Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En un gigantesco operativo contra la minería ilegal en Antioquia, las autoridades destruyeron maquinaria y equipos para la extracción ilegal de oro en siete municipios del departamento.Sigue una ofensiva fuerte de las autoridades contra quienes no solo ponen riesgo los afluentes, si no adelantan de manera irregular la minería en diferentes subregiones de AntioquiaEn un megaoperativo se identificaron 15 minas ilegales repartidas por los municipios de Santa Rosa de Osos, San Carlos, Bolombolo, Caramanta y El Santuario, donde fueron capturadas cuatro personas.Durante el operativo se destruyeron tres dragas, retroexcavadoras, un tractor, que es lo que se utiliza para extraer material sumergido y sacarlo a la superficie, nueve motobombas, plantas eléctricas, clasificadoras, compresores y hasta cuatro embalses hechos con tarros plásticos."De igual manera, fortalecimos las acciones de prevención y control mediante puestos de control, patrullajes rurales, verificaciones en terminales de transporte, controles a la cadena cárnica, aeropuertos y plazas de mercado, reafirmando nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de las comunidades y la legalidad en todo el territorio antioqueño", relató el coronel Luis Muñoz, comandante del Departamento de Policía Antioquia.Las acciones no pararon ahí, debido a que el Ejército logró llegar hasta zona rural de los municipios de La Pintada y San Francisco, donde desmantelaron más equipos, inhabilitaron otra retroexcavadora y más de 2.700 galones de combustible. La ofensiva golpea a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, causando pérdidas por 800 millones de pesos diarios, unos 4.000 millones de pesos al mes y se evita que se exploten 8.400 gramos de oro al mes.
Congresistas y diputados de Antioquia piden al nuevo Gobierno que la delegación minera regrese al departamento. La propuesta busca que la figura que funcionó por más de 20 años nuevamente sea recuperada por Antioquia.Para la bancada de legisladores antioqueños en el Congreso de la República, y diputados de la Asamblea Departamental, el retiro de la autoridad minera por parte del gobierno Petro en 2024 ha derivado en más de 1.400 trámites represados y el 55 % de la explotación de oro de aluvión en el departamento se realiza sin autorización.Y, por el contrario, en más de 20 años que esta autoridad estuvo bajo la batuta de la Gobernación, se legalizaron 7.135 mineros y aumentar en un 40 % las exportaciones de oro.Así lo firma la representante a la Cámara por Antioquia, Ana Ligia Mora, quien junto con el diputado Edison Restrepo le enviaron en últimas horas una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella, solicitando evaluar la recuperación de la delegación minera para el departamento.“Tener esa delegación minera le permite a Antioquia como departamento poder avanzar más rápidamente en los procesos de formalización, de acompañamiento, de unidad de criterio, de poder avanzar en el instrumento minero, en el instrumento ambiental”, dijo la congresista.La representante Mora recala que este es un sector económico muy importante para Antioquia, pero ven que más del 85 % del oro que se exporta es ilegal, por lo que el departamento está perdiendo recursos económicos, está generando grandes pasivos ambientales y grandes daños sociales.Por su parte, el senador antioqueño Juan Espinal señaló que es importante recuperar la delegatura para avanzar contundentemente en términos de formalización minera.“En el departamento de Antioquia la extracción ilícita deja rentas a los ilegales entre US$5.000 millones y US$6.000 millones. Pero antes que le regresen a Antioquia la delegación minera, lo primero que hay que hacer es combatir a los criminales”, subrayó el senador de la República.Para la bancada antioqueña en el Congreso de la República, así como para la Asamblea Departamental, al traer nuevamente la autoridad minera se genera una transformación a ese sector de la economía.Esta delegación funcionará como un convenio entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, permitiendo trámites ágiles, cercanos y confiables, desde la región. Además de ahorrar costos para quienes hoy tienen que hacer todo el trámite en Bogotá.
Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en Antioquia. En una operación desarrollada en la vereda La Holanda, del municipio de San Carlos, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron dos unidades de producción minera ilegal dedicadas a la extracción ilícita de minerales.Durante el procedimiento fueron inutilizadas dos dragas tipo buzo, cuatro motores, dos mangueras de succión, dos compresores de aire, una excavadora y una retroexcavadora cargadora, maquinaria utilizada para la explotación ilegal de minerales. Según las autoridades, estas actividades no solo generan graves afectaciones ambientales, sino que también representan una fuente de financiación para estructuras criminales que operan en la región.De acuerdo con el balance entregado por el Ejército, la operación permitió afectar una infraestructura ilegal valorada en cerca de 900 millones de pesos. Además, se estima que, con esta intervención, se evitó la extracción de aproximadamente 3.744 gramos de oro al mes, cuya comercialización alcanzaría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, recursos que, según la institución, dejarían de ingresar a los grupos armados organizados vinculados a este delito.Este resultado se suma a otra operación realizada recientemente en el municipio de Caucasia. Allí, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, intervinieron cinco unidades de explotación minera ilegal.En ese operativo fue capturada una persona y se halló maquinaria avaluada en aproximadamente 350 millones de pesos, entre ella, dos dragas tipo buzo, 15 motores, tres clasificadoras y una motobomba. Las investigaciones indican que estas unidades producían cerca de 500 gramos de oro al mes, valorados en más de 200 millones de pesos. Tras la diligencia, la maquinaria fue destruida de manera controlada para impedir su reutilización, mientras que el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial.
Un operativo de la Policía de Colombia, con apoyo de autoridades de cuatro países, dio un golpe a una red criminal dedicada a la minería ilegal, la comercialización ilícita de oro y el lavado de activos en el municipio de El Bagre, AntioquiaEn el marco de la operación internacional "Green Shield" de la Policía Nacional, con la participación de las policías de Brasil, Perú, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos, se logró ejecutar cinco órdenes de allanamiento y registro en establecimientos de compraventa de oro.De acuerdo con las autoridades, estos locales eran utilizados presuntamente para legalizar el mineral extraído de forma ilícita mediante actividades de aluvión sobre el río Nechí, una práctica que deteriora los ecosistemas de la región.Durante los procedimientos, la fuerza pública incautó más de 153 gramos de oro, 6.501.000 pesos en efectivo, cuatro dispositivos de grabación digital, un arma traumática tipo revólver, dos teléfonos celulares y dos equipos de cómputo.Al respecto, el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que el modus operandi consistía en ingresar el oro extraído ilegalmente al mercado formal a través de estos locales, ocultando su origen para darles apariencia de legalidad y facilitar el lavado de dinero.Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras la Policía Nacional mantiene las acciones de control dentro de esta estrategia transnacional para debilitar las finanzas de las estructuras criminales que se lucran de la explotación ilícita de los recursos naturales.
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas."El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán, programada para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.En el documento, la Gobernación señala que la delimitación del páramo de Santurbán representa una decisión de gran trascendencia jurídica, ambiental, económica y social, por lo que considera indispensable que la concertación se desarrolle bajo los principios constitucionales de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre las entidades públicas.El gobernador de Santander sostiene que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para analizar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y advierte que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre aspectos como la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.Asimismo, plantea que antes de avanzar en la concertación es necesario socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso, además de definir conjuntamente una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y una participación efectiva de todos los sectores involucrados.En su solicitud, el mandatario propone aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre las autoridades nacionales y territoriales para acordar la metodología y el cronograma del proceso, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con una participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados. El páramo constituye uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por ser fuente de abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. En las últimas semanas, el proceso ha generado un intenso debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte sobre las garantías de participación y el alcance de la nueva delimitación.
La adopción de una metodología de delimitación progresiva para el Páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desató una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales, campesinas y mineras de Santander, que cuestionan la legalidad de la medida.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia y presentó su primera aplicación en Santurbán, acompañada de dos medidas orientadas a fortalecer la protección del sistema hídrico de la región.Según el Gobierno, el objetivo de la decisión es proteger el agua que abastece a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Además, destacó la creación de áreas de reserva definitiva en la subcuenca La Baja, una zona donde, según el Ministerio, existen afectaciones por la minería ilegal y amenazas derivadas de proyectos de extracción de oro."El agua no se negocia y seguimos insistiendo en que Santurbán no debe ser explotado ni por la minería ilegal ni por grandes empresas multinacionales. Asimismo, solicitamos que la medida esté acompañada de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal, impulsar inversiones sociales en Soto Norte, fortalecer la producción agrícola y promover alternativas económicas para las comunidades tradicionalmente dedicadas a la minería", dijo Mayerlín López, vocera del Comité por la Defensa de Santurbán. En contraste, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte rechazaron el anuncio del Ministerio de Ambiente al considerar que contradice la posición jurídica que la misma cartera había expuesto ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.De acuerdo con un documento divulgado por estas organizaciones, el Ministerio había manifestado anteriormente que una delimitación parcial del Páramo de Santurbán era jurídicamente inviable y contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso integral de delimitación con participación de los 40 municipios involucrados en Santander y Norte de Santander.Las organizaciones sostienen que expedir una resolución sobre solo el 70 % del territorio, mientras continúa la concertación con los municipios restantes, podría dar lugar a acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo e investigaciones por presuntas irregularidades, al considerar que la medida desconocería el procedimiento fijado por la Corte Constitucional.Los defensores de la iniciativa también advirtieron sobre una eventual campaña de desinformación en torno al proceso de delimitación e hicieron un llamado a la ciudadanía para participar este 18 de julio en una jornada de concertación convocada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su capacidad para abastecer de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Desde hace más de una década, su delimitación ha estado en el centro de un intenso debate entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas interesadas en desarrollar proyectos de extracción de minerales.La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva. El anuncio del Ministerio de implementar una delimitación progresiva reabre el debate jurídico, ambiental y social sobre el futuro de Santurbán y la protección de uno de los principales complejos de páramo del país.
Un informe periodístico publicado por Vanguardia encendió las alarmas sobre el deterioro ambiental que enfrenta el páramo de Santurbán al revelar la expansión de la minería ilegal en una de las principales fábricas de agua del nororiente colombiano, situación que ha generado una fuerte reacción de autoridades y sectores ambientalistas.La investigación documenta, con fotografías y recorridos en terreno, la existencia de una bocamina de extracción ilegal de oro ubicada a más de 3.000 metros de altura, en plena zona de frailejones dentro del ecosistema de páramo. Además, en un área cercana de aproximadamente 300 hectáreas, el periódico identificó al menos 200 bocaminas dedicadas a la explotación aurífera.De acuerdo con el informe, la magnitud del daño ambiental pone en riesgo el abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander, especialmente para los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha advertido previamente que parte de estas explotaciones ilegales podrían estar bajo el control del Clan del Golfo.Las revelaciones desataron una ola de reacciones en diferentes sectores del país. El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, calificó como "indignantes" las imágenes conocidas y responsabilizó al Gobierno saliente por los retrasos en la delimitación del páramo."Las imágenes de Santurbán son indignantes y confirman lo que hemos dicho: los páramos y las áreas protegidas no se tocan. Cuatro años y la delimitación sin resolverse, hasta llegar al extremo de un desacato contra la ministra de Ambiente. Mientras el proceso quedó atrapado en la 'hidrología política', la minería ilegal avanzó y destruyó el páramo", expresó Arjona a través de sus redes sociales.El funcionario también cuestionó la ejecución de los recursos destinados al sector ambiental."Este Gobierno dice que duplicó los recursos para el sector ambiente. Sigo preguntando: ¿dónde están? ¿En qué se gastaron? Porque los discursos no protegen los páramos y los recursos sin resultados tampoco. Santurbán es la evidencia", agregó.En Santander, una de las primeras voces en pronunciarse fue la del gobernador Juvenal Díaz, quien aseguró que desde hace tiempo ha solicitado una intervención más contundente contra la minería ilegal."Nosotros lo hemos venido diciendo. Hace mucho rato pedimos la intervención de la brigada contra la minería ilegal y operaciones militares. Mientras se ha perseguido a quienes desarrollan minería donde está permitida, no se ha actuado con contundencia contra los ilegales. Esto es un campanazo de alerta", manifestó el mandatario departamental.La situación vuelve a poner sobre la mesa el prolongado retraso en la delimitación definitiva del páramo de Santurbán. Han transcurrido nueve años desde que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-361 de 2017, ordenó al Ministerio de Ambiente adelantar un nuevo proceso de delimitación concertado con las comunidades.Sin embargo, ese proceso continúa sin concluir y mantiene enfrentados a organizaciones ambientalistas, mineros y campesinos de la región. Incluso, el Tribunal Administrativo de Santander ha cuestionado la lentitud del Ministerio de Ambiente en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la protección de este ecosistema estratégico.Las imágenes reveladas por Vanguardia abrieron el debate sobre la efectividad de las acciones estatales para frenar la minería ilegal y proteger uno de los páramos más importantes del país, del que depende el suministro de agua para gran parte del departamento de Santander.
El municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, atraviesa una crítica situación de orden público tras los violentos enfrentamientos registrados a raíz de operativos de las autoridades contra la minería ilegal.La escalada de violencia obligó a la administración municipal a decretar medidas extremas para intentar retomar el control de la población.Medidas de restricción y orden públicoAnte los desmanes, la alcaldía de Segovia estableció un toque de queda que rige desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., medida que se extenderá inicialmente hasta el próximo 15 de julio.Además, se prohibió la circulación de parrillero en motocicleta durante 24 horas por un periodo de tres días y se restringió la venta de licor.Según los reportes oficiales, el saldo de las manifestaciones es de una persona muerta, dos heridas y nueve vehículos incinerados.Existe una discrepancia entre las versiones de las autoridades departamentales y locales sobre los responsables. Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló al Clan del Golfo como el instigador de la violencia, el personero de Segovia, Hambler Patiño, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el tema. Patiño afirmó que, aunque se está verificando un comunicado del grupo armado donde niegan su participación, la dinámica de los hechos sugiere otra cosa. "Como se están desarrollando las cosas, posiblemente pues sea cierto que no lo tengan nada que ver (...) Esto no es un paro, esto fue casi que una sonada que algunos desadaptados salieron e hicieron esta clase de daños", explicó el personero.Según el funcionario, los autores serían personas encapuchadas que realizaron quemas y bloqueos, algo que "no son tan normales" en el municipio.Sobre la muerte registrada, el personero aclaró que, preliminarmente, no estaría ligada a los disturbios con la fuerza pública, sino a la violencia estructural de la zona. "Ustedes saben que aquí hay una guerra interna en la Farc que quiere implementar milicias urbanas y el Clan del Golfo que no se quiere dejar sacar (...) Al parecer esa muerte y el herido fueron causados en contexto de esa problemática", puntualizó.Un llamado por presencia permanente del EstadoEl personero de Segovia hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que la presencia de la fuerza pública no sea transitoria. Patiño cuestionó que el Estado solo reaccione cuando la situación se desborda: "¿Qué espera el estado para tener acá un pie de fuerza mucho más amplio para poderle darle tranquilidad a la región (...) Aquí la necesitamos es permanente".Escuche aquí la entrevista:
El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos. Gracias a sus sorteos frecuentes, modalidades de apuesta accesibles y múltiples opciones de premio, miles de personas consultan diariamente los resultados para verificar si su número fue el afortunado.Número ganador del Caribeña Día hoy, martes 11 de agosto de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 11 de agosto del 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega Caribeña Día?El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 2:30 p. m.Las apuestas pueden efectuarse desde montos bajos, lo que permite que más personas participen y elijan la modalidad que mejor se adapte a su estrategia de juego.Cómo jugar el chance Caribeña DíaLos apostadores pueden seleccionar diferentes modalidades de juego según el nivel de riesgo y el premio que deseen obtener:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Cada modalidad ofrece premios diferentes de acuerdo con la cantidad de números acertados.Cuánto cuesta apostar en Caribeña DíaUno de los aspectos que mantiene la popularidad de este chance es su facilidad de acceso económico.Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.De esta manera, los jugadores pueden participar con valores ajustados a su presupuesto.Requisitos para reclamar un premioQuienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para realizar el cobro del premio:Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con distintas modalidades de juego, apuestas desde valores accesibles y un proceso claro para reclamar premios, el chance Caribeña Día sigue consolidándose como una de las opciones favoritas de los apostadores en Colombia.
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.Número ganador del chance Sinuano DíaEl número ganador del chance Sinuano Día de este martes 11 de agosto de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega Sinuano Día?El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de sorteo.Cómo se juega el Chance Sinuano DíaEste juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que premian a los participantes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador.Cuatro cifras directo o superpleno: Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado cuatro cifras: Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.Tres cifras directo: Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.Combinado tres cifras: Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.Una cifra o uña: Corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?El proceso para reclamar premios depende del valor ganado. Sin embargo, existen algunos documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premioTiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Premios inferiores a 48 UVTLos ganadores únicamente deberán presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los requisitos fundamentales, será necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.Premios superiores a 182 UVTLos ganadores deberán presentar toda la documentación anterior y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.
Medellín amplió a 10 el número de puntos habilitados para la recolección de donaciones que serán enviadas a las comunidades más afectadas por el terremoto en otras ciudades del país.La capital de Antioquia continúa ampliando su solidaridad con las regiones del país que resultaron más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del lunes.En Medellín ya son 10 los puntos habilitados para recibir donaciones que posteriormente serán enviadas a las zonas más afectadas, como los Son el departamento del Valle, Chocó y varias ciudades del Eje Cafetero.¿Qué donar a afectados por terremotos en Colombia?La secretaria de Inclusión Social de la ciudad, Luz María Ramírez, detalló qué tipo de donaciones son prioritarias: "Pueden ser de la canasta básica de alimentos, alimentos no perecederos, granos, entre otros, y además otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas, mantas...", señaló.Cepillos de dientes, papel higiénico, crema dental, entre otros insumos también serán recibidos.¿Dónde donar en Medellín para afectados por terremoto?Los puntos de recolección están ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, los Parque Biblioteca Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, además de la Biblioteca Pública El Poblado, la Terminal del Norte, en el local 9840; la Universidad Eafit y el hall de la Alcaldía de Medellín. También recibirán donaciones en dinero."Tenemos habilitados canales para recibir donaciones en dinero a través de la corporación presentes y la Cruz Roja Colombiana", agregó la funcionaria.Los 10 puntos habilitados para recibir las donaciones estarán dispuestos para este trabajo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, dependiendo del lugar al que se acerquen quienes puedan realizar algún aporte.
La Aerolínea LATAM estableció topes tarifarios para los pasajeros que necesiten viajar hacia o desde las zonas afectadas por el terremoto. La medida aplica para Cali, Armenia y Pereira y busca mantener precios asequibles ante el aumento de la demanda de vuelos durante la emergencia. En materia de operación, LATAM reportó la cancelación de 49 vuelos en Cali, Armenia y Pereira desde el inicio de la emergencia, con cerca de 7.657 pasajeros afectados que, según la compañía, ya fueron protegidos.La CEO de LATAM Colombia, Erika Zarante, explicó que el incremento de pasajeros que buscan llegar a las zonas afectadas o salir de ellas puede hacer que se agoten rápidamente las tarifas más económicas. “El tope en Cali está con $253.000 más impuestos. Armenia, 234.000 más impuestos y Pereira, 228.000 más impuestos”, afirmó Zarante. El aeropuerto de Pereira permanece cerrado por las afectaciones que sufrió su infraestructura, mientras que las terminales de Cali y Armenia ya están operativas. En Cali, aunque se registraron intermitencias en el servicio de energía eléctrica durante la noche de ayer, se mantienen operaciones con apoyo de la Aeronáutica Civil.Los viajeros que tenían vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto también cuentan con medidas de flexibilización. Pueden cambiar la fecha o la ruta sin cobros adicionales o solicitar la devolución del dinero. Estas condiciones tienen una vigencia de un año, por lo que los pasajeros no están obligados a resolver su viaje de manera inmediata.Pero esta no es la única medida adoptada por las aerolíneas. Los pasajeros con vuelos nacionales con Avianca entre el 10 y 11 de agosto, podrán modificar la fecha del vuelo hasta 15 días después de la original, realizar cambios de ruta, extender el refresco o solicitar el reembolso. Todo esto sujeto a disponibilidad y a las políticas vigentes de la aerolínea. Además implementó techos tarifarios autoimpuestos, aunque no especificó los valores. Por su parte, para los viajeros programados con Wingo entre el 10 y 11 de agosto, podrán cambiar de fecha sin cobro y solicitar un cambio de ruta, con la posibilidad de realizar el nuevo viaje hasta 30 días después. Además podrán solicitar el reembolso del valor pagado. Sin embargo, no han fijado techos tarifarios.
La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para reunir a expertos que puedan contribuir a la evaluación de la seguridad de diversas edificaciones en las zonas del país más afectadas por el terremoto. Se comprometieron a cubrir los gastos necesarios para los voluntarios.El anuncio lo hizo público el alcalde Federico Gutiérrez, invitando a empresas privadas, universidad y entidades como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a que pongan a sus profesionales a disposición para contribuir en la atención de las emergencias en otras zonas del país"Se necesita de manera urgente ingenieros estructurales para evaluar el estado de muchas infraestructuras que no colapsaron, pero que hay que determinar cuál es su estado, si pueden ser habitables o no", señaló el alcalde.El mandatario local detalló que estos profesionales se requieren, especialmente, en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, que se encuentran entre las más afectadas por el terremoto. Señaló que los gastos para su traslado correrán de cuenta de la Alcaldía."Yo le pido a los privados y le pido a las universidades, le pido a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros de Arquitecto que manden voluntarios. Desde la Alcaldía nos encargaremos de todos los gastos que sean necesarios para que estas personas puedan estar allá", agregó Gutiérrez.Hay que recordar que Medellín, además, ya extendió a 10 sus puntos de recolección de donaciones para las zonas más afectadas por el terremoto. Desde la capital antioqueña también fueron enviados a Quibdó equipos especializados y un grupo de 23 integrantes del Cuerpo de Bomberos que llegó en horas de la mañana para contribuir en labores de rescate en la capital de Chocó.
