Momentos de inquietud vivieron decenas de habitantes de varios sectores del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, luego de que una fuerte explosión registrada en medio de procedimientos relacionados con actividades mineras ilegales provocara daños en viviendas y otros bienes inmuebles cercanos a la zona de los hechos.Tras percibir una fuerte explosión que retumbó en las infraestructuras, empezaron a conocerse varios reportes sobre grietas y otras afectaciones estructurales en inmuebles de barrios como Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.La situación se habría derivado de la potencia de explosivos utilizados por parte de la policía para realizar el cierre de socavones explotados de manera ilegal y que en la subregión es uno de los principales combustibles para la finanzas de grupos armados.Aunque la Alcaldía aclaró que las circunstancias que originaron los daños son ajenas a la administración local, anunció la activación de un acompañamiento institucional para atender a las personas afectadas y establecer la magnitud de las consecuencias.Hambler Patiño, personero de Segovia, destacó que estos insumos son claves para vincular en demandas a los responsables y así obtener soluciones.“Basado en eso, nosotros tenemos que recibir esas denuncias para vincular a las personas que tengan que ver con estos hechos, pero necesitamos las pruebas suficientes para poder hacer las cosas bien”, señaló Patiño.En respuesta a la emergencia, destacó la administración, funcionarios de las secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico iniciaron recorridos puerta a puerta en los sectores comprometidos. El objetivo es “verificar las alteraciones, recopilar información en terreno y brindar orientación a las familias impactadas por esta situación”, señalaron en un comunicado.De manera paralela, las autoridades adelantan un inventario detallado de los daños en viviendas y predios, así como la georreferenciación de cada caso, con el fin de determinar los niveles de riesgo y definir las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la comunidad.
De acuerdo con el Ejército, la intervención impidió la continuidad de actividades de extracción de oro a gran escala que estarían al servicio del Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza.Como resultado operativo, se estima que la destrucción de la maquinaria evitaría la extracción de más de 12.000 gramos de oro mensuales, lo que representa pérdidas superiores a los 6.000 millones de pesos en rentas criminales.El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional y coordinación de la Fiscalía General de la Nación.Las intervenciones se concentraron en la vereda El Naranjal, donde fueron identificadas las seis unidades mineras que operarían sin permisos ambientales vigentes. Según las autoridades, estas estructuras sostenían la extracción ilegal de oro en la zona rural del municipio.Durante la operación fueron inutilizadas cuatro dragas tipo buzo, dos excavadoras, cuatro motores y cuatro clasificadoras, además de 600 galones de ACPM y cerca de 200 metros de manguera industrial.El material intervenido tendría un valor estimado superior a los 800 millones de pesos, según información oficial del Ejército Nacional. La infraestructura destruida era clave para el funcionamiento de la operación minera ilegal en la región.El Ejército Nacional reiteró que estas acciones también buscan reducir el impacto ambiental generado por la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Agregaron que entre los efectos que se buscan mitigar están, además, la deforestación, la degradación de suelos y la contaminación de fuentes hídricas.
En desarrollo de las acciones por las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá se logró la captura de seis ciudadanos colombianos dedicados presuntamente a actividades de minería ilegal en la región fronteriza del Darién, una situación que deja en evidencia cómo la delincuencia ha logrado captar otras economías ilícitas.La información entregada por las autoridades del vecino país dejan en evidencia que el tráfico de migrantes dejó de ser la actividad ilegal que sostenía a los ilegales y que ahora es la minería lo que le da el sustento a grupos delincuenciales que aprovechan la inhóspita selva para delinquir.Sobre el último operativo, se llevó a cabo en el sector de Mangle, ubicado en la cabecera del río Tuira, aproximadamente a 10 kilómetros de la frontera con Colombia. Tras una compleja incursión en la espesa selva de la zona, los agentes fronterizos lograron ubicar y detener a los seis extranjeros mientras realizaban labores relacionadas con la extracción ilícita de minerales.Larry Solís, director general del SENAFRONT, aseguró que durante la intervención, las autoridades también incautaron trece mulas utilizadas para el transporte de materiales y equipos, además de diversos implementos empleados en las actividades mineras ilegales."Aquí nosotros hemos encontrado hoy una gran devastación, aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. El oro que sale aquí es el oro que se compra en la ciudad, el oro que se compra en otros países. La, el verdadero bloqueo que nosotros tenemos que hacer es aquí, en la frontera, donde se dedican más que todo a al narcotráfico", manifestó el funcionario.Según explicó el alto oficial, el Clan del Golfo ha ampliado su influencia en distintas actividades ilegales en la región y ha sido catalogada como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos, lo que aumenta los operativos contra la estructura criminal.Las autoridades panameñas destacaron que la minería ilegal representa una grave amenaza para los ecosistemas de la selva del Darién, además de generar impactos negativos en las comunidades y favorecer el fortalecimiento de redes criminales transnacionales.
