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El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.
El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.
La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.
Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.
Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.
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En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.
Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.
También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.
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Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
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