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El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se refirió a la investigación formal que adelanta esa entidad por un presunto detrimento patrimonial que supera los 500 millones de dólares y que se habría producido por la venta de acciones de la compañía TGI, propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá.
Según Granados, la compañía “toma la decisión de vender el 32 por ciento de acciones en 400 millones de dólares, y 3 años después la recompra en 880 millones de dólares”, lo que equivaldría a un incremento del 120 por ciento más, sumando gastos de asesorías entre otros.
“Por eso determina la Contraloría una investigación formal por presunto detrimento patrimonial por 530 millones de dólares”, señaló el funcionario.
Granados busca establecer si la ganancia ocasional fue reportada dentro de esta suma, de lo contrario, el presunto detrimento patrimonial podría incrementarse significativamente.
Así mismo, la investigación, que ya pasó por la auditoría de la Contraloría en 2015 para consolidarse en 2016, intenta determinar por qué la transacción se hizo en el exterior privando de los beneficios que significaba una operación de ese monto a los intereses de la capital e la república.
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