La Gobernación de Santander activó un plan interinstitucional tras la muerte de cuatro personas en una bocatoma ilegal en la vereda El Carmen del municipio de Landázuri, y reportó seis capturas por actividades de minería ilegal.La emergencia, donde cuatro ciudadanos perdieron la vida mientras desarrollaban actividades mineras, llevó a la administración departamental a intensificar la articulación institucional para enfrentar la minería ilegal en el territorio.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que la bocatoma donde ocurrió el hecho era ilegal, pese a encontrarse dentro de un territorio con título minero, situación que hace parte del proceso de investigación judicial: "Desde la Gobernación de Santander hacemos la articulación de un plan integral que permita buscar soluciones a la problemática que se presenta a través de la actividad minera ilegal", detalló.La respuesta institucional articula a la Autoridad Minera Nacional, la autoridad ambiental, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, con acciones dirigidas a fortalecer la supervisión, el control y la judicialización de las actividades que se desarrollen por fuera de la legalidad.En paralelo, el secretario confirmó que la Policía y el Ejército Nacional capturaron a seis personas que se encontraban realizando minería ilegal, como resultado de los operativos adelantados en el departamento."Que estas actividades mineras ilegales paren para que se materialicen las acciones donde están los títulos y donde está la explotación legal del mineral, que va a beneficiar ostensiblemente a la seguridad de las personas que adelantan los trabajos y evitar que se presenten estos accidentes", añadió el funcionario.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de ̃65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, este último de nacionalidad venezolana.Al menos 11 emergencias en minas de carbón han dejado 18 personas muertas en este municipio entre noviembre de 2023 y septiembre de ̃2026.La Gobernación de Santander reiteró que mantendrá la articulación con las autoridades competentes para fortalecer el control sobre la actividad minera y prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de quienes trabajan en estas zonas.
Las Fuerzas Militares y los organismos de investigación reportaron dos golpes contundentes contra estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, afectando tanto sus redes de microtráfico en el Bajo Cauca como sus fuentes de financiación ilegal en el Oriente.El primer operativo se registró en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres. Allí, tropas del Gaula del Bajo Cauca, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra. A los detenidos, señalados de dedicarse al tráfico de estupefacientes, les fueron incautadas 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables de la organización criminal.De manera simultánea, en la vereda Piedras Blancas del municipio de Sonsón, unidades del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía intervinieron una unidad de producción minera ilegal operada por la subestructura Gener Morales. En el lugar fue inutilizada maquinaria avaluada en más de 680 millones de pesos, que incluía una excavadora, tres motores diésel, cuatro clasificadoras metálicas, además de casi 1.400 galones entre ACPM y gasolina.Las autoridades destacaron que este complejo minero tenía la capacidad de extraer mensualmente unos 3.000 gramos de oro, con un valor comercial aproximado de 1.300 millones de pesos. Tanto los capturados en Cáceres como los elementos incautados en ambos procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años, Michel Dávila Díaz, de 19, Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.Le puede interesar: Tragedia en Landázuri: dos mineros murieron tras derrumbe en socavón de carbónTras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.Segundo accidente mineroEste es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies. La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.
Tropas del Gaula del Bajo Cauca, en una operación coordinada con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia.De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de este grupo armado organizado y estarían dedicados a la comercialización, porte y fabricación de sustancias ilícitas en la región, actividad con la que presuntamente obtenían recursos.Le puede interesar: Dos escopetas y cientos de dosis de droga: así cayeron dos hombres en Bucaramanga y PiedecuestaDurante el procedimiento de registro, se incautaron 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables utilizados por la estructura criminal.Las personas capturadas y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.
