Por incumplir un fallo de tutela que ordenaba la protección de una activista político, un juzgado administrativo de la ciudad de Medellín multó a tres funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entre ellos a su director Augusto Rodríguez.Se trata de una medida que había sido incumplida en favor de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses había denunciado atentados en su contra.Uno de ellos ocurrió a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en San Pedro de Urabá.Tras haberse declarado el incumplimiento de la tutela que buscaba medidas para proteger la integridad de Alvarán, mismo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ahora el director Rodríguez; Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo: y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, deberán asumir una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.En la decisión, el despacho judicial también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General y la Fiscalía contra los mismos tres funcionarios para que estas entidades indaguen si tras el incumplimiento de la decisión de tutela hay lugar a algún tipo de delito o falta disciplinaria que amerite en primera instancia investigarse.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rechazó los señalamientos realizados por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, durante una diligencia judicial en el Complejo de Paloquemao.En un comunicado, la defensa calificó como “infundadas” las afirmaciones del funcionario y cuestionó la actuación de la UNP frente al esquema de seguridad asignado al dirigente político, al considerar que fue insuficiente para prevenir el atentado.Según los abogados, Miguel Uribe había solicitado oportunamente el refuerzo de su esquema de protección, incluyendo medidas para su núcleo familiar. Sin embargo, aseguran que la entidad solo autorizó una protección limitada, con tres hombres para un grupo de siete personas."Debe recordarse que, en los días posteriores al atentado, el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta posición ha sido modificada, dando lugar a versiones contradictorias que hoy derivan en intentos de trasladar responsabilidades hacia otras instituciones, como la Policía Nacional, pese a que el mismo director ha manifestado no conocer la entrevista de evaluación de riesgo ni haber recibido traslado de la misma", señaló el comunicadoAsimismo, rechazaron cualquier insinuación de manipulación por parte de la familia de la víctima o de las autoridades judiciales, advirtiendo que este tipo de declaraciones afectan la dignidad de las víctimas y generan confusión en la opinión pública.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien cuestionó la rapidez con la que se otorgaron medidas de protección a Juliana Guerrero y aseguró sentirse desprotegida.A través de un pronunciamiento oficial, la UNP aclaró que la funcionaria sí cuenta con un esquema activo y negó que exista abandono institucional. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, afirmó Augusto Rodríguez.Según explicó el director de la entidad, Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que dejó su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la UNP recibió la solicitud formal de protección y, cinco días después, el 28 de enero, aprobó un esquema de emergencia mediante resolución.El director agregó que durante la implementación se ofrecieron medidas adicionales, entre ellas apoyo psicológico, acceso a la línea de emergencia Vida 103 y recomendaciones preventivas. Sin embargo, aseguró que algunas de estas alternativas no fueron requeridas por la funcionaria. “La doctora Rodríguez manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía”, sostuvo.Además, señaló que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que la funcionaria aceptó oficialmente las medidas asignadas. “El esquema otorgado es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”, afirmó.En materia presupuestal, Rodríguez explicó que los esquemas de protección para funcionarios públicos se financian mediante convenios entre la UNP y las entidades estatales correspondientes. En este caso, aseguró que se firmó un acuerdo con el Fondo Adaptación por 250 millones de pesos destinados al suministro de elementos de seguridad.También reveló que se incluyó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos. “Ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”, enfatizó.Las declaraciones surgieron luego de que Angie Rodríguez cuestionara la velocidad con la que, según ella, se habría aprobado protección para Juliana Guerrero. En respuesta, Augusto Rodríguez aseguró que el trámite obedeció a una solicitud institucional y recordó que la petición fue remitida por la propia Angie Rodríguez cuando ocupaba un cargo en Presidencia.“Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, afirmó.El director de la UNP sostuvo que la solicitud incluía enlaces y referencias que, según el documento radicado, justificaban un riesgo potencial para Guerrero. “A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo, en dicha solicitud expone un listado de links de los que se derivan riesgos que, a su juicio, ameritaban protección. Curiosa contradicción”, manifestó.Finalmente, Augusto Rodríguez confirmó que actualmente se adelanta una reevaluación del nivel de riesgo de Juliana Guerrero, debido a que ya no es funcionaria pública y pasó a ser considerada activista política. Según indicó, el estudio definirá si mantiene o modifica las medidas de seguridad asignadas.¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre el Gobierno Petro?Reviva la entrevista completa con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia tras la revelación de videos y audios de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que quedarían en evidencia presuntos contactos entre el exdirector de la UIAF, Jorge Lemus, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.Las grabaciones, que incluyen encuentros en Cartagena, apuntan a un posible entramado de conversaciones orientadas a gestionar beneficios judiciales para Marín. Según el material revelado, varios emisarios habrían actuado como intermediarios entre el Gobierno y el señalado contrabandista. Uno de ellos sería Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al petrismo desde la campaña, quien además fue mencionado por Augusto Rodríguez en un señalamiento por presunta extorsión, relacionado con un video que evidenciaría la devolución de 500 millones de pesos que Diego Marín habría intentado aportar a la campaña presidencial.De acuerdo con el abogado Ramírez, Devesa habría servido como canal de comunicación con el Ejecutivo: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.Otro de los nombres que aparece es el de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien aseguró en 6AM que participó en una reunión con Marín en Europa en 2024, por orden del presidente. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, afirmó.En los audios, el abogado también le manifestó a Lemus que, supuestamente, desde el Gobierno se habrían planteado propuestas a través de Beltrán para intervenir en temas de orden público en Buenaventura y Tuluá: “A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.Además, se menciona como posible intermediario a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un contacto que habría sido facilitado por Gloria Arias, exfiscal: “Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, señaló el abogado.El jurista también afirmó que sostuvo un encuentro con un asesor de Rodríguez que buscaba obtener información: “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.Uno de los puntos más delicados revelados en los audios es una conversación en la que Lemus plantea posibles beneficios para Marín en caso de regresar al país: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y responda por lo que hay que responder? ¿Qué necesita de parte nuestra como Presidencia de Estado? (…) Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Posteriormente, ante el temor de una posible extradición a Estados Unidos, Lemus le habría sugerido la posibilidad de incluir a Marín en la política de “paz total”: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Tras la divulgación de los audios, Lemus aseguró en Noticias Caracol que él mismo ordenó grabar la conversación para evitar señalamientos indebidos: “Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario”.También sostuvo que habló previamente con el presidente antes de los contactos y que el acercamiento no prosperó: “Yo hablé con el presidente antes de contactarme con ellos. Finalmente no se dio, no se dio”.Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez aseguró, a través de un mensaje de texto, que fue el Gobierno quien buscó el acercamiento: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indicó en respuesta a Noticias Caracol.
La Fiscalía retiró este lunes la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El organismo detalló en un comunicado que cambió su decisión de imputarlo, anunciada este mismo lunes, porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla."Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director", agregó la información.En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lanzó graves señalamientos contra el ministro de Justicia encargado y jefe de la oficina de transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. Rodríguez sugirió que existe un trasfondo de posibles irregularidades y tráfico de influencias que vinculan a Idárraga con presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y con el proceso judicial que recientemente enfrentó el director de la UNP.Presiones en la SAE y cuestionamientos éticosRodríguez afirmó haber informado al presidente Gustavo Petro sobre situaciones relacionadas con Idárraga que, a su juicio, no se alinean con la ética gubernamental. El director de la UNP mencionó específicamente la existencia de "presiones" ejercidas por Idárraga en la SAE, señalando que sería necesario investigar su gestión frente a dicha entidad. "Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente", declaró Rodríguez."No quiero ahondar en esto porque ya implica, yo no tengo plenas pruebas, pero tengo algunos elementos que... algunas presiones que en la SAE ha habido ha hecho presiones, ya solamente puedo decir ha hecho presiones a la SAE", señaló.Hipótesis de tráfico de influencias en la FiscalíaEl director de la UNP vinculó estas tensiones internas con la reciente imputación de cargos en su contra —retirada posteriormente— por supuestas omisiones en la seguridad del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Según Rodríguez, una de sus hipótesis es que el ministro Idárraga pudo haber utilizado su influencia, a través de su esposa, quien ocupa un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía, para promover dicha imputación como una forma de retaliación. Rodríguez cuestionó la celeridad de una imputación sin haber sido escuchado previamente en interrogatorio, calificando la situación como "algo raro"."Él tiene pues la esposa de él sabemos que tiene un alto cargo en el área jurídica de la fiscalía y entonces la segunda opción que yo llego a pensar es que de pronto él haya hecho algún movimiento... buscando por qué se está dando esta situación de que a mí no me están escuchando y sí me mandan, me dictan una imputación", dijo. El caso Miguel Uribe Turbay y el vacío normativoRespecto a la seguridad de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez sostuvo que la UNP cumplió con los manuales y convenios establecidos con el Congreso. Argumentó que, al momento de los hechos, Uribe ostentaba la calidad de "precandidato", una figura que, según el funcionario, no existía en el lenguaje electoral ni en los decretos de protección del Estado en ese entonces. Rodríguez enfatizó que las solicitudes de refuerzo no llegaron formalmente a la UNP y que la protección de precandidatos solo se reglamentó mediante una modificación del Ministerio del Interior tras el magnicidio.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión, al considerar que no habría atendido de manera oportuna los llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La diligencia fue solicitada ante un juez de control de garantías y está relacionada con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado que terminó con la vida del líder político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a las advertencias existentes sobre los riesgos que enfrentaba el precandidato.Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, al tratarse de la entidad encargada de diseñar, asignar y supervisar los esquemas de seguridad de personas en situación de riesgo, entre ellas dirigentes políticos. Las circunstancias que rodearon el atentado llevaron a cuestionamientos sobre la suficiencia y el funcionamiento del dispositivo de protección asignado a Miguel Uribe Turbay.En los días posteriores al crimen, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a posibles fallas en la protección del entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó el mandatario, al advertir sobre alertas que, según dijo, ya se conocían antes del atentado.A estas preocupaciones se sumaron las explicaciones entregadas por las autoridades sobre la conformación del esquema de seguridad. Tras los hechos, se confirmó que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día del atentado, reconociendo oficialmente, una situación que también generó cuestionamientos sobre la planeación y cobertura del dispositivo de protección.Mientras avanza la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la seguridad del precandidato, la Fiscalía General de la Nación continúa desarrollando el proceso penal por el atentado. A siete meses del crimen, el ente acusador ha gestionado varios preacuerdos con presuntos responsables, en una estrategia orientada a esclarecer los hechos, reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.Dentro de ese proceso se logró la sanción del menor conocido como alias 'Tianz', quien disparó contra el senador, así como la captura de alias 'Chipi', señalado como una de las piezas fundamentales en la coordinación del plan criminal. Las investigaciones también han permitido avanzar en la identificación de otros involucrados y en la consolidación del material probatorio.
A la salida de una reunión de la comisión de coordinación y recomendaciones de medidas de protección para el proceso electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que si bien se ha garantizado la seguridad y los esquemas con carros blindados para cerca de 59 candidatos presidenciales, no hay suficientes vehículos para cubrir la alta demanda.“Se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante, pero también hay otra conclusión negativa: lo que más se pide para seguridad siempre son carros blindados y resulta que, de los cuatro grupos disgregados para hacer la licitación, solamente se presentaron en un grupo para vender o alquilar carros. Con lo cual empieza a ser deficiente la seguridad, pero no es por culpa del Gobierno que ha hecho toda clase de 'maromas' para obtener los recursos”, afirmó Benedetti.El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, señaló que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.“Hay una una avalancha de solicitudes y la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. Los vehículos convencionales, todos los cuatro grupos resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación. Los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos", señaló Rodríguez. Por su parte, el brigadier general, Andrés Serna, encargado del Plan Democracia, aseguró que si bien en el 96 % de los municipios no se presentan riesgos en el marco del proceso electoral, sí le pidió a los precandidatos anunciar previamente sus desplazamientos para que con Policía e inteligencia se determinen las acciones de seguridad y, se tomen las recomendaciones y medidas del caso.
Cerca de 50 congresistas le pidieron al Gobierno nacional retirar los GPS de los carros que hacen parte de sus esquemas de protección. La solicitud llegó a los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y argumentaban que estos fueron puestos sin autorización, violan la intimidad y ponen en riesgo su seguridad. También pidieron claridad sobre quién accede a la información de su ubicación, como se administra y si tiene cadena de custodia.Blu Radio conversó al respecto con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien revelo que no eliminarán estos dispositivos y negó que haya existido algún tipo de filtración con GPS que permitiera que el senador Miguel Uribe Turbay fuera objeto de seguimientos antes de su atentado. Pregunta: Los congresistas dicen que hay violación a la intimidad y riesgo en su seguridad por los GPS en los vehículos blindados, ¿Qué decir de esto?R: Los GPS son los dispositivos que permiten la localización de un vehículo en caso de emergencias. Vienen con los vehículos desde el momento en que son contratados por la UNP a las empresas que lo suministran, no se pone posterior a la asignación de las medidas. Hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar. Esa discusión incluso ha estado en CIDH, pero la Corte nunca ha dicho que sea indispensable retirar los GPS porque se entiende que hace parte de la seguridad de la persona. Si una persona desaparece con el esquema, pasadas unas horas se activa un proceso de búsqueda que incluye usar esta herramienta. No sobra ni es utilizada para la violación de la intimidad de los protegidos. Eso ha servido para la recuperación de muchos vehículos, la semana pasada nos robaron 4 en el Cauca. Algunas veces los logramos recuperar.Pregunta: ¿Quién accede a esta información sobre la ubicación y los desplazamientos de los protegidos?R: La información permanece dentro del GPS. No se consulta a menos que se demuestre que el vehículo fue utilizado en una acción ilegal y la Fiscalía lo pida. Ahí ellos pueden observar el historial que guarda. Esa información está en manos de la UNP, no de las empresas. Quedan muy pocas, las antiguas, que aún tienen control en eso. (…) tenemos la necesidad de que en algún momento las autoridades puedan usar esa herramienta o para buscar a la persona o para revisar si hay alguna acción ilegal contra el esquema o algunas personas que cometen irregularidades con los vehículos.Pregunta: ¿En el caso del senador Miguel Uribe hubo filtración de esa información del GPS de su vehículo?R: Nunca hubo ningún reporte, el esquema se manejaba en el ámbito del propio protegido. Estaba su jefe de seguridad de la policía y ninguna autoridad pidió verificación y no tuvo denuncias en Fiscalía para que ese sistema GPS pudiera ser observado.Pregunta: ¿Van a retirar los GPS de los vehículos que brindan protección?R: Para retirarlos habría que modificar las normas de protección y por el momento no se ha pensado en eso. Si las personas están utilizando sus vehículos para cosas lícitas, no tienen nada que temer. Nunca se pasan reportes, ninguna entidad o autoridad observa los GPS de los vehículos.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.