Una nueva tragedia minera enluta al departamento de Santander. Dos trabajadores perdieron la vida tras el colapso de una mina de carbón ubicada en la vereda Plan de Armas, zona rural del municipio de Landázuri.La emergencia fue reportada por habitantes del sector sobre la 1:30 de la tarde del martes 9 de junio, cuando se informó a las autoridades sobre un derrumbe al interior de una mina ilegal donde se encontraban dos personas realizando labores de extracción de carbón.De acuerdo con la información preliminar suministrada por la comunidad, los dos hombres quedaron atrapados bajo una gran cantidad de tierra y rocas, falleciendo presuntamente de manera inmediata debido al colapso de la estructura subterránea.Las difíciles condiciones de acceso han complicado las labores de rescate. La mina está ubicada a cerca de cuatro horas del casco urbano de Landázuri por una vía terciaria destapada, lo que ha dificultado el desplazamiento de los equipos especializados hacia la zona.Hasta el momento, los organismos de emergencia han logrado recuperar uno de los cuerpos, mientras que expertos rescatistas continúan trabajando para ubicar y extraer a la segunda víctima.Otro aspecto que genera preocupación entre las autoridades es que, según versiones entregadas por la comunidad, el socavón donde ocurrió la tragedia estaría operando sin los permisos exigidos por la normatividad minera vigente. Esta información será materia de investigación por parte de los organismos competentes.El accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan cientos de trabajadores en explotaciones mineras de pequeña escala y la necesidad de fortalecer los controles sobre las condiciones de seguridad en este tipo de operaciones en el departamento de Santander.El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, resaltó que el accidente minero evidencia los riesgos de la minería ilegal en el municipio, donde actualmente existen más de 100 bocaminas operando sin supervisión técnica ni protocolos de seguridad, muchas de ellas en condiciones precarias que ya han dejado múltiples víctimas en los últimos años.“Estos yacimientos mineros son altamente peligrosos cuando no se cumplen las normas básicas de seguridad, y este accidente deja en evidencia la urgencia de regular la actividad minera”, agregó el mandatario.El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en Landázuri y supervisen las minas, con el fin de evitar que hechos como este se repitan y garantizar la seguridad de los trabajadores.Las autoridades mantienen el operativo en la zona mientras avanzan las labores de recuperación del segundo cuerpo y se adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del derrumbe.
Un juez de control de garantías envió a prisión a Juan Diego Acosta Yandi, alias "Guatín", señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los principales cabecillas y articuladores de actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Valle del Cauca.De acuerdo con la investigación, Acosta Yandi sería responsable de la extracción ilegal de oro en dos socavones, "Patequeso" y "La Martínez", ubicados en el sector Minas del Socorro, dentro del área protegida de los Farallones de Cali. Las labores mineras se realizaban sin títulos ni permisos ambientales."Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a Acosta Yandi los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica", dice un comunicado emitido por la Fiscalía.La investigación también indicó que el procesado, presuntamente en coordinación con otras personas, habría promovido el uso de explosivos y sustancias tóxicas como mercurio para la extracción del mineral, generando graves afectaciones al agua, el suelo, la flora y la fauna del ecosistema."Así, se logró la captura y judicialización de uno de los señalados articuladores principales de las actividades de minería ilegal en la región, como parte de la estrategia interinstitucional para proteger el ecosistema del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. El hombre aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario", puntualiza el documento.Los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores señalan, además, que el oro extraído era comercializado de manera clandestina en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en el Cauca.