Tras una visita a esa zona del Bajo Cauca antioqueño, el senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, denunció que la extracción ilegal de oro en el río Nechí pasó de 20 a 200 dragas en los últimos cuatro años, solo entre los municipios de El Bagre y Nechí.La situación viene siendo crítica, no solo porque registros fotográficos de la zona han mostrado la aplastante cantidad de dragas, sino que además se estima que en 2025 esta actividad dejó entre USD 5.000 y USD 7.000 millones en manos de estructuras criminales, una cifra equivalente al valor de toda la cosecha cafetera del país.El senador pidió diferenciar a los pequeños y medianos mineros tradicionales, quienes desde hace años piden formalización al Estado, de las estructuras armadas al margen de la ley que operan las dragas industriales."Yo le hago un llamado al gobierno nacional y también al gobierno americano, porque aquí estamos ante un problema de seguridad nacional, donde esto tiene que ser realmente adoptado y abordado como se aborda el problema de los cultivos ilícitos de coca a nivel nacional", indicó.Y es que según el senador, cada draga cuesta aproximadamente USD 200 millones, una inversión que descarta que se trate de minería artesanal.Durante un laboratorio académico de liderazgo liderado por Proantioquia en el municipio de El Bagre, se adelantó una visita a la empresa Mineros S.A., empresa formal con un título de explotación de minería de aluvión de 50.000 hectáreas."Encuentra uno la exploración y la explotación legal, y al frente del río, la extracción ilegal. Y creo que hay que dividir entre la formalización de nuestros pequeños y medianos mineros y mineros tradicionales, que llevan años rogándole al gobierno que lo legalice. Pero también ve 1 los que están explotando ilegalmente los recursos naturales", indicó.Espinal le pidió al Gobierno nacional que los recursos de la minería formal lleguen al Sistema General de Regalías, para que los municipios y departamentos de la región se beneficien.
Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en inmediaciones de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, en Bucaramanga.El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes, según el reporte oficial, encontraron a los ciudadanos realizando actividades de remoción de la capa vegetal, excavación y debilitamiento del terreno, además de extracción de material aurífero.De acuerdo con las autoridades, estas labores se estarían desarrollando sin los permisos ambientales requeridos por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.Entre los detenidos estaría un hombre que, según las verificaciones realizadas durante la investigación, sería reincidente en este tipo de conductas y estaría relacionado con actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en este sector de la ciudad.Durante el operativo también fueron incautados elementos que, presuntamente, eran utilizados para las labores de extracción, entre ellos una motobomba, un azadón, seis picas, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.La Policía señaló que la intervención permitió suspender las actividades y prevenir mayores afectaciones sobre la quebrada Chapinero y los recursos naturales de la zona.Los siete capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será la autoridad judicial la encargada de definir las actuaciones correspondientes y, posteriormente, un juez determinará la situación jurídica de los procesados.
El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Holanda, donde tropas de la Cuarta Brigada realizaron la intervención en coordinación con la Policía Antioquia.Durante el operativo fueron inutilizadas tres dragas tipo buzo, seis motores y tres compresores de aire, equipos que eran utilizados para las labores de extracción de minerales en esta zona rural de San Carlos.También fueron intervenidos 35 metros de manguera de succión y 40 metros de manguera de seis pulgadas, elementos empleados en el funcionamiento de las unidades de producción minera.De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la maquinaria y la infraestructura afectadas durante la operación representan una afectación económica cercana a los $79 millones para quienes desarrollaban esta actividad.Los 7,5 kilogramos de oro que podrían extraerse mensualmente con estas unidades tendrían un valor comercial aproximado de $3.200 millones. Por ello, según el Ejército, la intervención también golpeó los recursos económicos derivados de la explotación ilícita de minerales.El Ejército reiteró que continuará realizando este tipo de operaciones en coordinación con la Policía y las autoridades locales, con el objetivo de intervenir los puntos utilizados para la extracción ilícita de minerales y afectar las rentas asociadas a esta actividad.
Un hombre, identificado preliminarmente como Henry Hernández, murió luego de quedar atrapado bajo un deslizamiento de tierra en la escarpa occidental de Bucaramanga.El hecho ocurrió en inmediaciones de la quebrada La Lora, en el sector del barrio Campo Hermoso. Según información preliminar, Hernández habría ingresado a la zona desde el pasado sábado 29 de agosto y, al parecer, se dedicaba a actividades relacionadas con minería ilegal.Le puede interesar: Dos viviendas destruidas y seis más en riesgo dejó deslizamiento en Bello, AntioquiaAnte la falta de noticias sobre su paradero, compañeros y allegados iniciaron una búsqueda este miércoles 2 de septiembre. En el lugar encontraron sus herramientas y, posteriormente, detectaron un desprendimiento de tierra. Al remover el material localizaron el cuerpo, por lo que dieron aviso a los organismos de emergencia.Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga realizaron el rescate durante la noche. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer plenamente la identidad de la víctima y determinar las circunstancias del accidente.El caso también reavivó la preocupación de líderes comunitarios por la presencia de actividades de minería ilegal en distintos puntos de la escarpa occidental y los riesgos que estas labores representan en terrenos inestables.
