Por incumplir un fallo de tutela que ordenaba la protección de una activista político, un juzgado administrativo de la ciudad de Medellín multó a tres funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entre ellos a su director Augusto Rodríguez.Se trata de una medida que había sido incumplida en favor de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses había denunciado atentados en su contra.Uno de ellos ocurrió a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en San Pedro de Urabá.Tras haberse declarado el incumplimiento de la tutela que buscaba medidas para proteger la integridad de Alvarán, mismo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ahora el director Rodríguez; Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo: y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, deberán asumir una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.En la decisión, el despacho judicial también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General y la Fiscalía contra los mismos tres funcionarios para que estas entidades indaguen si tras el incumplimiento de la decisión de tutela hay lugar a algún tipo de delito o falta disciplinaria que amerite en primera instancia investigarse.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rechazó los señalamientos realizados por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, durante una diligencia judicial en el Complejo de Paloquemao.En un comunicado, la defensa calificó como “infundadas” las afirmaciones del funcionario y cuestionó la actuación de la UNP frente al esquema de seguridad asignado al dirigente político, al considerar que fue insuficiente para prevenir el atentado.Según los abogados, Miguel Uribe había solicitado oportunamente el refuerzo de su esquema de protección, incluyendo medidas para su núcleo familiar. Sin embargo, aseguran que la entidad solo autorizó una protección limitada, con tres hombres para un grupo de siete personas."Debe recordarse que, en los días posteriores al atentado, el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta posición ha sido modificada, dando lugar a versiones contradictorias que hoy derivan en intentos de trasladar responsabilidades hacia otras instituciones, como la Policía Nacional, pese a que el mismo director ha manifestado no conocer la entrevista de evaluación de riesgo ni haber recibido traslado de la misma", señaló el comunicadoAsimismo, rechazaron cualquier insinuación de manipulación por parte de la familia de la víctima o de las autoridades judiciales, advirtiendo que este tipo de declaraciones afectan la dignidad de las víctimas y generan confusión en la opinión pública.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien cuestionó la rapidez con la que se otorgaron medidas de protección a Juliana Guerrero y aseguró sentirse desprotegida.A través de un pronunciamiento oficial, la UNP aclaró que la funcionaria sí cuenta con un esquema activo y negó que exista abandono institucional. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, afirmó Augusto Rodríguez.Según explicó el director de la entidad, Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que dejó su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la UNP recibió la solicitud formal de protección y, cinco días después, el 28 de enero, aprobó un esquema de emergencia mediante resolución.El director agregó que durante la implementación se ofrecieron medidas adicionales, entre ellas apoyo psicológico, acceso a la línea de emergencia Vida 103 y recomendaciones preventivas. Sin embargo, aseguró que algunas de estas alternativas no fueron requeridas por la funcionaria. “La doctora Rodríguez manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía”, sostuvo.Además, señaló que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que la funcionaria aceptó oficialmente las medidas asignadas. “El esquema otorgado es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”, afirmó.En materia presupuestal, Rodríguez explicó que los esquemas de protección para funcionarios públicos se financian mediante convenios entre la UNP y las entidades estatales correspondientes. En este caso, aseguró que se firmó un acuerdo con el Fondo Adaptación por 250 millones de pesos destinados al suministro de elementos de seguridad.También reveló que se incluyó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos. “Ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”, enfatizó.Las declaraciones surgieron luego de que Angie Rodríguez cuestionara la velocidad con la que, según ella, se habría aprobado protección para Juliana Guerrero. En respuesta, Augusto Rodríguez aseguró que el trámite obedeció a una solicitud institucional y recordó que la petición fue remitida por la propia Angie Rodríguez cuando ocupaba un cargo en Presidencia.“Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, afirmó.El director de la UNP sostuvo que la solicitud incluía enlaces y referencias que, según el documento radicado, justificaban un riesgo potencial para Guerrero. “A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo, en dicha solicitud expone un listado de links de los que se derivan riesgos que, a su juicio, ameritaban protección. Curiosa contradicción”, manifestó.Finalmente, Augusto Rodríguez confirmó que actualmente se adelanta una reevaluación del nivel de riesgo de Juliana Guerrero, debido a que ya no es funcionaria pública y pasó a ser considerada activista política. Según indicó, el estudio definirá si mantiene o modifica las medidas de seguridad asignadas.¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre el Gobierno Petro?Reviva la entrevista completa con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia tras la revelación de videos y audios de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que quedarían en evidencia presuntos contactos entre el exdirector de la UIAF, Jorge Lemus, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.Las grabaciones, que incluyen encuentros en Cartagena, apuntan a un posible entramado de conversaciones orientadas a gestionar beneficios judiciales para Marín. Según el material revelado, varios emisarios habrían actuado como intermediarios entre el Gobierno y el señalado contrabandista. Uno de ellos sería Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al petrismo desde la campaña, quien además fue mencionado por Augusto Rodríguez en un señalamiento por presunta extorsión, relacionado con un video que evidenciaría la devolución de 500 millones de pesos que Diego Marín habría intentado aportar a la campaña presidencial.De acuerdo con el abogado Ramírez, Devesa habría servido como canal de comunicación con el Ejecutivo: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.Otro de los nombres que aparece es el de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien aseguró en 6AM que participó en una reunión con Marín en Europa en 2024, por orden del presidente. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, afirmó.En los audios, el abogado también le manifestó a Lemus que, supuestamente, desde el Gobierno se habrían planteado propuestas a través de Beltrán para intervenir en temas de orden público en Buenaventura y Tuluá: “A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.Además, se menciona como posible intermediario a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un contacto que habría sido facilitado por Gloria Arias, exfiscal: “Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, señaló el abogado.El jurista también afirmó que sostuvo un encuentro con un asesor de Rodríguez que buscaba obtener información: “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.Uno de los puntos más delicados revelados en los audios es una conversación en la que Lemus plantea posibles beneficios para Marín en caso de regresar al país: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y responda por lo que hay que responder? ¿Qué necesita de parte nuestra como Presidencia de Estado? (…) Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Posteriormente, ante el temor de una posible extradición a Estados Unidos, Lemus le habría sugerido la posibilidad de incluir a Marín en la política de “paz total”: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Tras la divulgación de los audios, Lemus aseguró en Noticias Caracol que él mismo ordenó grabar la conversación para evitar señalamientos indebidos: “Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario”.También sostuvo que habló previamente con el presidente antes de los contactos y que el acercamiento no prosperó: “Yo hablé con el presidente antes de contactarme con ellos. Finalmente no se dio, no se dio”.Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez aseguró, a través de un mensaje de texto, que fue el Gobierno quien buscó el acercamiento: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indicó en respuesta a Noticias Caracol.
La Fiscalía retiró este lunes la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El organismo detalló en un comunicado que cambió su decisión de imputarlo, anunciada este mismo lunes, porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla."Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director", agregó la información.En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lanzó graves señalamientos contra el ministro de Justicia encargado y jefe de la oficina de transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. Rodríguez sugirió que existe un trasfondo de posibles irregularidades y tráfico de influencias que vinculan a Idárraga con presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y con el proceso judicial que recientemente enfrentó el director de la UNP.Presiones en la SAE y cuestionamientos éticosRodríguez afirmó haber informado al presidente Gustavo Petro sobre situaciones relacionadas con Idárraga que, a su juicio, no se alinean con la ética gubernamental. El director de la UNP mencionó específicamente la existencia de "presiones" ejercidas por Idárraga en la SAE, señalando que sería necesario investigar su gestión frente a dicha entidad. "Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente", declaró Rodríguez."No quiero ahondar en esto porque ya implica, yo no tengo plenas pruebas, pero tengo algunos elementos que... algunas presiones que en la SAE ha habido ha hecho presiones, ya solamente puedo decir ha hecho presiones a la SAE", señaló.Hipótesis de tráfico de influencias en la FiscalíaEl director de la UNP vinculó estas tensiones internas con la reciente imputación de cargos en su contra —retirada posteriormente— por supuestas omisiones en la seguridad del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Según Rodríguez, una de sus hipótesis es que el ministro Idárraga pudo haber utilizado su influencia, a través de su esposa, quien ocupa un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía, para promover dicha imputación como una forma de retaliación. Rodríguez cuestionó la celeridad de una imputación sin haber sido escuchado previamente en interrogatorio, calificando la situación como "algo raro"."