A través de un comunicado emitido por Empresas Públicas de Medellín se informó sobre una crítica situación en límites entre el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño debido a que la minería ilegal estaría poniendo en riesgo la hidroeléctrica Porce III. La advertencia fue realizada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y autoridades locales en los municipios Anorí y Amalfi.Le puede interesar: Según se ha explicado, la situación de riesgo en Porce III se da por actividades mineras no autorizadas, mismas que son desarrolladas por personas sin identificar en los predios de EPM en esta zona del departamento. No obstante, lo realmente preocupante es que las posibles afectaciones en la central hidroeléctrica pondrían en riesgo a la población aguas abajo.El reporte que han entregado hasta ahora las autoridades es que serían 21 las poblaciones en los municipios de Amalfi, Anorí, Nechí, El Bagre y Zaragoza las que estarían en riesgo si es que la situación con Porce III sigue empeorando, ya que las actividades mineras están generando inestabilidad en los taludes y en la infraestructura de la central hidroeléctrica.Además, sobre el río Porce también se destaca que el afluente está sufriendo alteraciones, puesto que se ha incrementado la posibilidad de movimientos en masa y avenidas torrenciales, por lo que se iniciará el desmonte del jarillón construido de forma irregular por los mineros en el cauce del río. Por su parte, el desmonte del jarillón podría generar un incremento temporal en los caudales aguas abajo del río Porce.Finalmente, EPM aseguró que ya inició acciones legales contra los responsables de las actividades mineras para tratar de que estas zonas de explotación sean levantadas y se puedan realizar de buena manera las acciones de mitigación para que se puedan ejecutar los arreglos necesarios para evitar afectaciones en Porce III.
En medio de estrategias y patrullajes de seguridad realizados en las fuentes hídricas del Área Metropolitana, a las orillas del río Medellín, las autoridades capturaron a cuatro hombres entre los 23 y 46 años, que se encontraban utilizando varios elementos para la extracción de minerales, entre estos una retroexcavadora, dos motores, siete motobombas y cuatro dragas.Es importante mencionar que, según el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se identificaron cinco puntos en el municipio de Barbosa, donde se estaba efectuando este tipo de explotación minera bajo la técnica de dragado."Actividades ilegales que estarían realizando mediante técnica de dragado en la ribera del río, a la altura del municipio de Barbosa. Allí se intervinieron cinco puntos de explotación de material de arrastre y material laurífero, los cuales no contaban con el respectivo título minero ni licencia ambiental", mencionó el uniformado.Vale la pena recalcar, que los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, las autoridades han mencionado, que se continuaran realizando este tipo de controles para disminuir el accionar delictivo en los afluentes del Valle de Aburrá.
El caso más reciente se registró en la vereda Las Ánimas, en el municipio de Santo Domingo, donde soldados del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales de la Policía Nacional, intervinieron maquinaria empleada para la extracción ilegal de yacimientos mineros.En el lugar fue encontrada una draga tipo buzo, una plataforma metálica avaluada en más de 10 millones de pesos y un motor tipo diésel, que fueron inutilizados de manera controlada por las autoridades competentes.Este hecho se suma a lo realizado por las autoridades este año, en el que la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ya ha logrado desmantelar cinco minas ilegales y neutralizar seis dragas utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, afectando las finanzas ilegales del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, según se ha establecido a través de investigaciones. Municipios como San Carlos, Marinilla y San Rafael son los principales escenarios de estos logros militares.El Ejército Nacional informó que continuará adelantando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para contribuir a la protección de los recursos naturales. Hasta diciembre, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional había neutralizado 16 acciones de minería ilegal en la subregión Oriente de Antioquia.
