Universidades privadas alertan: impuesto emergencia económica afectaría 1.2 millones de estudiantes
El vicepresidente de ASCUN y rector de UNIMINUTO, Harold Castilla Devoz, señala que la tributación a instituciones privadas de educación superior podría afectar la inversión educativa.
Las instituciones privadas de educación superior manifestaron preocupación por la aplicación del Decreto 0173, que establece nuevas obligaciones tributarias para este sector en Colombia. La medida empezará a regir el 1 de abril y, según voceros académicos, podría tener efectos en la sostenibilidad financiera de las universidades y en el acceso de los estudiantes.
El padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y rector general de UNIMINUTO, indicó que la decisión de gravar a las instituciones privadas plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema mixto de educación superior en el país. Según explicó, estas instituciones operan como entidades sin ánimo de lucro, por lo que los excedentes se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, subsidios educativos y ampliación de cobertura.
Castilla Devoz afirmó que las universidades privadas han participado en la expansión de la educación superior en regiones donde la oferta pública es limitada. En ese contexto, señaló que la estabilidad de más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en instituciones privadas depende de estructuras financieras que, según dijo, funcionan con márgenes operativos ajustados.
Estudiantes de universidad.
Foto: Freepik.
De acuerdo con datos del sector, UNIMINUTO cuenta con más de 90.000 estudiantes y presencia académica en 52 municipios mediante programas presenciales y virtuales. La institución concentra una parte importante de su matrícula en estudiantes de ingresos bajos y medios.
El directivo también indicó que existe una diferencia entre ingresos y utilidades dentro del funcionamiento financiero de las instituciones educativas, y señaló que el impacto de las nuevas cargas tributarias podría trasladarse a diferentes aspectos de la operación académica.
Ante la entrada en vigencia del gravamen, representantes del sector educativo solicitaron la apertura de un espacio de diálogo con el Gobierno para revisar los efectos de la medida y analizar alternativas que permitan mantener la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, el vicepresidente de ASCUN señaló que el debate sobre la financiación de la educación superior debe considerar el papel que cumplen las instituciones en el acceso a la formación profesional en distintas regiones del país y su relación con las oportunidades educativas para estudiantes y familias.
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