Él tiene pues la esposa de él sabemos que tiene un alto cargo en el área jurídica de la fiscalía y entonces la segunda opción que yo llego a pensar es que de pronto él haya hecho algún movimiento... buscando por qué se está dando esta situación de que a mí no me están escuchando y sí me mandan, me dictan una imputación", dijo. El caso Miguel Uribe Turbay y el vacío normativoRespecto a la seguridad de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez sostuvo que la UNP cumplió con los manuales y convenios establecidos con el Congreso. Argumentó que, al momento de los hechos, Uribe ostentaba la calidad de "precandidato", una figura que, según el funcionario, no existía en el lenguaje electoral ni en los decretos de protección del Estado en ese entonces. Rodríguez enfatizó que las solicitudes de refuerzo no llegaron formalmente a la UNP y que la protección de precandidatos solo se reglamentó mediante una modificación del Ministerio del Interior tras el magnicidio.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión, al considerar que no habría atendido de manera oportuna los llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La diligencia fue solicitada ante un juez de control de garantías y está relacionada con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado que terminó con la vida del líder político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a las advertencias existentes sobre los riesgos que enfrentaba el precandidato.Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, al tratarse de la entidad encargada de diseñar, asignar y supervisar los esquemas de seguridad de personas en situación de riesgo, entre ellas dirigentes políticos. Las circunstancias que rodearon el atentado llevaron a cuestionamientos sobre la suficiencia y el funcionamiento del dispositivo de protección asignado a Miguel Uribe Turbay.En los días posteriores al crimen, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a posibles fallas en la protección del entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó el mandatario, al advertir sobre alertas que, según dijo, ya se conocían antes del atentado.A estas preocupaciones se sumaron las explicaciones entregadas por las autoridades sobre la conformación del esquema de seguridad. Tras los hechos, se confirmó que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día del atentado, reconociendo oficialmente, una situación que también generó cuestionamientos sobre la planeación y cobertura del dispositivo de protección.Mientras avanza la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la seguridad del precandidato, la Fiscalía General de la Nación continúa desarrollando el proceso penal por el atentado. A siete meses del crimen, el ente acusador ha gestionado varios preacuerdos con presuntos responsables, en una estrategia orientada a esclarecer los hechos, reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.Dentro de ese proceso se logró la sanción del menor conocido como alias 'Tianz', quien disparó contra el senador, así como la captura de alias 'Chipi', señalado como una de las piezas fundamentales en la coordinación del plan criminal. Las investigaciones también han permitido avanzar en la identificación de otros involucrados y en la consolidación del material probatorio.
A la salida de una reunión de la comisión de coordinación y recomendaciones de medidas de protección para el proceso electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que si bien se ha garantizado la seguridad y los esquemas con carros blindados para cerca de 59 candidatos presidenciales, no hay suficientes vehículos para cubrir la alta demanda.“Se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante, pero también hay otra conclusión negativa: lo que más se pide para seguridad siempre son carros blindados y resulta que, de los cuatro grupos disgregados para hacer la licitación, solamente se presentaron en un grupo para vender o alquilar carros. Con lo cual empieza a ser deficiente la seguridad, pero no es por culpa del Gobierno que ha hecho toda clase de 'maromas' para obtener los recursos”, afirmó Benedetti.El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, señaló que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.“Hay una una avalancha de solicitudes y la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. Los vehículos convencionales, todos los cuatro grupos resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación. Los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos", señaló Rodríguez. Por su parte, el brigadier general, Andrés Serna, encargado del Plan Democracia, aseguró que si bien en el 96 % de los municipios no se presentan riesgos en el marco del proceso electoral, sí le pidió a los precandidatos anunciar previamente sus desplazamientos para que con Policía e inteligencia se determinen las acciones de seguridad y, se tomen las recomendaciones y medidas del caso.
Cerca de 50 congresistas le pidieron al Gobierno nacional retirar los GPS de los carros que hacen parte de sus esquemas de protección. La solicitud llegó a los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y argumentaban que estos fueron puestos sin autorización, violan la intimidad y ponen en riesgo su seguridad. También pidieron claridad sobre quién accede a la información de su ubicación, como se administra y si tiene cadena de custodia.Blu Radio conversó al respecto con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien revelo que no eliminarán estos dispositivos y negó que haya existido algún tipo de filtración con GPS que permitiera que el senador Miguel Uribe Turbay fuera objeto de seguimientos antes de su atentado. Pregunta: Los congresistas dicen que hay violación a la intimidad y riesgo en su seguridad por los GPS en los vehículos blindados, ¿Qué decir de esto?R: Los GPS son los dispositivos que permiten la localización de un vehículo en caso de emergencias. Vienen con los vehículos desde el momento en que son contratados por la UNP a las empresas que lo suministran, no se pone posterior a la asignación de las medidas. Hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar. Esa discusión incluso ha estado en CIDH, pero la Corte nunca ha dicho que sea indispensable retirar los GPS porque se entiende que hace parte de la seguridad de la persona. Si una persona desaparece con el esquema, pasadas unas horas se activa un proceso de búsqueda que incluye usar esta herramienta. No sobra ni es utilizada para la violación de la intimidad de los protegidos. Eso ha servido para la recuperación de muchos vehículos, la semana pasada nos robaron 4 en el Cauca. Algunas veces los logramos recuperar.Pregunta: ¿Quién accede a esta información sobre la ubicación y los desplazamientos de los protegidos?R: La información permanece dentro del GPS. No se consulta a menos que se demuestre que el vehículo fue utilizado en una acción ilegal y la Fiscalía lo pida. Ahí ellos pueden observar el historial que guarda. Esa información está en manos de la UNP, no de las empresas. Quedan muy pocas, las antiguas, que aún tienen control en eso. (…) tenemos la necesidad de que en algún momento las autoridades puedan usar esa herramienta o para buscar a la persona o para revisar si hay alguna acción ilegal contra el esquema o algunas personas que cometen irregularidades con los vehículos.Pregunta: ¿En el caso del senador Miguel Uribe hubo filtración de esa información del GPS de su vehículo?R: Nunca hubo ningún reporte, el esquema se manejaba en el ámbito del propio protegido. Estaba su jefe de seguridad de la policía y ninguna autoridad pidió verificación y no tuvo denuncias en Fiscalía para que ese sistema GPS pudiera ser observado.Pregunta: ¿Van a retirar los GPS de los vehículos que brindan protección?R: Para retirarlos habría que modificar las normas de protección y por el momento no se ha pensado en eso. Si las personas están utilizando sus vehículos para cosas lícitas, no tienen nada que temer. Nunca se pasan reportes, ninguna entidad o autoridad observa los GPS de los vehículos.
Una investigación que se extendió desde el Bajo Cauca hasta el Valle de Aburrá terminó con la captura de un hombre señalado por las autoridades de liderar las acciones criminales del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata de Duván Andrés Chica Sánchez, conocido con el alias de ‘Gomelo’, quien fue requerido en el sector Nueva Jerusalén del municipio de Bello. Según el expediente conocido por las autoridades, contra Chica Sánchez existían tres órdenes de captura por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado.La investigación también lo relaciona con cuatro homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato durante 2022, hechos que estarían relacionados con disputas armadas por el control territorial y de actividades ilícitas.Durante aproximadamente 11 años alias ‘Gomelo’ habría tenido presencia en municipios como Caucasia, Cáceres y Tarazá, donde, de acuerdo con las autoridades, ejecutó actividades relacionadas con el procesamiento y comercialización de cocaína con el cobro de extorsiones a comerciantes.La inteligencia policial estableció además que el señalado cabecilla habría llegado al Valle de Aburrá buscando permanecer oculto en sectores periféricos y establecer contactos con organizaciones criminales locales. El objetivo habría sido ampliar las capacidades financieras y logísticas de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.Durante la diligencia a este hombre le fue incautado un celular, que quedó bajo custodia de las autoridades para ser sometido a análisis técnico y forense para vincular eventualmente material probatorio al proceso judicial en su contra.
El despliegue de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño durante los últimos días tras la fuga de una decena de reclusos de la estación de Policía de Caucasia, ya empezó a dar resultados con la recaptura del primero de ellos.Se trata de Faiber Antonio Bassa Terán, quien fue nuevamente requerido por uniformados adscritos a la Brigada 14 del Ejército en el corregimiento Guarumo del municipio de Cáceres.Bassa Terán permanecía recluido en la sala temporal de las instalaciones policiales sindicado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo, pero ahora también deberá responder por el cargo de fuga de presos.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, detalló que en la madrugada del pasado 14 de septiembre los fugados habrían utilizado seguetas para cortar o vulnerar la cadena que aseguraba una de las rejas y posteriormente ejercieron fuerza para abrirla y salir del lugar."Al parecer hubo una utilización de elementos como una segueta, con la cual violentaron la cadena y botaron al candado. Ahí se articuló el plan candado, municipios vecinos con Córdoba, y también, pues se adelantan las investigaciones pertinentes que que nos llegan a nosotros a saber cuáles fueron los motivos reales de esta fuga", declaró.Sobre los restantes nueve fugados se mantiene vigente la recompensa ofrecida por la Gobernación de Antioquia de 50 millones de pesos que permita su recaptura, para la cual persisten acciones de registro y control no solo en el Bajo Cauca, sino en municipios limítrofes con el sur de Córdoba.Uno de los sujetos con mayor prioridad por parte de las autoridades es Arley Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, señalado cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.
Autoridades en Medellín evidenciaron un aberrante caso de abusos sexual contra menores de edad por parte de un hombre de 26 años que aparentemente las engañaba para cometer estos delitos.Aunque el presunto victimario, identificado como Bryan Stiven Sanmiguel fue capturado en el centro de la ciudad, los hechos ocurrieron en el sector de Robledo donde habría utilizado como mecanismo para acercarse a las víctimas la confianza que mantenía con una de ellas.Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habría convencido a la conocida para que, junto con una compañera de 12 años, ambas estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Las Margaritas, no ingresaran a clases y fueran hasta su vivienda. Allí se habrían producido los hechos que son materia de investigación."Nosotros no vamos a permitir que queden en la impunidad quienes se aprovechen de la confianza de nuestros menores o les hacen algo malo. Con nuestros niños y niñas no se puede meter nadie, no tienen ni el perdón de dios, y tampoco tienen nuestro perdón", indicó.Las autoridades detallaron que Sanmiguel, quien ahora deberá responder por el delito de de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, también registra anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y falsedad marcaria.Con todo el acervo probatorio recopilado, ahora será un juez de control de garantías que determine la situación judicial del capturado y si debe ir a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.Resultado del Chontico Día hoy, jueves 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Cómo jugar el chance Chontico DíaEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifraEstas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.Cuánto cuesta apostarEl Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosCómo reclamar un premio del Chontico DíaEl proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadSegún el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFTMayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 85 personas en diferentes puntos de Cali, Valle del Cauca, como parte de las actividades investigativas adelantadas contra grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad.Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de este jueves, a partir de análisis criminales desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional y la presencia del Presidente Abelardo de la Espriella.De acuerdo con la Fiscalía, estos análisis permitieron identificar puntos de injerencia de los grupos investigados y establecer los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados, entre ellos homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.En total fueron realizadas 103 diligencias de registro y allanamiento, dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’.De las 85 capturas reportadas, 73 fueron realizadas mediante órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía.Durante los procedimientos también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de las autoridades. Entre ellos se encuentran dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal y cuatro proveedores de fusil.Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de 25 teléfonos celulares, 14.093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.La Fiscalía indicó que las diligencias hacen parte de las investigaciones adelantadas para establecer las actividades en las que estarían involucradas las estructuras identificadas y su relación con los hechos delictivos priorizados en la ciudad.En las próximas horas, los fiscales de la Seccional Cali presentarán a las personas capturadas ante jueces de control de garantías. En esas audiencias, la Fiscalía prevé imputarles delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.