Preocupante panorama en ejecución de proyectos del Gobierno en La Guajira

La Defensoría del Pueblo presentó un informe que da cuenta de los problemas en la ejecución de proyectos del Gobierno Nacional para mitigar los problemas en el departamento de La Guajira.

Se trata de hallazgos en por lo menos 249 proyectos que fueron presentados por la Presidencia de la República para resolver las carencias en medio de una crisis humanitaria en esa zona del país.
 
Hallazgos
 
Seguimiento a la situación en los municipios de Maicao, Maure, Uribia y Dibulla.

No se evidencia coherencia entre los objetivos planteados y el diseño e implementación de las intervenciones estatales, puesto que al examinar el reporte de las 249 soluciones de agua, se encuentran acciones en municipios de la Media y Baja Guajira sin precisar cuál es el beneficio para las comunidades. 

Los informes enviados por la Presidencia contemplan la inversión en 249 proyectos denominados soluciones de agua, de los cuales 16 están en proceso de ejecución y 233 terminados. 

Sin embargo, se evidencian obras inconclusas o que fueron entregadas e inauguradas, pero que por falta de mantenimiento o daño no se encuentran en servicio y no garantizan el derecho al agua. 

En Manaure, en la comunidad Jazaitka Guadalupe, ubicada en el corregimiento de Mosiche, se construyó un molino que duró 7 meses fuera de funcionamiento debido a fallas de mantenimiento que no habían sido reparadas. Pero, además, debido a las pésimas condiciones del terreno y a la ubicación de la ranchería, los carrotanques no pueden acceder a la comunidad, habitada por 45 familias. 

Allí mismo, en la comunidad Yawaka, donde la escuela atiende a 130 niños y niñas, a pocos kilómetros de Riohacha, el molino tampoco está en funcionamiento, pese a que la ora fue entregada en mayo de 2017. 

En Uribia, en la comunidad Juyasiraya, donde habitan 180 personas, la Unidad de Gestión del Riesgo construyó un aerodesalinizador que fue retirado después de su instalación por motivos de mantenimiento y no regresó.

Otro hallazgo está relacionado con la carencia de procesos de asistencia técnica o capacitación a los líderes, por lo que el desconocimiento de las comunidades frente al manejo de proyectos integrales ocasiona fracasos y no garantiza la sostenibilidad de los mismos, lo cual fue constatado en la ranchería Yoojoroy del sector Aremasay en Manaure, donde habitan 30 familias y pese a haber recibido soluciones de potabilización, no han recibido asistencia ni capacitación.  

La Defensoría pudo constatar que los niños y niñas se bañan y toman agua de color verdoso recogida en tanques, los cuales no cuentan con las tapas de protección y quedan a la intemperie expuestos a la contaminación. 

Otro hallazgo tiene que ver con obras ejecutadas para garantizar el derecho al agua potable y que fueron construidas sin tener en cuenta las condiciones geográficas y territoriales, así como los cambios climáticos de la región, y que por lo mismo a pesar de estar terminadas no presan ningún servicio., como se observó en la ranchería Monte Harmon de Riohacha. También hay obras descompuestas por el uso, donde la comunidad afirma haber reportado de manera oportuna, sin que haya respuesta de las entidades. 

Preocupa a la Defensoría del Pueblo que las inversiones que se están realizando en el marco de la garantía al agua no cumplen con los objetivos propuestos, pues las obras no están en funcionamiento y ninguna institución hace el seguimiento correspondiente, vulnerando los derechos de las comunidades. También se evidenciaron comunidades que no han sido atendidas y que se encuentran cerca de los perímetros urbanos, pero que más grave aún, que han sido referenciadas por la Defensoría del Pueblo y la CIDH, como la comunidad El Ciruelo, donde 33 familias con 58 niños, 11 mujeres lactantes y 9 gestantes no tienen agua potable. 

A la comunidad de Regermana, donde habitan 60 personas, incluidos 10 niños menores de 5 años, no han llegado programas del Gobierno Nacional ni departamental, ni siquiera brigadas de salud. 

Niños y niñas de la etnia Wayúu que durante años vivieron en Venezuela, regresaron por la escasez de alimentos, pero aunque llegan entre dos y tres familias cada semana y se asientan de nuevo en el territorio colombiano, no tienen asistencia en salud y también padecen dificultades de abastecimiento. Pasa en Maicao, donde hay dos comunidades con 49 familias, incluidos 30 menores de 5 años. 

Se pudo constatar que las comunidades abordadas, en su mayoría no conocen la línea de atención para combatir la desnutrición, hay desarticulación institucional en la ejecución de los proyectos, y aunque las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) han sido aceptadas como una estrategia conciliada, los niños no son llevados a los programas, a pesar de estar a pocos metros de la sede, siendo escasa la cobertura. 
Para la Defensoría del Pueblo es inaceptable los constatado en la comunidad de Los Ciruelos, a 45 metros del perímetro urbano de Riohacha, donde los niños y niñas siguen siendo vulnerados en su derecho a la educación, la alimentación, la salud y la vida. 

Extraña a la Defensoría del Pueblo que las Unidades Móviles del ICBF no hayan accedido a comunidades como El Ciruelo y Malawuanka, a 30 metros del perímetro urbano de Riohacha.
 
 
Escuche aquí las respuestas de Carlos Iván Márquez,  director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de  Indira Quiceno, subdirectora del ICBF: