Imputarán a Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión, al considerar que no habría atendido de manera oportuna los llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La diligencia fue solicitada ante un juez de control de garantías y está relacionada con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado que terminó con la vida del líder político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a las advertencias existentes sobre los riesgos que enfrentaba el precandidato.Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, al tratarse de la entidad encargada de diseñar, asignar y supervisar los esquemas de seguridad de personas en situación de riesgo, entre ellas dirigentes políticos. Las circunstancias que rodearon el atentado llevaron a cuestionamientos sobre la suficiencia y el funcionamiento del dispositivo de protección asignado a Miguel Uribe Turbay.En los días posteriores al crimen, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a posibles fallas en la protección del entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó el mandatario, al advertir sobre alertas que, según dijo, ya se conocían antes del atentado.A estas preocupaciones se sumaron las explicaciones entregadas por las autoridades sobre la conformación del esquema de seguridad. Tras los hechos, se confirmó que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día del atentado, reconociendo oficialmente, una situación que también generó cuestionamientos sobre la planeación y cobertura del dispositivo de protección.Mientras avanza la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la seguridad del precandidato, la Fiscalía General de la Nación continúa desarrollando el proceso penal por el atentado. A siete meses del crimen, el ente acusador ha gestionado varios preacuerdos con presuntos responsables, en una estrategia orientada a esclarecer los hechos, reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.Dentro de ese proceso se logró la sanción del menor conocido como alias 'Tianz', quien disparó contra el senador, así como la captura de alias 'Chipi', señalado como una de las piezas fundamentales en la coordinación del plan criminal. Las investigaciones también han permitido avanzar en la identificación de otros involucrados y en la consolidación del material probatorio.