han adelantado gestiones y espacios de concertación con diferentes entidades, pero advirtió que varios compromisos adquiridos en procesos anteriores todavía no se han materializado.Por esta razón, solicitó la convocatoria prioritaria de una Mesa Interinstitucional de Formalización Minera, en la que participen representantes del Gobierno Nacional, autoridades mineras y ambientales, asociaciones de mineros tradicionales y la Alcaldía de California.La propuesta busca establecer una ruta de trabajo con responsables, compromisos y plazos definidos para atender las dificultades que enfrenta el sector.El pronunciamiento se conoce luego de los ocho allanamientos realizados en las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, donde las autoridades incautaron explosivos, mercurio, cianuro, maquinaria, oro y más de 92 millones de pesos en efectivo, en una operación contra la minería ilegal.Finalmente, el mandatario invitó a los habitantes y representantes del sector minero a participar en las próximas reuniones y mesas de trabajo para discutir el futuro de esta actividad económica en el municipio.
¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes. El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.
Un total de 120 kilogramos de explosivos, 200 kilogramos de cianuro y cerca de dos kilogramos de mercurio fueron incautados durante una operación contra la minería ilegal en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander.El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con la participación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Amazonía.De acuerdo con el reporte oficial, se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento de manera simultánea en diferentes sectores de las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, con el objetivo de afectar las estructuras económicas vinculadas con la extracción ilícita de oro.Entre los elementos incautados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron decomisados 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte y una bala de oxígeno, materiales que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de explotación minera ilegal.Durante las diligencias, las autoridades también encontraron 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves o pelusa y más de 92 millones de pesos en efectivo.Según las estimaciones del Ejército, las economías ilícitas afectadas por esta intervención estarían generando ingresos superiores a los 1.200 millones de pesos mensuales.La operación también busca reducir los riesgos ambientales asociados a la minería ilegal en el páramo de Santurbán, considerado un ecosistema estratégico por su importancia para las fuentes hídricas y la biodiversidad de Santander.El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro, así como de explosivos, puede provocar contaminación del agua, alteraciones en los suelos y daños a los ecosistemas. Por esta razón, las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones busca frenar las actividades de extracción ilícita de oro y contribuir a la protección ambiental de la región.
La intervención de 10 inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- en zona rural de Buriticá se ha convertido en toda una polémica por los posibles efectos en las al menos 20 familias estarían afectadas por los desalojos, frente a los cuales se busca una intervención judicial mediante una acción de tutela.De acuerdo con la SAE, los predios habrían sido utilizados para facilitar actividades relacionadas con la explotación ilícita de oro, según información suministrada por la Policía Nacional. La entidad señaló que los inmuebles presuntamente servían como apoyo logístico y operativo para estructuras ilegales.Durante el operativo, las autoridades en el Occidente antioqueño reportaron el hallazgo de nueve bocaminas activas. Además, las inspecciones señalaron la presunta existencia de túneles ilegales que conectarían con desarrollos mineros formales en operación.Sin embargo, organizaciones sociales que acompañan a las comunidades cuestionan el alcance de las intervenciones en la vereda Los Asientos. Teresa Mazo, vocera de la Asociación Agrominera y Ambiental de Colombia, aseguró que entre los afectados habría personas con documentos para acreditar la posesión legal de sus predios."Sacaron a unos adultos mayores, sacaron unos niños. La SAE tiene prohibido hacer acá operativos y procedimientos porque ya se hizo una sentencia de control de garantías, donde le están diciendo a la SAE que ella no puede entrar hacia estos predios", indicó la mujer.Las comunidades también denuncian una presunta falta de planes de contingencia, medidas de mitigación y protocolos de atención diferencial para las familias, trabajadores y pequeños empresarios que aseguran no tener vínculos con actividades ilícitas.En medio de la controversia, un juzgado de Santa Fe de Antioquia admitió para estudio una acción de tutela que busca proteger derechos fundamentales y garantizar el debido proceso. Allí los afectados solicitan la instalación de una mesa de concertación para revisar los procedimientos y definir medidas de atención social, económica y humanitaria.
En operaciones conjuntas adelantadas en Antioquia por la Fuerza Pública en los municipios de Nariño y Bello, las autoridades destruyeron maquinaria pesada y unidades de minería ilegal, asestando un duro revés tanto al Clan del Golfo como a los extractores clandestinos que ponían en riesgo la estabilidad de los suelos.El primer resultado se registró sobre la cuenca del río Samaná, donde tropas del Ejército interceptaron operaciones de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.Allí fueron intervenidas seis unidades de producción minera y se decomisaron estupefacientes como Tusi, base de coca y marihuana, dejando dos capturados y un integrante de la estructura sometido a la justicia.La acción militar dejó pérdidas a las rentas ilícitas estimadas en más de 2.600 millones de pesos, frenando una capacidad de extracción ilegal calculada en 13.500 gramos de oro al mes.Entre tanto, en el sector Cañada Negra, en el municipio de Bello, un operativo conjunto entre el Ejército y el Grupo de Carabineros de la Policía permitió intervenir otras dos unidades mineras ilegales.De acuerdo con el teniente coronel Oscar Bustos Cortés, comandante Batallón de Ingenieros N°4 Pedro Nel Ospina, en el lugar fueron inutilizadas seis máquinas de alto valor, entre excavadoras, retroexcavadoras y clasificadoras avaluadas en más de 1.500 millones de pesos."Durante el procedimiento fueron incautadas seis máquinas entre excavadoras, retroexcavadoras y clasificadoras con un valor aproximado de 1580 millones de pesos. Esta operación representa además una afectación económica estimada de 624.000.000 millones de pesos mensuales", manifestó el comandante Bustos.Más allá de la afectación económica directa calculada en 624 millones de pesos mensuales, las autoridades advirtieron que esta explotación ponía en peligro inminente la estabilidad de la montaña y las viviendas situadas en la parte superior del sector debido a la grave erosión y remoción de tierra.
Una medida favorable recibieron los motociclistas en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que adoptará las actuaciones administrativas necesarias para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas), así como las inmovilizaciones preventivas realizadas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.¿Por qué la Alcaldía de Bogotá anulará las 567 multas a motociclistas?De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la identificación de un inconveniente técnico en la plataforma del Registro Distrital. Este fallo en la aplicación impidió que se completara a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, norma que fijaba las restricciones de circulación de motos para la temporada de Halloween.Como consecuencia de este retraso administrativo, la publicación oficial del articulado se ejecutó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó fijada para el 30 de octubre. Debido a que las autoridades viales adelantaron operativos de control entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal del decreto, el Distrito resolvió invalidar los comparendos y proteger los derechos del ciudadano.Adicionalmente, las autoridades distritales destacaron que la restricción de movilidad buscaba proteger la vida de los actores viales. Según las cifras oficiales del balance de seguridad vial, la temporada registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024, sin reportar fallecimientos de motociclistas en los horarios regulados.¿Cómo será la devolución del dinero de comparendos, patios y grúas?Según precisó la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de cada conductor y reintegrar los montos cobrados por concepto de parqueadero de patios y traslado en grúa:Comparendos no pagados ni impugnados: la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas.Comparendos en proceso de impugnación: se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización.Comparendos que ya fueron cancelados: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará un proceso de devolución del dinero. La entidad contactará de manera directa a los afectados para indicarles el paso a paso del trámite de reintegro.La Alcaldía de Bogotá reafirmó que el procedimiento busca dar cumplimiento estricto a las garantías legales, corregir los fallos del sistema institucional de publicación y brindar seguridad jurídica a los conductores afectados.
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló de las denuncias sobre un supuesto plan de espionaje de la DNI.La abogada Lina Sandoval explicó la decisión judicial que ordenó a Angie Rodríguez rectificar sus declaraciones sobre Laura Sarabia.El senador Germán Rodríguez explicó que busca la revocatoria del permiso de salida del expresidente Petro ante los nuevos escándalos en su anterior Gobierno.Ministro de Justicia denuncia que recibió la entidad hackeada y que las alertas venían desde enero.Teresita Aya contó los detalles del escándalo en Nvidia con el director y la infidelidad con una espía china.Le proponen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que su equipo juegue en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.
Creado en 2017 y sumando millones de jugadores años tras años, Fortnite, de Epic Games, se ha convertido en un fenómeno mundial reuniendo incluso competencia millonarias y grandes eventos en el planeta, sin embargo, este noviembre de 2026 ha vivido, tal vez, uno de los mejores momentos de toda su historia.Tras finalizado Halloween, el videojuego anunció una colaboración especial con One Piece, el reconocido anime de Eiichiro Oda, pero con esta llegó algo aún más grande: un tesoro denominado el ‘ticket dorado’ que quienes lo encuentren tendrán acceso gratis a todos los artículos del juego durante 14 días.Aunque parezca algo básico, la estrategia resultó ser un éxito y millones de personas buscan cada hora ese ticket, que, en redes sociales, se ha visto a cientos ya lograrlo, pero no es nada fácil debido a la baja tasa de posibilidad existente que hay para que salga.Esta es la probabilidad del ‘ticket dorado’ de FortniteConseguir el llamado ticket dorado de Fortnite, conocido oficialmente como Pirate Shop Access, es una tarea bastante difícil debido a sus bajas probabilidades de aparición.Según las cifras divulgadas por Epic Games el 7 de noviembre de 2026, cada cofre abierto en una partida normal tiene una posibilidad entre 137.500 de entregar este premio, lo que equivale aproximadamente a un 0,000727 % de probabilidad. Este objeto permite acceder durante 14 días a artículos seleccionados de la tienda del juego sin gastar paVos (V-Bucks), algo que tiene a más de 4 millones de personas al día entrando a jugar al menos una partida.En estas jornadas, la opción de conseguir el ticket puede mejorar 1,5 veces frente a la tasa habitual y, en una sesión especial del 7 de noviembre, llegó a duplicarse, pasando de una posibilidad entre 137.500 a una entre 68.750 cofres. Aun así, no existe una cantidad de cofres que garantice obtenerlo, pues cada apertura representa una nueva oportunidad aleatoria.