Utilizando artefactos explosivos, los mineros que ocupan ilegalmente parte de donde opera la empresa ZijinContinental Gold en el municipio de Buriticá, lograron acceso a la mina Higabra, destruyendo una de las subestaciones eléctricas con el que se garantiza el bombeo de aguas y el flujo de aire limpio al interior de la misma.En los hechos resultó herido el guarda José Miguel Torres, que presenta lesiones físicas y auditivas, tras los cuatro ataques sucesivos en solo seis horas, según denunció la empresa, por lo que ordenó la salida de los trabajadores y la suspensión de una parte de la operación en el área afectada, mientras procede a la evaluación de los daños y a la reparación de los equipos afectados. Al respecto se refirió José Edilberto Lesmes Beltrán, director operativo de Seguridad de la Gobernación de Antioquia."¿Qué es lo que buscan estas personas afectando el suministro de electricidad? Que la empresa no continúe con algo que ellos llaman el retrollenado, que es simplemente ubicar un material específico en las excavaciones que han realizado para evitar que se caiga ese cuerpo rocoso y se presente algo que podamos llamar como una implosión y derrumbe de la misma mina", detalló.Las autoridades locales, departamentales y nacionales ya instalaron un Puesto de Manejo Unificado por los hechos en esta mina en el Occidente de Antioquia. Tanto la Agencia Nacional de Minería como la Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazaron los hechos violentos, a la par que pidieron acciones para que se garantice la seguridad.“Es inaceptable que los grupos ilegales sigan actuando con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.Por ahora, la compañía no descarta la suspensión de sus actividades hasta tanto no se restablezca la normalidad plena de sus operaciones, afectando 1.500 empleados directos, 2.500 contratistas y 12 empresas de formalización minera, para un total de 7.000 personas afectadas en la región, indicó la ACM.Por su parte, la Agencia Nacional de Minería anunció que viene trabajando con los mineros informales y tradicionales del municipio de Buriticá desde 2023; a la par que mantiene contacto con quienes se caracterizaron el año pasado y que expresaron su decisión de formalizarse. "En diciembre pasado, fueron socializadas las cuatro áreas estratégicas mineras, zonas donde, una vez corroborado el potencial minero, se entregarán a grupos de mineros asociados", indicaron en un comunicado.
La Policía Ambiental de Antioquia logró hallar y destruir diferentes maquinas usadas por la Subestructura Géner Morales del Clan del Golfo para extraer oro en un afluente del municipio de Santo Domingo. Las acciones de registro y control fueron realizadas en la vereda Los Naranjos, en donde se logró evidenciar el uso ilícito de la maquinaria.El reporte entregado por las autoridades evidenció que el material destruido se trata de dos dragas tipo buzo, avaluadas en 30 millones de pesos, y cuatro motores, avaluados en 20 millones de pesos. Además, indicaron desde la Policía Ambiental que esta maquinaria tenía la particularidad de poder ser trasladada a otras partes.Por su parte, se estableció que este operativo representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Nordeste del departamento, ya que el grupo delincuencial obtenía rentas por 40 millones de pesos mensuales. Es decir, solamente por la extracción ilícita en el municipio de Santo Domingo se podían obtener ganancias anuales por más de 1.200 millones de pesos.En este sentido y según revelaron las autoridades, los integrantes de la subestructura antes mencionada tenían la capacidad, mediante las dos dragas destruidas, de sacar cerca de 400 gramos de oro al mes.Finalmente, destacaron desde la región que con el desarrollo de esta operación se logra mitigar el impacto ambiental que generan las actividades de explotación ilícitas de yacimientos mineros sobre los afluentes, en este caso, del municipio de Santo Domingo.
Tropas del grupo de Caballería No. 4 Juan del corral, en coordinación con la seccional de carabineros y protección ambiental, realizaron la ubicación y destrucción de equipos utilizados para la extracción ilícita de yacimientos mineros que estaban operando en el río Negro, exactamente en la vereda Salto Abajo del municipio de Marinilla.Entre el material se encontraban, 2 dragas tipo Buzo avaluadas en 24 millones de pesos cada una, 2 clasificadoras de mineral y 3 motobombas Diésel, con un valor comercial de 5 millones de pesos. El mayor Ricardo Pantoja, comandante del grupo de Caballería No. 4 Juan del Corral, le explicó a Blu Radio que estos operativos permiten frenar el grave daño ambiental causado por la minería ilegal en los afluentes."Nosotros hemos destruido bastantes dragas, es la producción que ellos hacen y el daño ambiental que ellos hacen con respecto al sitio donde se encuentran, ya sea en los ríos, ya sea por socavones o en las montañas. Ese daño es el flagelo más grande que tiene sobre la población civil y el medio ambiente", aseguró el uniformado.Vale la pena recalcar, que este año, se han destruido alrededor de 20 dragas ilegales avaluadas entre 300 y 400 millones de pesos, además de laboratorios de clorhidrato, de pasta a base de coca y laboratorios de procesamiento de estupefacientes.También el presidente Gustavo Petro destacó estas acciones como un "golpe" a esta estructura ilegal que delinque en diferentes subregiones de Antioquia.
