Por incumplir un fallo de tutela que ordenaba la protección de una activista político, un juzgado administrativo de la ciudad de Medellín multó a tres funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entre ellos a su director Augusto Rodríguez.Se trata de una medida que había sido incumplida en favor de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses había denunciado atentados en su contra.Uno de ellos ocurrió a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en San Pedro de Urabá.Tras haberse declarado el incumplimiento de la tutela que buscaba medidas para proteger la integridad de Alvarán, mismo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ahora el director Rodríguez; Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo: y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, deberán asumir una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.En la decisión, el despacho judicial también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General y la Fiscalía contra los mismos tres funcionarios para que estas entidades indaguen si tras el incumplimiento de la decisión de tutela hay lugar a algún tipo de delito o falta disciplinaria que amerite en primera instancia investigarse.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rechazó los señalamientos realizados por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, durante una diligencia judicial en el Complejo de Paloquemao.En un comunicado, la defensa calificó como “infundadas” las afirmaciones del funcionario y cuestionó la actuación de la UNP frente al esquema de seguridad asignado al dirigente político, al considerar que fue insuficiente para prevenir el atentado.Según los abogados, Miguel Uribe había solicitado oportunamente el refuerzo de su esquema de protección, incluyendo medidas para su núcleo familiar. Sin embargo, aseguran que la entidad solo autorizó una protección limitada, con tres hombres para un grupo de siete personas."Debe recordarse que, en los días posteriores al atentado, el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta posición ha sido modificada, dando lugar a versiones contradictorias que hoy derivan en intentos de trasladar responsabilidades hacia otras instituciones, como la Policía Nacional, pese a que el mismo director ha manifestado no conocer la entrevista de evaluación de riesgo ni haber recibido traslado de la misma", señaló el comunicadoAsimismo, rechazaron cualquier insinuación de manipulación por parte de la familia de la víctima o de las autoridades judiciales, advirtiendo que este tipo de declaraciones afectan la dignidad de las víctimas y generan confusión en la opinión pública.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien cuestionó la rapidez con la que se otorgaron medidas de protección a Juliana Guerrero y aseguró sentirse desprotegida.A través de un pronunciamiento oficial, la UNP aclaró que la funcionaria sí cuenta con un esquema activo y negó que exista abandono institucional. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, afirmó Augusto Rodríguez.Según explicó el director de la entidad, Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que dejó su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la UNP recibió la solicitud formal de protección y, cinco días después, el 28 de enero, aprobó un esquema de emergencia mediante resolución.El director agregó que durante la implementación se ofrecieron medidas adicionales, entre ellas apoyo psicológico, acceso a la línea de emergencia Vida 103 y recomendaciones preventivas. Sin embargo, aseguró que algunas de estas alternativas no fueron requeridas por la funcionaria. “La doctora Rodríguez manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía”, sostuvo.Además, señaló que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que la funcionaria aceptó oficialmente las medidas asignadas. “El esquema otorgado es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”, afirmó.En materia presupuestal, Rodríguez explicó que los esquemas de protección para funcionarios públicos se financian mediante convenios entre la UNP y las entidades estatales correspondientes. En este caso, aseguró que se firmó un acuerdo con el Fondo Adaptación por 250 millones de pesos destinados al suministro de elementos de seguridad.También reveló que se incluyó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos. “Ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”, enfatizó.Las declaraciones surgieron luego de que Angie Rodríguez cuestionara la velocidad con la que, según ella, se habría aprobado protección para Juliana Guerrero. En respuesta, Augusto Rodríguez aseguró que el trámite obedeció a una solicitud institucional y recordó que la petición fue remitida por la propia Angie Rodríguez cuando ocupaba un cargo en Presidencia.“Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, afirmó.El director de la UNP sostuvo que la solicitud incluía enlaces y referencias que, según el documento radicado, justificaban un riesgo potencial para Guerrero. “A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo, en dicha solicitud expone un listado de links de los que se derivan riesgos que, a su juicio, ameritaban protección. Curiosa contradicción”, manifestó.Finalmente, Augusto Rodríguez confirmó que actualmente se adelanta una reevaluación del nivel de riesgo de Juliana Guerrero, debido a que ya no es funcionaria pública y pasó a ser considerada activista política. Según indicó, el estudio definirá si mantiene o modifica las medidas de seguridad asignadas.¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre el Gobierno Petro?Reviva la entrevista completa con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia tras la revelación de videos y audios de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que quedarían en evidencia presuntos contactos entre el exdirector de la UIAF, Jorge Lemus, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.Las grabaciones, que incluyen encuentros en Cartagena, apuntan a un posible entramado de conversaciones orientadas a gestionar beneficios judiciales para Marín. Según el material revelado, varios emisarios habrían actuado como intermediarios entre el Gobierno y el señalado contrabandista. Uno de ellos sería Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al petrismo desde la campaña, quien además fue mencionado por Augusto Rodríguez en un señalamiento por presunta extorsión, relacionado con un video que evidenciaría la devolución de 500 millones de pesos que Diego Marín habría intentado aportar a la campaña presidencial.De acuerdo con el abogado Ramírez, Devesa habría servido como canal de comunicación con el Ejecutivo: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.Otro de los nombres que aparece es el de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien aseguró en 6AM que participó en una reunión con Marín en Europa en 2024, por orden del presidente. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, afirmó.En los audios, el abogado también le manifestó a Lemus que, supuestamente, desde el Gobierno se habrían planteado propuestas a través de Beltrán para intervenir en temas de orden público en Buenaventura y Tuluá: “A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.Además, se menciona como posible intermediario a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un contacto que habría sido facilitado por Gloria Arias, exfiscal: “Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, señaló el abogado.El jurista también afirmó que sostuvo un encuentro con un asesor de Rodríguez que buscaba obtener información: “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.Uno de los puntos más delicados revelados en los audios es una conversación en la que Lemus plantea posibles beneficios para Marín en caso de regresar al país: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y responda por lo que hay que responder? ¿Qué necesita de parte nuestra como Presidencia de Estado? (…) Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Posteriormente, ante el temor de una posible extradición a Estados Unidos, Lemus le habría sugerido la posibilidad de incluir a Marín en la política de “paz total”: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Tras la divulgación de los audios, Lemus aseguró en Noticias Caracol que él mismo ordenó grabar la conversación para evitar señalamientos indebidos: “Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario”.También sostuvo que habló previamente con el presidente antes de los contactos y que el acercamiento no prosperó: “Yo hablé con el presidente antes de contactarme con ellos. Finalmente no se dio, no se dio”.Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez aseguró, a través de un mensaje de texto, que fue el Gobierno quien buscó el acercamiento: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indicó en respuesta a Noticias Caracol.
La Fiscalía retiró este lunes la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El organismo detalló en un comunicado que cambió su decisión de imputarlo, anunciada este mismo lunes, porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla."Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director", agregó la información.En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lanzó graves señalamientos contra el ministro de Justicia encargado y jefe de la oficina de transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. Rodríguez sugirió que existe un trasfondo de posibles irregularidades y tráfico de influencias que vinculan a Idárraga con presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y con el proceso judicial que recientemente enfrentó el director de la UNP.Presiones en la SAE y cuestionamientos éticosRodríguez afirmó haber informado al presidente Gustavo Petro sobre situaciones relacionadas con Idárraga que, a su juicio, no se alinean con la ética gubernamental. El director de la UNP mencionó específicamente la existencia de "presiones" ejercidas por Idárraga en la SAE, señalando que sería necesario investigar su gestión frente a dicha entidad. "Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente", declaró Rodríguez."No quiero ahondar en esto porque ya implica, yo no tengo plenas pruebas, pero tengo algunos elementos que... algunas presiones que en la SAE ha habido ha hecho presiones, ya solamente puedo decir ha hecho presiones a la SAE", señaló.Hipótesis de tráfico de influencias en la FiscalíaEl director de la UNP vinculó estas tensiones internas con la reciente imputación de cargos en su contra —retirada posteriormente— por supuestas omisiones en la seguridad del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Según Rodríguez, una de sus hipótesis es que el ministro Idárraga pudo haber utilizado su influencia, a través de su esposa, quien ocupa un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía, para promover dicha imputación como una forma de retaliación. Rodríguez cuestionó la celeridad de una imputación sin haber sido escuchado previamente en interrogatorio, calificando la situación como "algo raro"."Él tiene pues la esposa de él sabemos que tiene un alto cargo en el área jurídica de la fiscalía y entonces la segunda opción que yo llego a pensar es que de pronto él haya hecho algún movimiento... buscando por qué se está dando esta situación de que a mí no me están escuchando y sí me mandan, me dictan una imputación", dijo. El caso Miguel Uribe Turbay y el vacío normativoRespecto a la seguridad de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez sostuvo que la UNP cumplió con los manuales y convenios establecidos con el Congreso. Argumentó que, al momento de los hechos, Uribe ostentaba la calidad de "precandidato", una figura que, según el funcionario, no existía en el lenguaje electoral ni en los decretos de protección del Estado en ese entonces. Rodríguez enfatizó que las solicitudes de refuerzo no llegaron formalmente a la UNP y que la protección de precandidatos solo se reglamentó mediante una modificación del Ministerio del Interior tras el magnicidio.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión, al considerar que no habría atendido de manera oportuna los llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La diligencia fue solicitada ante un juez de control de garantías y está relacionada con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado que terminó con la vida del líder político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a las advertencias existentes sobre los riesgos que enfrentaba el precandidato.Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, al tratarse de la entidad encargada de diseñar, asignar y supervisar los esquemas de seguridad de personas en situación de riesgo, entre ellas dirigentes políticos. Las circunstancias que rodearon el atentado llevaron a cuestionamientos sobre la suficiencia y el funcionamiento del dispositivo de protección asignado a Miguel Uribe Turbay.En los días posteriores al crimen, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a posibles fallas en la protección del entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó el mandatario, al advertir sobre alertas que, según dijo, ya se conocían antes del atentado.A estas preocupaciones se sumaron las explicaciones entregadas por las autoridades sobre la conformación del esquema de seguridad. Tras los hechos, se confirmó que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día del atentado, reconociendo oficialmente, una situación que también generó cuestionamientos sobre la planeación y cobertura del dispositivo de protección.Mientras avanza la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la seguridad del precandidato, la Fiscalía General de la Nación continúa desarrollando el proceso penal por el atentado. A siete meses del crimen, el ente acusador ha gestionado varios preacuerdos con presuntos responsables, en una estrategia orientada a esclarecer los hechos, reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.Dentro de ese proceso se logró la sanción del menor conocido como alias 'Tianz', quien disparó contra el senador, así como la captura de alias 'Chipi', señalado como una de las piezas fundamentales en la coordinación del plan criminal. Las investigaciones también han permitido avanzar en la identificación de otros involucrados y en la consolidación del material probatorio.
A la salida de una reunión de la comisión de coordinación y recomendaciones de medidas de protección para el proceso electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que si bien se ha garantizado la seguridad y los esquemas con carros blindados para cerca de 59 candidatos presidenciales, no hay suficientes vehículos para cubrir la alta demanda.“Se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante, pero también hay otra conclusión negativa: lo que más se pide para seguridad siempre son carros blindados y resulta que, de los cuatro grupos disgregados para hacer la licitación, solamente se presentaron en un grupo para vender o alquilar carros. Con lo cual empieza a ser deficiente la seguridad, pero no es por culpa del Gobierno que ha hecho toda clase de 'maromas' para obtener los recursos”, afirmó Benedetti.El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, señaló que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.“Hay una una avalancha de solicitudes y la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. Los vehículos convencionales, todos los cuatro grupos resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación. Los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos", señaló Rodríguez. Por su parte, el brigadier general, Andrés Serna, encargado del Plan Democracia, aseguró que si bien en el 96 % de los municipios no se presentan riesgos en el marco del proceso electoral, sí le pidió a los precandidatos anunciar previamente sus desplazamientos para que con Policía e inteligencia se determinen las acciones de seguridad y, se tomen las recomendaciones y medidas del caso.
Cerca de 50 congresistas le pidieron al Gobierno nacional retirar los GPS de los carros que hacen parte de sus esquemas de protección. La solicitud llegó a los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y argumentaban que estos fueron puestos sin autorización, violan la intimidad y ponen en riesgo su seguridad. También pidieron claridad sobre quién accede a la información de su ubicación, como se administra y si tiene cadena de custodia.Blu Radio conversó al respecto con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien revelo que no eliminarán estos dispositivos y negó que haya existido algún tipo de filtración con GPS que permitiera que el senador Miguel Uribe Turbay fuera objeto de seguimientos antes de su atentado. Pregunta: Los congresistas dicen que hay violación a la intimidad y riesgo en su seguridad por los GPS en los vehículos blindados, ¿Qué decir de esto?R: Los GPS son los dispositivos que permiten la localización de un vehículo en caso de emergencias. Vienen con los vehículos desde el momento en que son contratados por la UNP a las empresas que lo suministran, no se pone posterior a la asignación de las medidas. Hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar. Esa discusión incluso ha estado en CIDH, pero la Corte nunca ha dicho que sea indispensable retirar los GPS porque se entiende que hace parte de la seguridad de la persona. Si una persona desaparece con el esquema, pasadas unas horas se activa un proceso de búsqueda que incluye usar esta herramienta. No sobra ni es utilizada para la violación de la intimidad de los protegidos. Eso ha servido para la recuperación de muchos vehículos, la semana pasada nos robaron 4 en el Cauca. Algunas veces los logramos recuperar.Pregunta: ¿Quién accede a esta información sobre la ubicación y los desplazamientos de los protegidos?R: La información permanece dentro del GPS. No se consulta a menos que se demuestre que el vehículo fue utilizado en una acción ilegal y la Fiscalía lo pida. Ahí ellos pueden observar el historial que guarda. Esa información está en manos de la UNP, no de las empresas. Quedan muy pocas, las antiguas, que aún tienen control en eso. (…) tenemos la necesidad de que en algún momento las autoridades puedan usar esa herramienta o para buscar a la persona o para revisar si hay alguna acción ilegal contra el esquema o algunas personas que cometen irregularidades con los vehículos.Pregunta: ¿En el caso del senador Miguel Uribe hubo filtración de esa información del GPS de su vehículo?R: Nunca hubo ningún reporte, el esquema se manejaba en el ámbito del propio protegido. Estaba su jefe de seguridad de la policía y ninguna autoridad pidió verificación y no tuvo denuncias en Fiscalía para que ese sistema GPS pudiera ser observado.Pregunta: ¿Van a retirar los GPS de los vehículos que brindan protección?R: Para retirarlos habría que modificar las normas de protección y por el momento no se ha pensado en eso. Si las personas están utilizando sus vehículos para cosas lícitas, no tienen nada que temer. Nunca se pasan reportes, ninguna entidad o autoridad observa los GPS de los vehículos.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.
La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la noche del miércoles, un video captado por una cámara de seguridad se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. La grabación muestra el conmovedor gesto de un adulto mayor que, sin pensarlo dos veces, utilizó su propio cuerpo para proteger a su esposa mientras el violento movimiento sacudía su vivienda.El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieran gran parte del territorio nacional con pocos minutos de diferencia. La región costera de La Guaira figura entre las más afectadas, donde las autoridades reportan severos daños en edificaciones, además de un alto número de víctimas y personas atrapadas bajo los escombros.Según los reportes preliminares entregados por los organismos de emergencia, al menos 235 personas fallecieron y más de 4.000 resultaron heridas a causa de los terremotos. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en diferentes sectores, ya que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.En medio de este panorama, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que registraron los angustiosos momentos vividos durante los movimientos telúricos. Sin embargo, una grabación en particular logró conmover a miles de usuarios por el acto de amor y valentía protagonizado por un hombre de la tercera edad.Las imágenes muestran a una pareja de adultos mayores sentada tranquilamente en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, comienzan a sentir el primer temblor. Al percatarse de lo que ocurre, la mujer entra en estado de pánico mientras observa cómo los objetos del lugar empiezan a moverse.Al notar el miedo de su compañera de vida, el hombre se acerca de inmediato para tranquilizarla. Pero cuando el sismo aumenta su intensidad y la vivienda comienza a sacudirse con mayor fuerza, el adulto mayor toma una decisión instintiva: rodea a su esposa con sus brazos y utiliza su cuerpo como un escudo para protegerla de cualquier objeto que pudiera caer.Durante varios segundos permanece abrazándola sin soltarse, soportando el fuerte movimiento hasta que finalmente el terremoto termina. La escena ha sido interpretada por miles de internautas como una muestra del amor incondicional que puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles.El video rápidamente se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde usuarios destacaron la serenidad y el coraje del hombre, calificando su reacción como un ejemplo de solidaridad, compromiso y protección hacia la persona con la que ha compartido su vida.
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello."Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad"."Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.