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que se encuentran recluidas en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, en especial la de Paloquemao, en Bogotá, la cual estuvo visitando este viernes.
Según Otálora, pese a que estos lugares tienen capacidad para 120 personas en la actualidad, hay 450 personas allí y a ellas, según su denuncia, se les están vulnerando los derechos fundamentales.
“Tomar una medida más de fondo, más estructural, como es la emergencia social que la puede decretar el presidente de la República”, precisó el funcionario sobre las decisiones que se podrían tomar frente a este problema.
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Sobre las denuncias de la Defensoría, el director del Inpec, Gustavo Ricaurte, aseguró que no se puede llevar a la penitenciaría a cualquier persona que no esté plenamente identificada, con medida de aseguramiento y con todos los requisitos de ley, puesto que ello implicaría un grave problema para él y la Institución.
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