En el marco de la Operación Sostenida Agamenón, las autoridades desmantelaron estos tres frentes de minería ilegal que generaban la extracción ilícita de 3.000 gramos de oro mensuales, un valor aproximado de más de 1.000 millones de pesos.Los elementos destruidos durante la operación incluyen tres retroexcavadoras, una clasificadora de minerales, dos motobombas y un motor diésel, que tenían un valor cercano a los 1.339 millones de pesos. El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante del departamento de Policía Antioquia, explicó la importancia de esta operación para el departamento."Estas acciones no solo frenan el daño ambiental, sino que también golpean las finanzas criminales del Clan del Golfo, quienes se lucran con la explotación ilícita de yacimientos mineros", expresó el uniformado.Estas acciones buscan frenar el daño ambiental y mitigar los altos niveles de contaminación causados por el vertimiento de sustancias tóxicas, como cianuro y mercurio, en fuentes hídricas que abastecen el cauce del río Samaná y la reserva natural Las Camelias en San Carlos. Estas zonas son reconocidas por su riqueza ecológica y están catalogadas como ecosistemas protegidos en Antioquia.En esta operación participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la Seccional de Investigación Criminal SIJIN DICAR, el Grupo de Operaciones Especiales Rurales y Protección Ambiental, UNIMIL, y Comandos Jungla.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, informó que en próximos días la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expedirá la resolución para el cierre de las minas que hace una década la multinacional Eco Oro abandonó en el municipio de California, Santander. "La Anla va a expedir la medida preventiva por el cierre de los antiguos túneles de Eco Oro, que son precisamente los túneles que son hoy fuente de la minería ilícita en Santander. Se espera que con esto, con la investigación que va en camino se pueda lograr la articulación conjunta del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, para lograr el cierre de los túneles más adelante”, aseguró la ministra. Susana Muhamad, señaló que la minería ilegal también fue combatida en el páramo de Santurbán. "Donde se desmantelaron instalaciones utilizadas para procesar material acuífero. Estas operaciones simulaban legalidad mediante documentación falsa y generaban ingresos de más de 2.000 millones de pesos mensuales".Minambiente informó que en operativos se incautaron materiales contaminantes como mercurio y explosivos en la zona minera de Soto Norte en Santander. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad , anunció la extensión del plazo para participar en la consulta pública del proyecto de resolución que definirá la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. La nueva fecha límite para la participación ciudadana será el 10 de febrero de 2025.La decisión responde a un acuerdo logrado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Ambiente a los municipios de Surata, California y Vetas, donde se dialogó con alcaldes, concejales y actores clave de la región, como titulares mineros, para mejorar la comunicación y facilitar un proceso de consulta transparente sobre las implicaciones de la creación de la reserva temporal.Entre las actividades programadas, se incluyen reuniones con la Secretaría de Ambiente de Bucaramanga, el comité de defensa del páramo de Santurbán y sesiones híbridas abiertas al público. También se realizarán webinars de divulgación y visitas a los municipios de Tona, Charta y Matanza. En paralelo, se acordó con la Corporación Autónoma de Bucaramanga mejorar la comunicación sobre el tema en el Consejo Directivo.
Más de 21,5 millones de metros cúbicos de agua de diferentes ríos y quebradas en el piedemonte costero y pacífico nariñense estuvieron a punto de ser contaminadas luego de que la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, tras una paciente labor de inteligencia, frustraron la entrega de un cargamento de mercurio que iba a ser utilizado en minería ilegal por parte de grupos armados ilegales y bandas que delinquen en diferentes municipios de Nariño.Esta sustancia había sido enviada a través de una empresa de encomiendas. Las autoridades investigan la procedencia de la misma.Según dijo a Blu Radio el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón: “La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional tenía información de que se estaba movilizando en una encomienda esta sustancia, y es así como fueron alertadas nuestras unidades de la Seccional de Carabineros aquí en la ciudad de Pasto, donde se logra hacer un control y la incautación de 34,5 kilos de mercurio”, sostuvo el oficial.Aseguró Calderón que, al momento de realizar la verificación a un carro de transporte de mercancías por parte del personal de la Policía de Tránsito y Transportes, en coordinación con la División de Carabineros de Nariño, se instaló un puesto de control en la vía Panamericana, donde se encontró la sustancia, la cual iba mimetizada entre mercancías cuyo destino serían las minas ilegales del piedemonte y la costa del Pacífico nariñense.Estas sustancias pretendían ser llevadas a sitios donde se utilizarían para minería ilegal. “Lo importante es que nuestra Policía del Agua de la Dirección de Carabineros continúa trabajando por nuestro patrimonio ambiental, el cuidado del agua y de nuestros recursos naturales”, indicó Calderón.Advirtió que estas sustancias son utilizadas para realizar trabajos de extracción de minería ilegal y cuyo uso y transporte se encuentran reglamentados por la Ley 1658 del 15 de julio de 2013.Dijo el oficial que este metal líquido es altamente tóxico y contaminante, el cual es utilizado de manera indiscriminada en la práctica de minería ilegal en suelos y ríos, y es el causante de grandes estragos en la reproducción de los peces. Al ser consumido por la población, puede causar graves e irreversibles daños a la salud.El mercurio fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela