Consejo de Estado ordena recuperación ambiental de barrios de invasión en Cartagena

El Consejo de Estado le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE, iniciar un plan de recuperación ambiental de los terrenos ocupados ilegalmente en las veredas Mirlanda y Villagloria en Cartagena. Luego de que el alto tribunal ordenara suspender el desalojo de casi 500 familias que habitan en las veredas Marlinda y Villagloria, considerados barrios de invasión, ahora ordena a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique ejecutar un plan de recuperación ambiental de los terrenos de bajamar ocupados ilegalmente. “Ordenar a la Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique – CARDIQUE, en coordinación con el DISTRITO DE CARTAGENA, que dentro del mes siguiente a la restitución efectiva del espacio público ocupado por las comunidades del Marlinda y Villagloria en el sector ubicado en el corregimiento de la Boquilla, realice los estudios técnicos, proceso de contratación, gestiones financieras y administrativas necesarias para darle cumplimiento a las actividades que se relacionan en el presente ordinal, sin que exceda de seis (6) meses; debiendo ejecutar las actividades en su totalidad dentro de los dieciocho (18) meses siguientes al vencimiento del término anterior”, añade el texto. Para ejecutar dicho plan, el Consejo de Estado dio un plazo de 6 meses a la entidad para llevar a cabo los estudios que permitan la reforestación, estabilización y conservación de los suelos y la fauna de este lugar. Así mismo, le pide a la entidad y al Distrito de Cartagena que incluya este plan de recuperación ambiental “dentro de los planes, programas y/o proyectos, así como en el presupuesto de dichas entidades, para los períodos o vigencias que fueren necesarias”. Cabe recordar que esta acción, bajo la ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, se toma luego de que el Consejo de Estado ordenara recuperar los predios ilegalmente ocupados por las comunidades de Mirlanda y Villagloria, en zonas de bajamar y reubicar a cerca de 500 familias que habitaban en la zona desde hace más de 20 años debido al peligro que estaban corriendo por habitar en estos predios.