En palabras del técnico Néstor Lorenzo, la Selección Colombia se ha visto beneficiadas por clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior, Envigado, entre otros, con el talento que sale de su cantera y suman en su once titular en cada semestre; sin embargo, la situación no es igual por la capital con Santa Fe y Millonarios, que, según ranking, pasa todo lo contrario.De acuerdo con el reciente ranking del Cies Football Observatory, Santa Fe y Millonarios se encuentran entre los clubes sudamericanos más viejos del continente, es decir, que la media de edad de su plantel supera los 30 años de edad, demostrando que, desde hace tiempo, ambos clubes no potencian talento desde la cantera.Si bien Millonarios formó futbolistas como Carlos Andrés Gómez o Oscar Cortés, el plantel embajador se ha mantenido casi con los mismos nombres en los últimos años, sumando poco jugador de la cantera, mismo caso de Santa Fe, que, si bien son jugadores que por su experiencia permiten al equipo competir al más alto nivel, no se da casi oportunidades a las fuerzas básicas del equipo.El ranking lo lidera el Huancayo de Perú, que tiene un promedio de 31.3 años, seguido de Santa Fe con 31.0, Fluminense es tercero con 30.9 y Millonarios cuarto con 30.7 años.Esta es la media de edad del FPC, según TransferMarktIndependiente Santa Fe: 30,1 añosMillonarios FC: 30.7 añosJaguares de Córdoba: 29,7 añosAsociación Deportivo Pasto: 28,7 añosJunior de Barranquilla: 28,6 añosAtlético Bucaramanga: 28,6 añosAtlético Nacional: 28,5 añosDeportivo Cali: 28,3 añosOnce Caldas: 27,5 añosIndependiente Medellín: 27,3 añosÁguilas Doradas: 27,1 añosLlaneros FC: 26,9 añosCD América de Cali: 26,6 añosAlianza FC: 26,6 añosCúcuta Deportivo: 26,4 añosDeportes Tolima: 25,6 añosInternacional de Bogotá: 25,5 añosBoyacá Chicó FC: 25,4 añosDeportivo Pereira: 24,9 añosFortaleza CEIF: 24,6 años
El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que solicitará ante la plenaria del Senado la revocatoria del permiso que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país durante un año. La iniciativa busca que el Congreso revise la autorización concedida el pasado 12 de agosto, luego de los nuevos escándalos y denuncias que han surgido alrededor de la anterior administración. En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió su propuesta y aseguró que el exmandatario debe permanecer en Colombia mientras se esclarecen los señalamientos. "Si no tiene nada que temer, pues que se quede y entregue los soportes", manifestó el senador.Rodríguez explicó que su solicitud está relacionada con las recientes declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como con las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y posibles hechos de corrupción en diferentes entidades del Estado. También mencionó las investigaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente la captura de un funcionario señalado de participar en posibles interceptaciones y seguimientos a expresidentes de la República mediante dispositivos GPS instalados en sus vehículos blindados. Para el senador, estos hechos representan nuevos elementos que, a su juicio, justifican revisar el permiso otorgado a Petro.El congresista también anunció que solicitará a la Secretaría del Senado información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para las salidas del expresidente. Según explicó, aunque la autorización tiene una vigencia de un año, Petro debe presentar informes cada vez que salga y regrese al territorio nacional, con el propósito de informar sobre sus desplazamientos. Rodríguez cuestionó si ese procedimiento se ha cumplido y pidió verificar los antecedentes documentales antes de discutir la posible revocatoria.Sobre la posibilidad de que el Senado respalde la iniciativa, Rodríguez aseguró que ha sostenido conversaciones con diferentes congresistas para conseguir apoyo a la proposición. Aunque no dio nombres, afirmó que ha encontrado disposición entre algunos sectores políticos, incluido el Centro Democrático."Hay que hacerles caer en cuenta que en esos tres meses hay nuevas pruebas. Es diferente el Gustavo Petro de hace tres meses. Pero vuelvo y repito, Eva Ferrer hace unas declaraciones demasiado graves donde habla de narcotráfico, armamento y de dinero", agregó.Finalmente, Rodríguez insistió en que el objetivo de su propuesta es que el Congreso ejerza sus facultades y revise una autorización que, según su postura, debe responder a las circunstancias actuales."Nadie está por encima de la ley", afirmó, al señalar que Gustavo Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por tanto, debe someterse a las decisiones de las instituciones.