Una amenaza contra los mineros de dos subregiones de Antioquia se conoció, no solo a través de un panfleto, sino a viva voz de una mujer vestida con camuflado y logos del ELN que aparece en un video que circula en las redes sociales.En este documento se señala a algunos empresarios, dueños de minas y de entables mineros de estar respaldados por el Clan del Golfo para ejecutar, en sus palabras, “violentando toda norma ambiental para saquear los territorios”.Allí les reclaman por no pagar extorsiones a esa guerrilla, mientras que pagan el 10 por ciento de su producido al Clan del Golfo, cómo ya lo habían revelado personeros de esa subregión.Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, manifestó que no es justo que de nuevo esté en riesgo el gremio: "Históricamente, todos los gobiernos actuales y anteriores nos han convertido en víctimas de los grupos armados al margen de la ley y del estado mismo, que nos ha revictimizado a través de la destrucción de maquinaria", expuso."Hoy rechazamos contundentemente las amenazas que se vienen dando en el bajo Cauca y el norte de Antioquia por parte del ejército de liberación nacional, ELN, quien nos combina a pagar un impuesto de guerra, quien nos señala de ser auxiliares de los grupos paramilitares, que nos convierte en objetivos militares si generamos un daño ambiental cuando la minería es una de las actividades que más impactos ambientales puede causar a la naturaleza", añadió.Así las cosas, este grupo advierte que los empresarios y dueños de minas deben ponerse al día con el “tributo”, pues de lo contrario su propiedad e integridad será declarado “objetivo militar”."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que intervenga en esta situación y proteja a los mineros nacionales de estas amenazas de extorsión, de objetivos militares, de secuestro, de todas estas actividades que los grupos ilegales hoy han convertido al pequeño minero en Colombia", aseguró Gómez.Pese a la advertencia de defensores de derechos humanos, las autoridades no se han pronunciado ante esta amenaza.
Sigue la ofensiva de las autoridades contra la minería ilegal en Antioquia, una de las principales fuentes de financiación de grupos armados con presencia en diferentes zonas de Antioquia.Este es el caso del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño donde en los municipios de San Luis y Puerto Nare el Ejército propinó un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo con la destrucción de elementos utilizados para estas labores en zona rural.Las acciones desplegadas por parte de tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada intervinieron dos unidades de producción ilegal de oro destruyendo dos excavadoras, tres clasificadoras, cuatro dragas tipo buzo, cinco motores tipo compresor, siete motobombas a combustión, un motor industrial, una planta eléctrica, dos compresores de aire, 1000 galones de ACPM, 600 metros de manguera de succión y cuatro granadas de succión.El coronel Yimmi Mancilla, comandante de la unidad militar encargada del operativo se refirió a las millonarias rentas que presuntamente el grupo ilegal percibía como consecuencia de estas prácticas que a su vez afectan el medio ambiente."Con este resultado operacional se logra la afectación económica de más de 1.000 millones de pesos a esta estructura criminal, la cual obtenía una producción de 10.000 gramos de oro mensuales equivalentes a cinco mil de pesos en el mercado ilegal", apuntó.La minería ilegal desplegada en estas dos zonas generaba una afectación aproximada de seis hectáreas de terreno, la remoción de cerca de 45.000 metros cúbicos de suelo y subsuelo, la deforestación de aproximadamente 4.000 árboles y la contaminación de afluentes y cuencas hídricas cercanas a los lugares de extracción.De acuerdo a autoridades ambientales, el Ejército destacó que la recuperación de estos ecosistemas podría tardar más de 30 años.
Las autoridades de Bucaramanga intensificaron la ofensiva contra la minería ilegal en la escarpa occidental de la ciudad, una problemática ambiental que, según la administración municipal, sigue generando graves afectaciones sobre los ecosistemas y zonas de protección.En lo corrido de 2026, las autoridades han realizado 11 operativos contra estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros y materiales de construcción, dejando un saldo de 27 personas capturadas.El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, aseguró que estas actividades ilegales están causando daños ambientales de gran impacto en la ciudad.“Lastimosamente, nuestra escarpa occidental se está viendo afectada por esta minería ilegal y criminal”, afirmó el funcionario al advertir sobre las consecuencias que estas prácticas generan sobre el terreno y el equilibrio ambiental de la zona.La escarpa occidental de Bucaramanga es considerada un área estratégica por su importancia ambiental y geológica. Durante años, las autoridades han alertado sobre riesgos relacionados con remoción de tierra, erosión y posibles emergencias derivadas de explotaciones clandestinas que se realizan sin licencias ni controles técnicos.De acuerdo con la Alcaldía, los operativos han sido desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría del Interior, la Policía y otras entidades encargadas de la protección ambiental y judicialización de delitos ecológicos.Las autoridades señalaron que el objetivo no solo es realizar capturas, sino avanzar en procesos judiciales contra quienes promueven estas actividades ilícitas. “Vamos a trabajar de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación para judicializar a estas personas”, agregó Pinto Frattali.La administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con minería ilegal, especialmente en sectores cercanos a la escarpa occidental, donde continúan las acciones de vigilancia y control para frenar el deterioro ambiental.
