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La Procuraduría tiene en la mira el contrato para evaluar el diseño subterráneo de la primera línea del metro de Bogotá, advirtiendo riesgos en la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI por el contrato que realizaron con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Vale la pena recordar que en ese contrato le piden a la Sociedad que analice, entre otros sistemas férreos, la primera línea del Metro de Bogotá y tres alternativas para su futuro: mantenerlo como está, hacer subterráneo un tramo en la Caracas o incluso cambiar el trazado en el borde oriental por el propuesto por la Alcaldía en la administración Petro.
La Procuraduría investiga dos posibles irregularidades. La primera una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales, pues "la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante”.
La segunda, si la entidad desconoció el Estatuto de Contratación Pública al escoger al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia, toda vez que el contrato se hizo de forma directa y tiene un valor de 8.375 millones de pesos.
El presidente Petro ya respondió y cuestionó la investigación de la Procuraduría: “La procuraduría no puede impedir que la nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales. Si en los procesos de diálogo con las regiones se habla de transformaciones del transporte público a sistemas eléctricos férreos en virtud de la crisis climática y si buscamos el mejor bienestar de la sociedad”.
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