En el marco del Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), envió un mensaje de optimismo frente a la hoja de ruta planteada por el Gobierno de De La Espriella. Según el dirigente gremial, el sector atraviesa un momento clave para revertir las cifras negativas registradas en los últimos años, periodo en el que el Producto Interno Bruto minero cayó un 18% y la inversión extranjera directa se contrajo un 88%.Nariño destacó que la actual administración ha mostrado una disposición favorable hacia la inversión privada, lo cual, sumado a la demanda global de minerales, genera un escenario de oportunidad. El gremio espera que esta coyuntura permita no solo dinamizar la economía, sino también consolidar a Colombia como un actor relevante en la geopolítica de minerales estratégicos.Tenemos la convicción de que tenemos que trabajar decididamente para revertir esas cifras y traer inversión al país, inversión que se traduzca en empleo, en oportunidades, que ese es el objetivo último de todo esto, afirmó el presidente de la ACM.Seguridad y lucha contra la minería criminalUno de los puntos centrales del discurso del sector minero es el fortalecimiento de la seguridad en los territorios. Nariño reconoció que las empresas han sentido un cambio positivo en la disposición de la Fuerza Pública desde el inicio del nuevo gobierno, subrayando que la celeridad en la atención de las alertas de seguridad es vital para el desarrollo de los proyectos.En cuanto a la minería ilegal, el dirigente fue enfático al calificar la extracción ilícita como uno de los mayores crímenes ambientales y sociales del país. Nariño señaló que la destrucción de ríos y parques naturales, muchas veces a manos de grupos armados, le roba a la nación recursos significativos en materia de regalías y empleo formal.El mayor crimen ambiental que hoy tiene el país es la extracción ilícita de minerales y es uno de los principales factores de degradación social en muchos municipios del territorio. Nosotros los colombianos no podemos seguir permitiendo que eso esté pasando, advirtió.El potencial del cobre y la meta de exploraciónEl sector minero tiene puestas sus esperanzas en el cobre, mineral que, según Nariño, cuenta con el mayor potencial en Colombia debido a la creciente demanda mundial para la transición energética. Con inversiones proyectadas cercanas a los 4.700 millones de dólares para los próximos años, el país busca posicionarse como un referente regional.Antioquia, Chocó y Córdoba se perfilan como los departamentos con los yacimientos más importantes. Nariño insistió en que el país debe adoptar un mantra para los próximos años: explorar, explorar y explorar. El directivo recordó que el 97% del territorio nacional aún está sin exploración y sin otorgamiento de títulos, una brecha que representa un riesgo, pero también una oportunidad de crecimiento fiscal.Si nosotros hacemos bien la tarea, traemos esos 4.700 millones de dólares para construir nuevas minas, podemos generar ese seguro de vida, esos ingresos fiscales estables por 20 años hacia adelante, explicó el gremialista, quien proyecta que los aportes del sector podrían ascender de 5 billones de pesos anuales a cerca de 12 billones para el año 2030.Reforma a las consultas previasEl dirigente gremial abordó la preocupación generalizada por la lentitud y los costos de las consultas previas, un factor que ha generado dificultades en sectores como el de hidrocarburos. Nariño respaldó la propuesta gubernamental de realizar procesos simultáneos, donde los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades avancen en paralelo para acortar tiempos sin sacrificar garantías constitucionales.El sector privado lo que busca son tiempos claros, que no es mucho que pedir, son tiempos, certezas, claridad en el proceso. El mundo está avanzando en temas mineros en poder sacar una regulación que permita avanzar de manera simultánea, concluyó Nariño, abogando por un diálogo técnico y transparente que garantice la viabilidad de los proyectos de infraestructura minera en el país.
Cuatro ciudadanos colombianos fueron capturados en Panamá durante diferentes procedimientos adelantados por las autoridades en acciones relacionadas con la lucha contra la minería ilegal y la detección de personas requeridas por la justicia.El primer operativo se desarrolló en el sector de Cañas Blancas, donde unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos que serían utilizados para actividades de minería ilegal.La intervención se realizó en el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero y durante el procedimiento fueron detenidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres. En el lugar también fueron incautados gramos de presunto oro, además de municiones de diferentes calibres.A este procedimiento se sumó otro caso registrado en el aeropuerto internacional de Tocumen, en donde durante los controles migratorios de llegada, fue retenida una mujer colombiana de 38 años, luego de que los sistemas de consulta detectaran una orden de aprehensión.La alerta estaba relacionada con una investigación por delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, en la modalidad de seguridad informática, y contra el orden económico, específicamente por un delito financiero.Además, las autoridades confirmaron que la mujer tenía una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con seguridad informática. Posteriormente fue remitida a Interpol Panamá y quedó a disposición de las autoridades competentes.Los operativos hacen parte de los controles que Panamá mantiene en zonas fronterizas y puntos de ingreso al país para combatir actividades ilícitas y detectar personas requeridas judicialmente.
El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público que desde el pasado 21 de septiembre han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y pidió a la Secretaría de Educación de Santa Marta mantener un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.La Secretaría deberá entregar reportes diarios en el marco del Puesto de Mando Unificado, para evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.Desde el Ministerio aseguraron que por ahora, el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los colegios podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular de acuerdo con las condiciones de cada territorio.La entidad también pidió a docentes y directivos mantener comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.La directiva contempla que, si las condiciones de seguridad continúan y no es posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales, entre ellas una eventual modificación del calendario académico.El Ministerio aclaró además que estas disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales, y que buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, sin interrumpir los procesos de aprendizaje.La cartera de Educación señaló que continuará acompañando a las autoridades territoriales para adoptar las medidas que sean necesarias frente a la situación de orden público en Santa Marta.
La cosecha cafetera de Santander avanza en medio de un escenario que preocupa a los productores la falta de lluvias está marcando una diferencia cada vez más evidente entre las zonas donde los cultivos todavía responden favorablemente y aquellas donde el déficit de agua ya está afectando la producción.Uno de los puntos donde esta situación resulta más evidente es Aratoca, allí, las condiciones son especialmente complejas para las fincas ubicadas hacia la parte baja del cañón del Chicamocha, donde productores aseguran que el impacto del verano puede superar el 40 %.La afectación no es igual en todo el municipio. Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó que en las parcelas que maneja directamente el déficit ronda el 15 %, pero señaló que en las zonas más bajas hay fincas con un impacto mucho mayor.La ubicación geográfica es uno de los factores que, según los productores, está agravando el panorama. En el cañón del Chicamocha, los fuertes vientos dificultan que las nubes permanezcan sobre las zonas cafeteras y esto reduce las posibilidades de lluvia.El problema aparece además en un momento clave para el sector la recolección de la cosecha comenzó a mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de enero.La preocupación de los cafeteros no está relacionada únicamente con cuánto café podrán recoger. Las condiciones climáticas también pueden terminar reflejándose en las características del grano que llega a los puntos de compra.Ante este escenario, la Federación Nacional de Cafeteros modificó algunas condiciones comerciales para disminuir el impacto sobre los productores. El valor reconocido por el kilo de pasilla pasó de $10.000 a $12.000.También aumentó de 20 a 30 el promedio de granos brocados permitido en la muestra para que el café pueda ser recibido bajo las condiciones establecidas para el café convencional.La medida hace parte de las acciones adoptadas por el gremio ante los efectos que las condiciones climáticas están generando sobre la caficultura.El impacto potencial no es menor. La Federación Nacional de Cafeteros registra 34.013 familias dedicadas a esta actividad en Santander, con 55.640 hectáreas cultivadas en 78 municipios. La caficultura genera además alrededor de 42.000 empleos directos en las zonas rurales.Por eso, el comportamiento del clima durante las próximas semanas será determinante para los productores, especialmente en las zonas donde las fuentes de agua y las lluvias han sido insuficientes.Mientras avanza la recolección, el reto para los cafeteros será sacar adelante una cosecha que comenzó bajo condiciones climáticas diferentes según la zona del departamento, con especial preocupación en los sectores más secos del cañón del Chicamocha.
El Área Metropolitana identificó cerca de 240 hectáreas afectadas por incendios en el Valle de Aburrá. La autoridad ambiental indicó que durante esta temporada con el Fenómeno de El Niño se identificaron más de 150 columnas de incendiosEl seguimiento a los incendios de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales acciones de monitoreo ambiental que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.La entidad ambiental informó que uno de los principales resultados del monitoreo ha sido la identificación y cartografía de aproximadamente 240 hectáreas que presentan cicatrices de incendio, es decir, zonas donde la cobertura vegetal ha quedado afectada como consecuencia de las llamas.A este trabajo se suma la utilización de herramientas de teledetección, ya que de los incendios registrados durante el año, 14 fueron sobrevolados con el propósito de obtener información que contribuya a la atención y análisis de las afectaciones.“Este es un llamado importante porque este fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 90% en que sea un fenómeno muy fuerte, es decir, en los últimos 150 años no hemos tenido registros de un fenómeno del Niño tan fuerte. Frente a los incendios forestales, un llamado importantísimo. La mayoría de incendios forestales reportados en nuestro Valle de Aburrá tienen que ver con la intervención humana”, aseguró la directora del AMVA, Paula Palacio.Otro de los datos destacados por la entidad corresponde a la georreferenciación de 155 columnas de humo, lo que permitió ubicar espacialmente las señales asociadas a posibles incendios y aportar información para el seguimiento de las emergencias.La estrategia hace parte del monitoreo permanente que se desarrolla a través del proyecto SIATA, que mantiene vigilancia 24/7 sobre las condiciones ambientales e hidrometeorológicas del Valle de Aburrá, lo que hace posible identificar posibles escenarios de riesgo, generar alertas y entregar insumos para activar oportunamente los protocolos de respuesta.
Autoridades en Medellín buscan en tres zonas a los responsables del asesinato de Esteban Ramírez. Dentro de los datos que ya tendría en su poder la Policía Nacional, está la identificación de los vehículos que habrían participado en el crimen.El crimen de Esteban Ramírez, el hombre asesinado por robarle joyas y celulares en el barrio Belén Rosales, no solo ha causado indignación en Medellín sino que también ha encendido la preocupación de las autoridades que ya tendrían algunas pistas sobre el asesinato.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se avanza en la investigación y que desde el momento en que se conoció el crimen impartió instrucciones a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para identificar y capturar a los responsables.Según explicó el mandatario, ya existen pistas que están siendo analizadas para tratar de dar con la ubicación exacta de los responsables que aún estarían en la capital de Antioquia.“Estamos encima, hay buenas pistas. Estamos concentrados en tres zonas de la ciudad buscando a los participantes. Pero eso le digo una cosa, esos criminales van a caer y van a pagar y va a haber justicia. No hay derecho. Qué dolor, pero la instrucción mía es muy clara. Estoy pendiente de eso, cada media hora llamando”, aseguró.Gutiérrez también indicó que ha mantenido comunicación con la familia de Esteban Ramírez y que también ha hablado directamente con el director nacional de la Policía Nacional, general Jesús Barrera, para que las labores avancen rápidamente y se capturen a los responsables del asesinato.Uno de los elementos clave de la investigación sería el sistema de videovigilancia de la ciudad, ya que de acuerdo con la información entregada, las autoridades han logrado identificar algunos de los vehículos que presuntamente habrían participado en el crimen.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó los primeros resultados de una auditoría a proyectos de agua y vivienda que, según explicó, fue ordenada desde su llegada a la cartera para revisar el estado de las obras y el uso de los recursos públicos.Uno de los principales hallazgos está relacionado con más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De acuerdo con el ministro, 23 de estos proyectos presentan presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos, lo que pondría en duda su viabilidad.“¿Qué quiere decir esto? Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad. Mientras esos recursos se quedan hoy estancados y amarrados sin viabilidad, otras comunidades siguen esperando agua potable y soluciones para resolver los problemas urgentes”, aseguró el ministro de Vivienda.Otro de los casos revisados es una planta de agua y alcantarillado en La Guajira, en la que se invirtieron más de $8.000 millones. Según la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente cercana de captación de agua, por lo que el ministro cuestionó que se haya construido una planta sin asegurar el recurso que necesita para funcionar y advirtió que podría convertirse en un elefante blanco.En materia de vivienda, Beltrán también se refirió a un proyecto de más de $60.000 millones para construir 327 viviendas, destinadas principalmente a comunidades afro e indígenas de Cauca y Nariño.El proyecto lleva más de cuatro años estancado y, según el ministro, no se ha construido ni entregado una sola vivienda. Sin embargo, sí se habrían ejecutado $143 millones en interventoría.Otro de los casos está en Caquetá, donde se comprometieron más de $3.200 millones para 36 viviendas. La auditoría encontró, según el ministro, indicios de un presunto “gemeleo”: una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias casas. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para determinar qué ocurrió con los recursos.El ministro, finalmente, cuestionó el aumento de la contratación por prestación de servicios en la cartera. Según sus cifras, pasó de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.“Mientras las familias seguían esperando soluciones, la contratación por prestación de servicios en el Ministerio de Vivienda aumentó en más de un 80 por ciento”, aseveró el jefe de la cartera de Vivienda.Beltrán pidió que las autoridades investiguen estos casos y determinen dónde terminaron los recursos, por qué los proyectos no se concretaron y, si se establecen responsabilidades, quiénes deben responder.