Las graves situaciones relevadas hace pocos días sobre labores de explotación minera ilegal en el predio La Mandinga muy cerca a una base militar en el municipio de Cáceres, han encendido las alarmas de las autoridades quienes en las últimas horas desplegaron acciones contra este delito en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.En un operativo llevado a cabo en horas de la noche, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles con el apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército y el CTI de las Fiscalía, intervinieron 40 unidades productoras mineras.Las tropas hallaron en la zona 40 motores, 20 motobombas, 28 clasificadoras, 1.800 metros de manguera negra y 280 galones de gasolina que eran empleados para estas actividades y fueron destruidos de manera controlada.Desde la Brigada 11 destacaron estas acciones como un duro golpe a las economías ilícitas: el material destruido estaba avaluado en unos 300 millones de pesos, pero además era utilizado para extraer hasta 34 kilos y medio de oro cada mes, lo que representaba ingresos por hasta 18 mil millones de pesos para grupo ilegales como el Clan del Golfo.La intervención de la fuerza pública se lleva a cabo en un contexto de tensión en esta zona del Bajo Cauca antioqueño por las críticas de varios sectores frente al control de las autoridades sobre la minería ilegal en el territorio.Además del fortalecimiento financiero de los grupos armados, estas prácticas generan contaminación en afluentes por causa del mercurio, deforestación masiva en los bosques, suelos degradados y afectación a la biodiversidad de la zona, asuntos que tardarían más de 30 años para su recuperación.Recién se conocieron las denuncias de The New York Times sobre La Mandinga, el Ejército había sostenido que en todo el predio de unas 2.000 hectáreas en propiedad de la SAE, unos 2.500 mineros informales lo habían ocupado desde 2022.Desde la fecha, la institución militar destacó que realizó las denuncias correspondientes y en el transcurso de los años ejecutó 20 intervenciones similares a la reciente donde en varias de ellas incluso hubo asonadas por parte de la población civil.
En una contundente operación contra la explotación ilícita de recursos naturales, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de 23 personas en una mina ilegal de carbón ubicada en zona rural del municipio de San Cayetano, en Norte de Santander.Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de elementos utilizados para esta actividad ilícita, entre ellos 69 barras de explosivo artesanal y 9 barras de explosivo tipo Indugel, además de maquinaria y herramientas como plantas eléctricas, motores, martillos neumáticos, motosierras, taladros mecánicos y equipos de ventilación, entre otros.Según el reporte oficial, estos elementos eran empleados para la extracción ilegal de carbón, una práctica que no solo afecta gravemente el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la vida de quienes participan en estas labores sin las condiciones mínimas de seguridad.En una segunda acción, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, capturaron a un hombre en el sector de Oripaya, en la capital nortesantandereana, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el procedimiento fue incautado un camión que transportaba 16 metros cúbicos de madera tipo bloque aserrada, cuya procedencia ilegal fue evidenciada durante la inspección.Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.Las autoridades de Norte de Santander indicaron que, tras estas intervenciones, se reforzó la presencia militar en las zonas afectadas con el fin de evitar la reactivación de estas actividades ilegales, que en muchas ocasiones están vinculadas a economías criminales y generan graves impactos ambientales.Este operativo se suma a las acciones que adelantan las Fuerzas Militares en el nororiente del país para combatir delitos relacionados con la minería ilegal y la explotación indiscriminada de recursos naturales, problemáticas que han venido en aumento en regiones como Norte de Santander, donde confluyen factores como la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control en zonas rurales.
Luego de la lamentable catástrofe en Venezuela debido a los sismos que ya han generado cientos de muertos, heridos y desaparecidos, las autoridades del vecino país, así como el apoyo emitido desde Colombia, continúan buscando a las personas atrapadas bajo los escombros que dejaron el derrumbe de varios edificios tras el terremoto.De hecho, en Cali, las autoridades y organismos de socorro unen esfuerzos en solidaridad para brindar ayuda a familias damnificadas por el terremoto en territorio venezolano. Desde la seccional Valle de la Cruz Roja se habilitó la línea de emergencia 132 y una línea de WhatsApp para ayudar a los venezolanos que viven en Cali a ubicar a sus familiares.Ante la emergencia, muchas personas han puesto su granito de arena para ayudar a los venezolanos. Una prueba de ello es la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com, misma que busca dar con el paradero de los miles de afectados por el terremoto.En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, Jorge Bastías, quien vive en Buenos Aires Argentina, es el creador de la plataforma y habló sobre cómo funciona este sistema para que los venezolanos puedan encontrar a sus seres queridos tras el terremoto.¿Cómo funciona desaparecidosterremotovenezuela.com?La plataforma nació con el objetivo de encontrar a los afectados por el fuerte terremoto que ocurrió en Venezuela: "Esta plataforma funciona desde el explorador a través del dominio desaparecidosterremotovenezuela.com, cualquier persona desde cualquier dispositivo puede entrar a ella", señaló Jorge Bastías.Según explicó Bastías, la persona que busque contactar o desee información de alguien desaparecido, o en su defecto registrar datos de una persona con quien todavía no ha tenido contacto, lo puede hacer utilizando una fotografía o la última ubicación conocida."Actualmente estamos requiriendo datos muy simples para tratar de contactar a las personas, como puede ser una foto, la última ubicación conocida, los nombres y números de teléfono". Adicionalmente, Bastías afirmó que la búsqueda está asociada con información de organismos como la Cruz Roja, "Hospital Pérez Carreño, Domingo Luciani, Clínico Universitario, Vargas y Periférico de Katia para poder conectar la información y así ubicar la mayor cantidad de personas posibles".Bastías, además, señaló que actualmente existen cerca de 64.000 reportes, de los cuales se han logrado localizar alrededor de 11.000 personas y se siguen sumando organismos para encontrar muchos más desaparecidos en el menor tiempo posible.De esta manera, miles de venezolanos que viven en Colombia y buscan conocer el estado de sus seres queridos en Venezuela tienen en esta plataforma una alternativa para intentar dar con su paradero, luego del terremoto que afecta al país vecino.
Este sábado, 27 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, el ciudadano británico Matthew Foster-Smith, quien era buscado por las autoridades desde hace una semana por el crimen de la modelo cucuteña Natalia Villalba.El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior de su gobierno.Los partidos que pasarán a la oposición, tras la derrota en las elecciones presidenciales, comenzaron su proceso de reorganización de cara a los comicios regionales de 2027.Escuche el programa completo aquí:
En Cali, la comunidad venezolana, autoridades, organismos de socorro y la ciudadanía en general continúan uniendo esfuerzos en solidaridad para brindar ayuda a las familias damnificadas por el terremoto en el vecino país.Desde la seccional Valle de la Cruz Roja, por ejemplo, se habilitó la línea de emergencia 132 y una línea de WhatsApp para ayudar a los venezolanos que residen en la capital vallecaucana a ubicar a sus familiares con quienes todavía no han podido comunicarse.Este sábado, especialmente, se desarrolla una jornada en la plazoleta Jairo Varela, donde se brindará apoyo a quienes aún no tienen información sobre sus seres queridos. También se ofrecerá acompañamiento psicosocial."Si necesitan información para buscar familiares o allegados que estén perdidos en Venezuela, pueden escribir a la línea de WhatsApp 310-279-5325. Esta es una línea de la Cruz Roja Colombiana. Para las personas que quieran hacer donaciones para apoyar a los hermanos venezolanos en medio de esta tragedia, los invitamos a que visiten las redes de la Cruz Roja Colombiana y que lo hagan a través de la Cruz Roja para estar seguros de que lo que aporten llegue al destino indicado", aseguró el alcalde Alejandro Eder.Mientras tanto, la Fundación Unidos Colombia y Venezuela (FunColVen) continúa recolectando ayudas humanitarias en Cali para enviarlas lo más pronto posible a Cúcuta y, desde allí, transportarlas al vecino país. Hay que tener en cuenta que, según el más reciente censo realizado por la Alcaldía, en Cali residen más de 130 mil ciudadanos venezolanos.
Ante la probable llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en Colombia, las empresas ya buscan alternativas para protegerse frente a posibles dificultades en el suministro eléctrico y evitar de esa manera aumentos en sus costos de operación.Una de las soluciones que ha tomado fuerza es combinar la energía solar con sistemas de almacenamiento energético, una tecnología que permite a las empresas generar, guardar y utilizar electricidad de manera más eficiente.Estas herramientas tienen la tarea de reducir la dependencia de la energía eléctrica tradicional y brindar mayor autonomía en los momentos en los que el sistema pueda enfrentar problemas debido a la alta demanda o condiciones climáticas que afecten la generación de energía en el país.El almacenamiento energético y la generación distribuida son algunas de las opciones para las empresas que necesitan garantizar que sus procesos continúen sin interrupciones. Debido a ello, sectores como salud, telecomunicaciones, centros de datos e industria manufacturera aparecen como los más interesados, debido a que una falla eléctrica podría representar pérdidas importantes, así como afectaciones en servicios esenciales.Energía solar reduce consumo de red eléctricaLas empresas pueden implementar soluciones mediante dos modelos principales. El primero es el sistema conectado a la red, conocido como In-Grid, donde la energía solar y el almacenamiento funcionan como apoyo al suministro convencional.Con este modelo, las compañías pueden cubrir parte de su consumo energético y disminuir la cantidad de electricidad que toman directamente de la red pública.Por su parte, la otra alternativa es el sistema autónomo o Off-Grid, diseñado para operar sin depender completamente de la infraestructura eléctrica tradicional. Esta opción puede ser útil para instalaciones ubicadas en zonas apartadas o para actividades que necesitan energía constante durante toda la operación.De acuerdo con especialistas, dependiendo del tamaño del proyecto, las condiciones del lugar y las necesidades de consumo, algunas empresas podrían alcanzar ahorros que cubran hasta el 100 % de sus requerimientos energéticos.Además de la reducción en costos, estas tecnologías ofrecen respaldo ante posibles interrupciones y permiten una administración más eficiente del consumo eléctrico.Empresas se alistan para la llegada del Fenómeno del NiñoLa llegada de un Super Fenómeno del Niño genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la infraestructura energética del país. Por esta razón, varias compañías analizan inversiones que les permitan anticiparse ante escenarios de presión sobre la red.Alexandra Rasch, CEO y fundadora de Caban Energy, explicó que el sector productivo necesita avanzar hacia modelos energéticos más preparados y sostenibles.“Hoy más que nunca es necesario que Colombia fortalezca sus alternativas energéticas y avance hacia modelos más inteligentes que permitan anticiparse a posibles escenarios de presión sobre la red eléctrica”, señaló.La directiva destacó que estas soluciones buscan ayudar a las empresas a mantener sus operaciones incluso en situaciones complejas, mientras se impulsa una infraestructura energética con mayor eficiencia.
Las Fuerzas Militares de Colombia se sumaron a las labores de atención de la emergencia en Venezuela con el envío de personal especializado y equipos de búsqueda y rescate a las zonas afectadas por los terremotos.En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, el jefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica del Comando General de las Fuerzas Militares, el general Adolfo Hernández, explicó que la operación hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional.El oficial informó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana trasladó dos aviones Hércules desde Bogotá hasta Maiquetía, Venezuela, con el equipo Usarcol, conformado por 63 rescatistas, entre ellos personal de Bomberos, Defensa Civil y miembros de las Fuerzas Militares.Además, fueron transportadas 13,4 toneladas de equipos especializados para las labores de búsqueda y rescate. El contingente militar colombiano está integrado por cinco uniformados, cuatro de ellos guías caninos con sus respectivos perros de búsqueda, un oficial veterinario y un suboficial encargado del apoyo logístico.Según explicó el general Hernández, los rescatistas fueron desplegados principalmente en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos, donde concentran los esfuerzos para localizar personas desaparecidas.El alto oficial agregó que el Ejército Nacional mantiene disponible un segundo equipo de respuesta, que podrá ser enviado si las autoridades lo solicitan para reforzar las operaciones en territorio venezolano.Por ahora, la ayuda colombiana se ha centrado en las capacidades de búsqueda y rescate. Sobre el envío de asistencia humanitaria adicional, Hernández precisó que "hasta el momento la ayuda ha sido con los equipos de rescate y los equipos propios que tienen para su actividad y el desarrollo de las búsquedas", mientras se evalúan las necesidades planteadas por las autoridades venezolanas.Al finalizar la entrevista, el general expresó la solidaridad de Colombia con las víctimas de la tragedia y reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares con la atención de la emergencia. "Nuestra misión es contribuir a salvar vidas y contribuir a aliviar el sufrimiento", concluyó.Escuche la entrevista completa aquí: