Contraloría investiga presunto detrimento de $2.800 millones en operación del SITP
La determinación se tomó luego de analizar los contratos de concesión suscritos entre Transmilenio y las empresas Egobus y Coobus, en el marco del SITP.
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La Contraloría de Bogotá emitió apertura de juicio de responsabilidad fiscal, por el que tendrá que responder la actual Gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, a quien se le cuestiona un detrimento patrimonial que con corte al 31 de Octubre de 2016 asciende a $2.800 millones, debido a la posible afectación de los ingresos de la empresa Transmilenio S.A. por la no implementación del 100% del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
La decisión se tomó luego de una acción de control fiscal adelantada por la Dirección de Reacción Inmediata del Organismo de Control, en la que se analizaron, entre otros aspectos, los contratos de concesión suscritos entre Transmilenio y las empresas Egobus y Coobus, en el marco del SITP, y los informes sobre el estado actual de la implementación del Sistema.
Según la Contraloría, dentro del marco contractual de la concesión, suscrito por Egobus y Coobus, se habían contemplado herramientas que podrían ser utilizadas por Transmilenio S.A., en caso de enfrentarse con el incumplimiento de los operadores del SITP, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta por la Administración, que procedió a implementar el SITP provisional desde 2015, medida que se mantiene en la actualidad, pero que en nada aporta dentro de la ecuación del negocio propia de la Fase III.
Transmilenio, en su calidad de ente gestor del SITP, obtiene a título de participación los beneficios económicos derivados de la explotación económica del Sistema, bajo las condiciones previstas en los contratos, esto es, el 4% del recaudo producto de la operación.
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Así las cosas, Rojas deberá responder en su calidad de gerente del ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá - SITP, por las sumas económicas que la empresa obtiene a título de participación económica, derivada de la explotación del Sistema, bajo los términos, condiciones y con las limitaciones previstas los Contratos.
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Por lo cual, se cuantificó el presunto daño patrimonial en $2.809 millones que corresponden al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de la presente vigencia.